San Salvador de Jujuy, 19 de febrero de 2008 (Agenda Pública) Dirigentes de la Agrupación de Ex Presos Políticos de Jujuy (AJEP) mantuvieron ayer (martes) en la Legislatura un encuentro con el diputado Pablo Baca (UCR) donde dieron a conocer múltiples situaciones que afectan a quienes estuvieron detenidos durante la última dictadura militar. Los dirigentes se entrevistaron con el legislador quien fuera miembro del equipo jurídico del Juicio por la Verdad que se sigue para conocer lo sucedido durante el terrorismo de estado en Jujuy. Baca además fue el impulsor de leyes de derechos humanos, entre ellas la Ley 5504 que establece el 24 de marzo como Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
La Agrupación de Ex presos estuvo representada en la oportunidad por Hugo Condorí, Juan Felipe Noguera, Horacio Vale, Raúl Bartoletti, Mario Condorí, Rubén Cari y Oscar Alfaro. Los integrantes de la entidad padecieron persecución política, detenciones y violaciones sistemáticas a sus derechos humanos durante la dictadura militar.
Los ex presos manifestaron que debe darse cumplimiento efectivo a la Ley 5504 que establece el 24 de marzo como Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia y donde se señala que los tres poderes del estado provincial deben realizar actos públicos, con la participación de los organismos de derechos humanos. También señalaron que el estado debe cumplir con la Ley 5516 –impulsada por Pablo Baca y Miguel Tito- que instituye el 20 de julio como Día Provincial de los Derechos Humanos, en memoria de los apagones de Ledesma. Esta última norma establece que esa fecha debe incorporarse al calendario escolar.
Por otra parte, se interesaron también en el cumplimiento de la Declaración 20/07 “Sitios de la memoria”, de la cual el diputado Baca es autor. A través de esta Declaración la Legislatura de Jujuy instó al Poder Ejecutivo a colocar placas identificatorias en los edificios públicos que funcionaron como centros clandestinos de detención. Dicha Declaración señala que el estado debe convocar a los organismos de derechos humanos al efecto de la redacción de la inscripción que llevarán dichas placas, situación que aún no se ha concretado.
En diálogo con Baca, los ex presos políticos requirieron la implementación de mecanismos para atender las secuelas fìsicas y psicológicas del terrorismo de estado. Plantearon además la necesidad de que el tiempo de detención sufrido durante la dictadura se considere a los efectos laborales. El diputado Baca se comprometió, en ese marco, a formular proyectos que recuperen esas demandas y celebró la iniciativa de los ex presos quienes decidieron institucionalizar su espacio desde donde desarrollarán acciones para mitigar el impacto del terrorismo en las víctimas y trabajarán en acciones educativas para contribuir a la construcción de la memoria y la búsqueda de verdad y justicia.
La Agrupación de ex Presos Políticos que cuenta con las Presidencias honorarias del Dr. Andrés Hidalgo y Olga Demitrópulos, observó durante el encuentro la mora del estado provincial en cumplir las leyes y declaración citadas y señaló la necesidad de poner término a esa situación, sobre todo atendiendo que las políticas de memoria han adquirido hoy un amplio consenso social.
Por último, durante el encuentro el Dr. Baca puso en conocimiento de los ex presos el proyecto de ley presentado el año pasado –con pedido de reserva para su tratamiento ese año- que promueve la creación de una Comisión Provincial por la Memoria, como órgano autónomo y autárquico que trabaje en la formulación de políticas públicas de memoria para el fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos y el sistema democrático.
Destacó el Dr. Baca que dicho proyecto, como los que ya fueron aprobados, prevén la participación de los ex presos por razones políticas, sociales y gremiales, quienes juntos con familiares de detenidos desaparecidos constituyeron el sector más afectado por la dictadura.
