LA IMPORTANCIA DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA DESIGNACION DE LOS JUECES

San Salvador de Jujuy, 19 de agosto de 2008 (Agenda Pública). La organización ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales) emitió un documento titulado “Respeto a la democracia participativa”, a propósito del proceso de designación de cargos vacantes en la justicia, que se está dirimiendo en la Legislatura Provincial. ANDHES resaltó la importancia de la participación de la sociedad civil en este proceso y la necesidad de generar mecanismos que introduzcan transparencia en la selección de funcionarios judiciales, en consonancia con los mecanismos que se han introducido a nivel nacional.

Cabe recordar que en la sesión del jueves pasado ingresaron los pliegos de postulantes a ocupar los cargos vacantes en el Poder Judicial de la Provincia. Dichos pliegos fueron girados a la Comisión de Asuntos Institucionales que este martes inició la deliberación.
“Cuando la Provincia de Jujuy actúa a contramano de los supuestos lineamientos nacionales en perjuicio grave a la democracia participativa, la gestión de estado federal que comparte un objetivo común como política nacional parece desvanecerse” comenzaron señalando los integrantes de ANDHES.
Esta apreciación fue realizada por la institución al conocer las declaraciones públicas efectuadas por el Diputado Hugo Eleit, Presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales, quien al manifestarse respecto de las notas presentadas por organizaciones sociales efectuando objeciones hacia algunas postulaciones señaló: “mi obligación es analizar los antecedentes profesionales de los nominados, en consecuencia, no leo ni escucho absolutamente nada en cuanto a la calidad que de ellos se refiere”.
ANDHES consideró que “tal postura, no sólo empaña la participación de la sociedad civil en asuntos que le son de absoluta injerencia, sino que también, van en contra de los últimos acontecimientos y del trabajo legislativo nacional, como fue la participación activa y trascendente de todos los sectores sociales a la hora de juzgar la oportunidad o validez de la Resolución 125”.
En otro sentido, también lo decidido por el diputado Eleit, “demuestra estar en contra de lo normado por el decreto nacional 222/03; Decreto 588/03; “Convenio Interamericano en contra de la Corrupción” al que nuestro país suscribió y adhirió; lo que apareja clara responsabilidad internacional por incumplimiento de pactos suscriptos voluntariamente por el estado Nacional”.
Resaltó la organización que “los mecanismos de selección deben guardar estrecha relación con la democracia y transparencia de los poderes judiciales. Para ello, es necesaria la amplia publicidad del proceso en todas sus etapas y la fundamentación de las decisiones que toman los órganos seleccionadores, que siguiendo los principios democráticos, deben estar debidamente fundadas y ser una resultante razonada de todos los antecedentes obrantes”.
“Si tenemos en cuenta que la Provincia de Jujuy, no tiene Consejo de la Magistratura, sumado a que los acuerdos no son nominales, por decisión del propio cuerpo legislativo, este sería el momento de escuchar a la sociedad y otorgar la posibilidad de impugnar o adherir a las designaciones de magistrados, para de este modo limitar la discrecionalidad y arbitrariedad en la toma de decisiones, permitiendo a la comunidad toda acceder a la información sobre el modo de formación de la voluntad de los órganos encargados de la designación, además de fortalecer el ejercicio de la democracia” resaltó ANDHES.
La organización observó que “puede deducirse de esta infundada postura del legislativo respecto de las notas presentadas, que el modo de participar para lograr la lectura y escucha de opiniones de la sociedad civil en los procesos de toma de decisión, no es la presentación escrita. Los últimos episodios ocurridos en el Poder Legislativo Provincial, que culminaron con la materialización en ley de opiniones vertidas por la sociedad civil organizada, no se hicieron por notas”.
“En conclusión, surge de los hechos ocurridos que el Poder Legislativo si escucha a la sociedad civil, pero dependiendo del método que ésta utilice para hacerse escuchar. Esta política generadora de violencia institucional por parte del Estado, resulta entonces ser consecuencia directa de las posturas anacrónicas e infundadas que los representantes del poder implementan y fortalecen con su actuar, resistiendo a la creación de instancias de participación de la ciudadanía, generando responsabilidad internacional del Estado por apartarse de tratados y pactos internacionales incluso con raigambre constitucional” concluyó expresando ANDHES en su documento.