15 de julio de 2008

ESPECIAL 24 DE MARZO (Segunda parte)

AVANCES EN LAS CAUSAS POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS COMETIDAS DURANTE LA DICTADURA MILITAR EN JUJUY


San Salvador de Jujuy, 22 de marzo de 2008 (Agenda Pública). El esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura militar en la Provincia de Jujuy y la condena de los responsables, es aún una tarea pendiente. Sin embargo, a 32 años del inicio de la dictadura es oportuno señalar los avances producidos, merced a la sistemática labor de los organismos de derechos humanos como Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, HIJOS y ex presos, que no cesaron en su reclamo de justicia.
Si bien desde las primeras desapariciones forzadas registradas en Jujuy, los familiares comenzaron a exigir justicia, las leyes de obediencia debida y punto final y posteriormente los indultos asestaron un duro golpe contra los intentos por promover el juicio y castigo a los responsables de las violaciones a los derechos humanos.


En Jujuy fue con motivo de los 25 años del Golpe, el 24 de marzo 2001, que se produzco un hecho decisivo en la justicia: la presentación donde se solicitó el in icio del Juicio por la Verdad que si bien –ante la vigencia de las leyes de la impunidad- no podía producir condenas, fue una instancia que buscó hacer efectivo el derecho al cuerpo y al duelo de los familiares y el derecho de toda la sociedad a conocer la verdad de lo sucedido durante la dictadura en Jujuy. (Ver nota más abajo).
Los juicios penales, es decir con posibilidad de condenar y encarcelar a los represores, se reactivaron después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2005, declarara la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final.
En la provincia de Jujuy, el 23 de marzo de 2006 el CODESEDH, un organismo nacional, inició una serie de querellas por desapariciones forzadas, entre ellas la del Dr. Luis Aredez, ex Intendente de Libertador General San Martín. Ese mismo año, el 14 de agosto se presentaron las querellas por las desapariciones de Dominga Alvarez de Scurta, Osvaldo Giribaldi, Eulogio Villada y Julio Rolando Alvarez García. En diciembre de 2006 se iniciaron las causas por las desapariciones de Elías Juan Toconás, Cresente y Paulino Galián, Vicente Cosentini, Juan Angel Robles y Domingo Reales.
Posteriormente, el 24 marzo de 2007 se presentó la querella por las desapariciones forzadas de Domingo Horacio y Miguel Angel Garnica.
Cabe indicar que en octubre de 2003, el Fiscal Federal, Dr. Domingo Batule, solicitó la inconstitucionalidad de las leyes del perdón y la instrucción penal de todos los expedientes judiciales radicados con motivo de desapariciones forzadas en Jujuy. La solicitud del Fiscal fue elevada a la Cámara Federal de Salta, que resolvió finalmente la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Un antecedente que abonaría el largo camino que terminó con el histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2005.
Con el fallo de la Cámara de Salta se ordenó el inicio de las causas por todas las desapariciones forzadas ocurridas en Jujuy. No obstante, los familiares de las personas antes mencionadas, se presentaron como querellantes para impulsar los juicios.
Estas causas se encuentran radicadas en Juzgado Federal Nro 2, a cargo del Dr. Carlos Olivera Pastor. Vale destacar que hace poco más de un año en ese Juzgado se habilitó una Secretaría ad hoc para entender en las violaciones a derechos humanos, designándose a tal efecto al Dr. Federico Zurueta.
Los abogados de los familiares de detenidos desaparecidos son los Dres. Pablo Pelazzo, Néstor Ariel Ruarte y Paula Carolina Alvarez Carreta.

