San Salvador de Jujuy, 17 de agosto de 2008 (Agenda Pública) Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy rubricó un documento junto a otras organizaciones de derechos humanos del NOA, donde insisten con la necesidad de unificar y agilizar las causas penales para terminar con la impunidad y reiteran el pedido de cárcel común para los procesados. El documento mencionado fue dado a conocer recientemente en la ciudad de Catamarca, en el marco del acto realizado a 34 años de la masacre de Capilla del Rosario.
En el documento, las organizaciones acuerdan en impulsar una Jornada nacional, el 10 de septiembre próximo, en la que realizarán presentaciones simultáneas en los Juzgados Federales de todas las provincias para que las detenciones de los acusados y condenados por violaciones a los derechos humanos se desarrollen en cárceles comunes. En el caso de Jujuy, Madres y Familiares objetó la medida adoptada por la justicia federal que le permitió al represor Mariano Rafael Braga cumplir su detención en dependencias de una unidad militar de Jujuy. Los familiares querellantes efectuaron una presentación exigiendo que se lo traslade a un establecimiento penitenciario común, pero aún el Juzgado no ha resuelto dicha petición.
Cabe recordar que la Ministra de Defensa de la Nación, Nilda Garré, solicitó a principios de este mes a los jueces federales que mantienen detenidos en unidades castrenses a militares por su procesamiento en causas de violación a los derechos humanos, su demanda para que procedan a trasladarlos a las prisiones comunes fijadas por la ley. Garré volvió a realizar el pedido efectuado en mayo de 2006 cuando fundamentó el mismo en: la igualdad ante la ley de civiles y militares, la función militar y no carcelaria de los cuarteles y el mal ejemplo que esa presencia causa en efectivos ajenos a los delitos investigados.
EL DOCUMENTO
El documento mencionado lleva la firma de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, HIJOS Jujuy y la Cátedra Libre de DD.HH de la UNJu, así como HIJOS Salta y Tucumán, Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Santiago del Estero; Ex Detenidos Políticos y Familiares de Desaparecidos de Santiago del Estero; APDH Santiago del Estero, Cátedra Libre de Derechos Humanos Universidad Nacional de Santiago del Estero, Derechos Humanos y Sociales del MOCASE-Vía Campesina; Asociación Civil Familiares de Desaparecidos de Tucumán, APDH Tucumán, Madres Tucumán, Asociación Ex Presos Políticos de Tucumán; Comisión de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y Gremiales de Salta; Red por la Defensa de los Derechos Humanos de Salta; Comisiones de Derechos Humanos de Metán, Orán, Cafayate, Tartagal; Asociación por los Derechos Humanos "Lucrecia Barquet", Movimiento Defensa Indígena de Oran; Derechos Humanos del MOCEP; Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Salta; Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Catamarca, Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Catamarca y Grupos de Apoyo a los Juicios en Catamarca.
“Los autores materiales e intelectuales de los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, apropiación de bienes, condiciones ilegales de detención y robo de bebés en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca, siguen gozando de impunidad, a cinco años de la anulación las leyes de Punto Final y Obediencia Debida”, señalan los organismos.
Ponen de relieve la larga lucha que llevaron adelante los organismos de derechos humanos en estos últimos 32 años, la que no ha logrado aún que concluya la impunidad con la que han sido beneficiados los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometido en el país durante el gobierno militar.
Mecionan también los organismos el caso de la Masacre de Capilla del Rosario, perpetrada el 11 y 12 de agosto de 1974 en Catamarca, que sigue impune. Esta causa se reinició en diciembre de 2004, a instancia de familiares y de organismos de derechos humanos regionales, a través de los abogados Guillermo Díaz Martínez, y de Martín Fresneda y Claudio Orosz, ambos de H.I.J.O.S de Córdoba.
“La construcción de la memoria es una tarea colectiva y social; garantizar la Justicia es responsabilidad de los poderes del Estado. Por esa razón señalamos lo que sucede con el Defensor Oficial Oscar Del Campo que ha garantizado una emboscada legal para cristalizar la morosidad, al postergar el juicio a los acusados de haber participado en ese episodio de represión hace 34 años”, dicen las organizaciones en el documento.
“En cuanto a las causas judiciales por los delitos de lesa humanidad, en Tucumán, más de medio millar de represores están en la lista de espera. Jujuy no le va en zaga y los escasos represores imputados como Carlos Néstor Bulacio y Donato Arenas disfrutan del arresto domiciliario, mientras Rafael Mariano Braga está con arresto en el cuartel RIM 5”.
“En Salta, el espejo de la impunidad es el militar retirado Hugo Espeche, uno de los imputados por el fusilamiento de 12 presos políticos el 6 de julio de 1976 en Palomitas, un episodio que fue fraguado como un enfrentamiento. A los 58 años, a Espeche se le otorgó arresto domiciliario no en esa provincia, sino en Chubut donde montó una empresa de seguridad”.
“Santiago del Estero es otra muestra irrefutable de la pasividad o, diríamos mejor, de la complicidad judicial En estas provincias no hay un solo condenado y la elevación a juicio oral es una utopía”.
