22 de agosto de 2008

ANDHES SOLICITO QUE SE GARANTICE PARTICIPACION Y TRANSPARENCIA EN LA DESIGNACION DE JUECES


San Salvador de Jujuy, 22 de agosto de 2008 (Agenda Pública). La Organización ANDHES (Abogados/as del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales) solicitó –mediante nota- a la Presidencia de la Comisión de Asuntos Institucionales de la Legislatura de la Provincia de Jujuy participar en la reunión donde se analizarán los pliegos de los postulantes a ocupar cargos en el Poder Judicial, que tomaron estado parlamentario en la sesión del 14 de agosto último y remitió a dicha Comisión la publicación de ANDHES titulada “Transparencia y democracia de la Justicia en las Provincias Argentinas”.

Cabe señalar que ANDHES es organización no gubernamental sin fines de lucro, que trabaja con total independencia de partidos políticos e instituciones religiosas y tiene como misión contribuir a un cambio social basado en la vigencia de los derechos humanos, la democratización de las relaciones sociales a través de la promoción y defensa de estos derechos y la incidencia en las políticas públicas. Actualmente ANDHES trabaja en San Miguel de Tucumán y en San Salvador de Jujuy.
En la nota remitida a la Comisión de Asuntos Institucionales ANDHES solicitó que se les informe “fecha, horarios y lugar en los que se realizarán las reuniones con los/as postulantes a cubrir cargos en el Poder Judicial” y efectuaron una profunda fundamentación del derecho a participar de dicha reunión.
En primer lugar, los/as abogados de ANDHES precisaron que “el Artículo 111 inc. 3º de la Constitución Provincial, establece “la publicidad de las sesiones de la Legislatura”; el que debe interpretarse conjuntamente con lo normado por el artículo 84 del Reglamento de la Legislatura, que establece: “Las Reuniones de las Comisiones serán Públicas, salvo que se dispusiere su realización con carácter reservado secreto por razones especiales o motivos fundados. Asimismo, podrá invitarse a las reuniones al autor autores del proyecto y a cualquier persona o institución cuya opinión se considere de interés para el tratamiento de los asuntos sometidos a un dictamen”.
En este sentido –resaltaron los integrantes de ANDHES- “el pedido de participar en las reuniones de la Comisión de Asuntos Institucionales cuando realice los estudios y entrevistas con los candidatos a cubrir cargos en la magistratura, constituye para la Legislatura una obligación en tanto importa garantizar el ejercicio actual de un derecho constitucional” y –subrayaron- por ello no constituye de ninguna manera “el otorgamiento de un beneficio sujeto a la voluntad de los legisladores”.

“DEBE GARANTIZARSE UN PROCEDIMIENTO TRANSPARENTE”

En la misiva que remitieron a la Comisión que preside el diputado Hugo Eleit, ANDHES además expresó que “considerando el contenido público que reviste la selección de los futuros integrantes del Poder Judicial, sumado a la trascendencia que esta decisión de gobierno tendrá en los intereses de todos los habitantes de la Provincia, debe garantizarse un procedimiento transparente de selección, no viciado por procesos secretos apartados de la participación de la sociedad civil, debido a la aplicación operativa de los derechos humanos contemplados en la Constitución Nacional, y Tratados Internacionales con igual jerarquía, que dan forma a un Estado democrático como el nuestro”. Puso de relieve la organización que “garantizar el goce y efectividad de los derechos fundamentales es tarea en principio reservada al Estado para posibilitar el fortalecimiento de las instituciones democráticas, legitimando la decisión de sus representantes con la participación y transparencia que otorga cuando se involucra activamente a la sociedad civil. Por lo tanto, las decisiones públicas de trascendencia directa en la población, no pueden adoptarse en secreto, ni prescindirse de la opinión de la ciudadanía, sin tener como consecuencia directa teñir de arbitrariedad las decisiones gubernamentales dañando las instituciones democráticas”.
ANDHES consideró que “tampoco puede perderse de vista que nuestro orden jurídico, tanto nacional como provincial y tratados internacionales con jerarquía constitucional, se prevé la participación de la sociedad civil en los procesos judiciales y no judiciales en los que puedan ver afectados derechos de incidencia colectiva. Por lo tanto, si se permite la participación dentro de la órbita del Poder Judicial, con mayor alcance y garantía democrática debe permitirse la participación en el parlamento, sede por excelencia de la opinión pública”.
Los abogados/as que integran ANDHES observaron que “la negativa a la participación podría hacernos concluir que la Legislatura Jujeña tiende ha convertir algunas excepciones normativas en reglas” Y ejemplificaron señalando que “la nominalidad de todas las votaciones dispuesta por ley, que contempla la excepción de prescindir de esta modalidad nominal de emitir el voto por razones fundadas, se convirtió en los últimos años, en la regla de la no nominalidad y excepcionalmente con fundamento atendible la nominalidad de la votación”.

“LA REGLA ES LA PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO”

Resaltaron que “tanto del espíritu de la Constitución Nacional y Provincial, como de la forma Republicana de Gobierno surge con meridiana claridad, que la regla es “la publicidad de los actos de gobierno” lo que implica también el proceso de formación de los mismos, y el rigorismo en la fundamentación, salvo excepción debidamente fundada”.
Finalmente afirmaron que “la legislatura Jujeña de persistir con la negativa de participación ciudadana, convertiría la regla nuevamente en la excepción si sostiene en sus prácticas la no publicidad, la no fundamentación y el secreto en el proceso de formación de los actos de gobierno es la regla, salvo fundamentación en contrario que vuelva al proceso público”.
ANDHES acompañó la nota menciona con una publicación editada en el mes de junio por la organización titulada “Transparencia y democracia de la justicia en las provincias argentinas”, donde se desarrollan las argumentaciones jurídicas que se han construido a partir del desarrollo de los derechos humanos y que señalan la necesidad de democratizar la justicia, a través de procedimientos claros, transparentes y con participación de la sociedad civil.