Los ex presos anticiparon su respaldo al proyecto mencionado y anticiparon que se entrevistarán la semana próxima con el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde. Asimismo indicaron que esperan que la Cámara Alta del Congreso apruebe un proyecto con media sanción en Diputados, que instituye una pensión para los ex presos políticos y abogaron para que el lugar donde funcionó el Comando Radioeléctrico –Central de policía- sea recuperado por los organismos de derechos humanos para el funcionamiento de espacios como la Comisión por la Memoria.
La Agrupación de Ex presos estuvo representada en la oportunidad por Hugo Condorí, Juan Felipe Noguera, Horacio Vale, Raúl Bartoletti, Mario Condorí, Rubén Cari y Oscar Alfaro. Los integrantes de la entidad padecieron persecución política, detenciones y violaciones sistemáticas a sus derechos humanos durante la dictadura militar.
Los ex presos manifestaron que debe darse cumplimiento efectivo a la Ley 5504 que establece el 24 de marzo como Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia y donde se señala que los tres poderes del estado provincial deben realizar actos públicos, con la participación de los organismos de derechos humanos. También señalaron que el estado debe cumplir con la Ley 5516 –impulsada por Pablo Baca y Miguel Tito- que instituye el 20 de julio como Día Provincial de los Derechos Humanos, en memoria de los apagones de Ledesma. Esta última norma establece que esa fecha debe incorporarse al calendario escolar.
Por otra parte, se interesaron también en el cumplimiento de la Declaración 20/07 “Sitios de la memoria”, de la cual el diputado Baca es autor. A través de esta Declaración la Legislatura de Jujuy instó al Poder Ejecutivo a colocar placas identificatorias en los edificios públicos que funcionaron como centros clandestinos de detención. Dicha Declaración señala que el estado debe convocar a los organismos de derechos humanos al efecto de la redacción de la inscripción que llevarán dichas placas, situación que aún no se ha concretado.
En diálogo con Baca, los ex presos políticos requirieron la implementación de mecanismos para atender las secuelas fìsicas y psicológicas del terrorismo de estado. Plantearon además la necesidad de que el tiempo de detención sufrido durante la dictadura se considere a los efectos laborales. El diputado Baca se comprometió, en ese marco, a formular proyectos que recuperen esas demandas y celebró la iniciativa de los ex presos quienes decidieron institucionalizar su espacio desde donde desarrollarán acciones para mitigar el impacto del terrorismo en las víctimas y trabajarán en acciones educativas para contribuir a la construcción de la memoria y la búsqueda de verdad y justicia.
La Agrupación de ex Presos Políticos que cuenta con las Presidencias honorarias del Dr. Andrés Hidalgo y Olga Demitrópulos, observó durante el encuentro la mora del estado provincial en cumplir las leyes y declaración citadas y señaló la necesidad de poner término a esa situación, sobre todo atendiendo que las políticas de memoria han adquirido hoy un amplio consenso social.
Por último, durante el encuentro el Dr. Baca puso en conocimiento de los ex presos el proyecto de ley presentado el año pasado –con pedido de reserva para su tratamiento ese año- que promueve la creación de una Comisión Provincial por la Memoria, como órgano autónomo y autárquico que trabaje en la formulación de políticas públicas de memoria para el fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos y el sistema democrático.
Destacó el Dr. Baca que dicho proyecto, como los que ya fueron aprobados, prevén la participación de los ex presos por razones políticas, sociales y gremiales, quienes juntos con familiares de detenidos desaparecidos constituyeron el sector más afectado por la dictadura.
Los ex presos anticiparon su respaldo al proyecto mencionado y anticiparon que se entrevistarán la semana próxima con el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde. Asimismo indicaron que esperan que la Cámara Alta del Congreso apruebe un proyecto con media sanción en Diputados, que instituye una pensión para los ex presos políticos y abogaron para que el lugar donde funcionó el Comando Radioeléctrico –Central de policía- sea recuperado por los organismos de derechos humanos para el funcionamiento de espacios como la Comisión por la Memoria.
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