ESTADO DE LAS CAUSAS

Hasta el momento, el Juzgado Federal Nro 2 ordenó tres indagatorias. La primera de ellas fue a Donato Arenas, quien se desempeñara como Jefe de Policía de la Provincia de Jujuy durante el período analizado. Posteriormente, en septiembre de 2007 se concretó la indagatoria a Luciano Benjamín Menéndez, Jefe del Tercer Cuerpo de Ejército. En esa oportunidad debía declarar también Domingo Antonio Bussi quien se excuso por razones de salud, además su defensa solicitó que la indagatoria se concrete en Córdoba, hecho que no se ha producido hasta el momento.
Tanto Arenas como Menéndez gozan actualmente del beneficio de prisión domiciliaria, por las causa madre de Jujuy que es la de Dominga Alvarez de Scurta.
Los organismos de derechos humanos observaron la lentitud de los procesos, ya que entienden que con las pruebas existentes en los casos Alvarez de Scurta y Alvarez García, existen motivos fundados para convocar a nuevas indagatorias.
Después de la indagatoria a Luciano Benjamín Menéndez que generó una importante movilización de organizaciones sociales y que derivó en algunos incidentes, el Juzgado Federal Nro 2 paralizó las indagatorias.
En efecto, el Juzgado solicitó a la Cámara Federal de Salta un instructivo para que se determine como continuar con las indagatorias en un marco de seguridad que evite nuevos incidentes como los registrados a propósito de la indagatoria a Menéndez. Esta cuestión pasó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se encuentra para su resolución. Los abogados de las organizaciones señalaron que toda esta situación no ha sido notificada formalmente por el Juzgado.
Los organismos entienden que la decisión de continuar con las indagatorias debe ser una decisión política del Juzgado que ya cuenta con los elementos necesarios para permitir el avance de las causas. Una interpretación de los organismos de DD.HH. de esta parálisis de las causas, radica en que cerca del 90 % de la personas que podrían ser convocadas a indagatorias tienen menos de la edad prevista en el Código Penal, para acceder al beneficio de la prisión domiciliaria.
Además indicaron que tienen conocimiento que el Fiscal ha solicitado la detención de por lo menos 10 personas más, pero aún el Juzgado no ha resuelto esta cuestión.
Es oportuno resaltar que tanto la prisión domiciliaria concedida a Donato Arenas y a Luciano Benjamín Menéndez fueron apeladas por los abogados de los querellantes de Jujuy, pero aún no se ha expedido al respecto la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.
La Unidad Fiscal Nacional especialidad en violaciones a los derechos humanos, a cargo del Dr. Jorge Auad, remitió recientemente un instructivo a la Fiscalía del Juzgado Federal de Jujuy para que se eleven a juicio oral las causas, y al mismo tiempo solicitó que se defina un criterio para unificar las causas, a los efectos de acelerar la administración de justicia.

Por contactos o entrevistas dirigirse a:
Dr. Pablo Pelazzo (abogado de la causa Garnica- Integrante del Equipo Jurídico del Juicio por la Verdad y de las querellas penales contra los represores)
Tel 0388 4264477 o 0388 154075993
Dra. Paula Alvarez Carreta (causa Scurta - abogada de las querellas penales)
Tel. 0388 154720853
Dr. Néstor Ariel Ruarte (abogado de las querellas penales)
Tel. 0388 154076150


EL JUICIO POR LA VERDAD

La verdad sobre las flagrantes violaciones a los derechos humanos cometidas en Jujuy durante la dictadura militar, fue reclamada el 22 de marzo de 2001por los/as familiares de detenidos/as de Jujuy quienes junto a diversos organismos de derechos humanos, entre ellos Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy y Ledesma, HIJOS, Memoria Permanente y la Comisión de Derechos Humanos de la UNJu, se presentaron ante el Tribunal Oral Federal con asiento en San Salvador de Jujuy para reclamar esta verdad que había sido silenciada por las leyes de obediencia debida y punto final que evitaron el juzgamiento de la mayoría de los responsables de los secuestros, torturas y desapariciones.
A 25 años del golpe inaugurado por la Junta Militar presidida por Jorge Rafael Videla, los/as familiares y los organismos de derechos humanos, presentaron la demanda para que en Jujuy se iniciaran los Juicio por la Verdad, demanda que incorporó una Declaración de Apoyo a los Juicios firmada por cerca de un centenar de instituciones y ciudadanos/as.
Dicha Declaración afirmaba que “es obligación del Estado, a través del Poder Judicial, arbitrar todas las medidas para hacer efectivo el derecho a la verdad que implica conocer lo ocurrido con los/as detenidos/as desaparecidos/as y el destino final de sus cuerpos y agregaba que “es un deber moral, cívico y ético ayudar al esclarecimiento de la verdad, porque a través de ella podemos conocer nuestra historia y consolidar la identidad colectiva”.
Esa declaración que contiene importantes considerandos donde se precisan los avances jurídicos producidos en el campo de los derechos humanos, fue rubricada por la Diócesis de Jujuy, la Prelatura de Humahuaca, Consejo Superior de la Universidad Nacional de Jujuy ; el Decanato de la Facultad de Humanidades, Comisión de Derechos Humanos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Colegio de Ingenieros, Colegio de Arquitectos, Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJU), Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Jujuy (APUNJU), Asociación de Educadores Provinciales (ADEP), Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS), SEOM, ATE/CTA, Asociación de Mujeres Periodistas, Fatpren Jujuy, APUAP, ONG Juanita Moro, Fundación S XXI, Fundación Dar. Lo.Cab, entre otras instituciones y por centenares de personas que en forma individual adhirieron a la búsqueda de la verdad.
Posteriormente el Consejo Deliberante de San Salvador de Jujuy se sumó al apoyo a los juicios y uin proyecto legislativo fue presentado en la Legislatura con el objeto de lograr el pronunciamiento del cuerpo sobre este tema.

¿QUE SON LOS JUICIOS POR LA VERDAD ?

Los juicios por la verdad tienen dos objetivos: morigerar el sentimiento de los/as familiares de losa/s desaparecidos/as, cuyo estado de incertidumbre equivale a la tortura por ser un tormento permanente y continuado,y reconocer el derecho a la información que tiene la sociedad de saber qué sucedió en su provincia, en su país. Los ciudadanos tienen que saber por qué hubo terrorismo de Estado y por qué se tomó como “blanco” a la población, para que como sujeto colectivo social pueda elaborar los anticuerpos que eviten su repetición, fundamento de una democracia verdadera.

