16 de julio de 2008

UN PRONUNCIAMIENTO DE LOS EX PRESOS POLITICOS


San Salvador de Jujuy, 30 de mayo de 2008 (Agenda Pública) La Asociación Jujeña de Ex Presos Políticos, participó recientemente del Encuentro Nacional de Ex Presos que tuvo lugar en Capital Federal. Una delegación de 10 miembros de la institución que preside el dirigente Hugo Condorí, intervino en los debates y en la formulación de un documento donde se plasman las posturas de este colectivo.
En ese marco, además se constituyó una Comisión de Enlace que se reunirá el 7 de junio próximo en la ciudad de Córdoba. Dicha Comisión quedó integrada por un representante de cada provincia y un representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Agenda Pública reproduce a continuación el documento emitido en Capital Federal:


Ciudad Autónoma de Bs. As., 24 de Mayo de 2008

Quiénes somos:
Las ex presas y ex presos políticos nos manifestamos en primer lugar como militantes del campo popular, particularmente participantes de las luchas de los años 60/70, que nuestro pueblo emprendiera por la liberación social y nacional, la unidad latinoamericana, la distribución de la riqueza y la plena participación del pueblo en todos los aspectos de la vida política.
Ayer fuimos objeto de la represión genocida. Somos sobrevivientes de una generación arrasada por la oligarquía, los grupos económicos y el Terrorismo de Estado.
Hoy, Tras un largo camino que, a veces en conjunto otras individualmente seguimos en pos de recuperar nuestra vida social, familiar, productiva y como sujetos de derecho, con la misma identidad militante, elevamos nuestra voz en defensa de la institucionalidad democrática, el protagonismo popular, los derechos humanos, la soberanía nacional y la unidad con los pueblos de América Latina.

Nuevos tiempo en América Latina:
A los largo de nuestro continente se sucede el advenimiento de gobiernos marcados por el apoyo popular, la asunción de banderas de soberanía, de unidad latinoamericana, recuperación del patrimonio nacional y distribución de la riqueza, tal como quisieran nuestros próceres, San Martín, Bolívar, Artigas y otros.
Ante este avance, impensado un lustro atrás, la reacción resurge en diversas formas de desestabilización y agresión tales como el secesionismo en Bolivia, la invasión de territorio venezolano y ecuatoriano, por parte de gobierno títere de Colombia, el asesinato político y otras, tales como el lock out patronal sojero en Argentina.
Cada una de estas acciones, tendientes a recuperar terreno para la derecha neoliberal y minar a los gobiernos democráticos, es justificada, reproducida y ampliada por la mayoría de los medios de comunicación, que actúan como verdaderos partidos de la reacción y los privilegios. Estos monopolios de la desinformación y la deformación de opinión, reproducen una y otra vez en diarios y TV las escenas de un paro patronal, mientras se silencian o minimizan los reclamos populares.

Memoria y Justicia:
En nuestro país es evidente el avance que significa la prisión y juzgamiento de centenares de genocidas, la multiplicación de espacios de memoria y la apropiación popular de sitios que ayer sirvieron de campos de exterminio a lo largo de nuestro país.

Por ello vemos necesario que estos avances se profundicen en el sentido de:
- Acelerar los juicios a los genocidas
- Proteger a los querellantes y testigos.
- despenalizar la protesta, las situaciones de exclusión y sus consecuencias,
- depurar las fuerzas de seguridad de sus elementos genocidas y corruptos,
- Concluir y profundizar las medidas reparatorias para las víctimas del terrorismo de Estado.

Ante el paro patronal
Ninguna recuperación popular será posible dejar si sigue la campaña que se expresa centralmente en el actual lock out patronal. Los cortes de ruta, el desabastecimiento, la retención de granos, las requisas de mercadería y el resto de las acciones desplegadas contra la mayoría de los argentinos, más allá de las intenciones que puedan tener algunos sectores que les sirven de base de maniobra, es una medida retrógrada, desestabilizadora y que atenta contra la institucionalidad democrática.
Revindicamos el derecho del gobierno a establecer las retenciones móviles a las exportaciones, ya que son una herramienta antinflacionaria, redistributiva y desalentadora de los monocultivos, y que posibilita mantener todos los alimentos en un precio accesible para la población.