En este contexto, los organismos que rubrican el documento exigen “la aceleración de los juicios por megacausas porque, de lo contrario, el punto final biológico será una realidad. Proponemos además, entre otras acciones, que se concrete el 10 de septiembre una Jornada Nacional de presentaciones en todos los juzgados federales exigiendo cárcel común para los procesados y los condenados. Es que la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia se libra tanto en el territorio del lenguaje como en el de los hechos”.
En el documento, las organizaciones acuerdan en impulsar una Jornada nacional, el 10 de septiembre próximo, en la que realizarán presentaciones simultáneas en los Juzgados Federales de todas las provincias para que las detenciones de los acusados y condenados por violaciones a los derechos humanos se desarrollen en cárceles comunes. En el caso de Jujuy, Madres y Familiares objetó la medida adoptada por la justicia federal que le permitió al represor Mariano Rafael Braga cumplir su detención en dependencias de una unidad militar de Jujuy. Los familiares querellantes efectuaron una presentación exigiendo que se lo traslade a un establecimiento penitenciario común, pero aún el Juzgado no ha resuelto dicha petición.
Cabe recordar que la Ministra de Defensa de la Nación, Nilda Garré, solicitó a principios de este mes a los jueces federales que mantienen detenidos en unidades castrenses a militares por su procesamiento en causas de violación a los derechos humanos, su demanda para que procedan a trasladarlos a las prisiones comunes fijadas por la ley. Garré volvió a realizar el pedido efectuado en mayo de 2006 cuando fundamentó el mismo en: la igualdad ante la ley de civiles y militares, la función militar y no carcelaria de los cuarteles y el mal ejemplo que esa presencia causa en efectivos ajenos a los delitos investigados.
EL DOCUMENTO
El documento mencionado lleva la firma de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, HIJOS Jujuy y la Cátedra Libre de DD.HH de la UNJu, así como HIJOS Salta y Tucumán, Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Santiago del Estero; Ex Detenidos Políticos y Familiares de Desaparecidos de Santiago del Estero; APDH Santiago del Estero, Cátedra Libre de Derechos Humanos Universidad Nacional de Santiago del Estero, Derechos Humanos y Sociales del MOCASE-Vía Campesina; Asociación Civil Familiares de Desaparecidos de Tucumán, APDH Tucumán, Madres Tucumán, Asociación Ex Presos Políticos de Tucumán; Comisión de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y Gremiales de Salta; Red por la Defensa de los Derechos Humanos de Salta; Comisiones de Derechos Humanos de Metán, Orán, Cafayate, Tartagal; Asociación por los Derechos Humanos "Lucrecia Barquet", Movimiento Defensa Indígena de Oran; Derechos Humanos del MOCEP; Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Salta; Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Catamarca, Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Catamarca y Grupos de Apoyo a los Juicios en Catamarca.
“Los autores materiales e intelectuales de los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, apropiación de bienes, condiciones ilegales de detención y robo de bebés en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca, siguen gozando de impunidad, a cinco años de la anulación las leyes de Punto Final y Obediencia Debida”, señalan los organismos.
Ponen de relieve la larga lucha que llevaron adelante los organismos de derechos humanos en estos últimos 32 años, la que no ha logrado aún que concluya la impunidad con la que han sido beneficiados los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometido en el país durante el gobierno militar.
Mecionan también los organismos el caso de la Masacre de Capilla del Rosario, perpetrada el 11 y 12 de agosto de 1974 en Catamarca, que sigue impune. Esta causa se reinició en diciembre de 2004, a instancia de familiares y de organismos de derechos humanos regionales, a través de los abogados Guillermo Díaz Martínez, y de Martín Fresneda y Claudio Orosz, ambos de H.I.J.O.S de Córdoba.
“La construcción de la memoria es una tarea colectiva y social; garantizar la Justicia es responsabilidad de los poderes del Estado. Por esa razón señalamos lo que sucede con el Defensor Oficial Oscar Del Campo que ha garantizado una emboscada legal para cristalizar la morosidad, al postergar el juicio a los acusados de haber participado en ese episodio de represión hace 34 años”, dicen las organizaciones en el documento.
“En cuanto a las causas judiciales por los delitos de lesa humanidad, en Tucumán, más de medio millar de represores están en la lista de espera. Jujuy no le va en zaga y los escasos represores imputados como Carlos Néstor Bulacio y Donato Arenas disfrutan del arresto domiciliario, mientras Rafael Mariano Braga está con arresto en el cuartel RIM 5”.
“En Salta, el espejo de la impunidad es el militar retirado Hugo Espeche, uno de los imputados por el fusilamiento de 12 presos políticos el 6 de julio de 1976 en Palomitas, un episodio que fue fraguado como un enfrentamiento. A los 58 años, a Espeche se le otorgó arresto domiciliario no en esa provincia, sino en Chubut donde montó una empresa de seguridad”.
“Santiago del Estero es otra muestra irrefutable de la pasividad o, diríamos mejor, de la complicidad judicial En estas provincias no hay un solo condenado y la elevación a juicio oral es una utopía”.
En este contexto, los organismos que rubrican el documento exigen “la aceleración de los juicios por megacausas porque, de lo contrario, el punto final biológico será una realidad. Proponemos además, entre otras acciones, que se concrete el 10 de septiembre una Jornada Nacional de presentaciones en todos los juzgados federales exigiendo cárcel común para los procesados y los condenados. Es que la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia se libra tanto en el territorio del lenguaje como en el de los hechos”.
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