LA DEMANDA

La demanda para que se iniciaran en Jujuy los juicios por la verdad fue presentada con el patrocinio letrado de los Dres. Pablo Baca, Miguel Fiad y las Dras. Liliana Estrada y Alicia Chalabe. Allí se solicitó al Tribunal Oral Federal, integrado por los Dres. Mario Masaccessi, Rodolfo Echazú y René Casas que realizara las investigaciones conducentes para la averiguación de la verdad real sobre los hechos ocurridos durante la dictadura.
La presentación se concretó en el Tribunal Oral ya que éste ejerce en el ámbito de la Provincia de Jujuy la competencia que corresponde a las Cámaras Nacionales en lo Criminal y Correccional Federal.
Siendo así, resultaba competente para entender en la causa, en virtud del compromiso firmado por el Estado Nacional con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el día 19 de noviembre de 1999 en la ciudad de Buenos Aires, por el que el Estado Argentino se comprometió a garantizar el derecho a la verdad de los familiares de detenidos desaparecidos.
La demanda buscaba conocer las circunstancias de las desapariciones de: Julio Rolando Alvarez García; Paulino Prudencio Galián; Cresente Galián, Jaime Rafael Lara Torres; Jorge Ernesto Turk; Armando Tilca Barreix; Carlos Eulogio Villada; Dominga Sarmiento Alvarez de Scurta; Esteban Alcoba; Juan Angel Robles; Luis Ramón Aredez; Guillermo Genaro Diaz; Carlos Alberto Diaz y Juan Carlos Arroyo;
Finalmente, después de que el Tribunal Oral Federal se declarara incompetente, la Cámara Federal de Apelaciones con asiento en Salta, resolvió que el Juicio por la Verdad debía tramitarse en Jujuy en el Juzgado Federal Nro 1, a cargo del Dr. Mariano Wenceslao Cardozo y se resolvió también que el juicio se desarrollara con la modalidad de audiencias públicas.
Las audiencias se iniciaron con el testimonio del Dr. Andrés Hidalgo, tras lo cual se sucedieron una serie de testimoniales de familiares de detenidos desaparecidos, así como de miembros de las fuerzas de seguridad de la provincia y de la Penitenciaría de Gorriti.
El Juicio por la Verdad durante el año 2007 no registró avances, tal vez infieren los organismos, por la justicia resolvió privilegiar los juicios penales que permitirán la condena a los responsables de los delitos de lesa humanidad. No obstante abogan para que se reactive este Juicio, porque su modalidad de audiencia pública, permite presenciar los testimonios a toda la sociedad y es una herramienta para fortalecer la memoria.


Por entrevistas o contactos:
Miembros del primer equipo jurídico del Juicio por la Verdad
Dr. Pablo Baca: 0388 4228810 o 154045810
Dra. Alicia Chalabe 0388 154148448



A 32 AÑOS DEL GOLPE DEL ‘76 ADHESION DE APYME

San Salvador de Jujuy, 22 de marzo de 2008 (Agenda Pública). A 32 años del golpe militar del ’76, que cobró las vidas de 30.000 desaparecidos, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios –Filial Jujuy- dio a conocer un documento donde reafirma su compromiso en la lucha por la verdad, la memoria y la justicia, y sostiene su accionar para revertir los efectos económicos, sociales y culturales de ese período que aún subsisten.
“Con el terrorismo de Estado, se establecieron las condiciones para el desarrollo del modelo neoliberal, con Martínez de Hoz como figura ejecutora, que llevó a la destrucción de gran parte de la industria nacional y con ella de miles de pequeños y medianos empresarios de la ciudad y el campo”, resaltó la en tidad.
Tras el auge neoliberal de los ’90 y la crisis de 2001, “ese modelo se ha venido revirtiendo. Es necesario continuar profundizando el cambio, evitar el proceso de concentración y extranjerización de la economía y garantizar una mejor distribución del ingreso”.
Consideró Apyme Jujuy que “desde el gobierno se dispusieron medidas significativas que fueron reclamadas por las organizaciones sociales y de derechos humanos en su histórica lucha. Los remanentes de los grupos de tareas y sus sucesores continúan intimando y se perpetró la desaparición del testigo Jorge Julio López”.
Confluyendo en lo esencial con las posiciones de organismos y amplios sectores sociales, culturales y políticos que se movilizarán reclamando por la vigencia de los derechos humanos y juicio y castigo a los culpables, APYME convocó a los pequeños y medianos industriales, comerciantes, productores, prestatarios de servicios y cuentapropistas, a participar en las actividades y marchas por la verdad, la memoria y la justicia.

Por contactos y entrevistas:
Hugo Condorí (APYME Jujuy) 0388 4243803 o 154088037