San Salvador de Jujuy, 5 de agosto de 2008 (Agenda Pública) La Fundación PROHUNA (Pro Homine Urbe et Natura – A favor del hombre, la ciudad y la naturaleza) expresó su adhesión a la Marcha que el 7 de agosto realizarán diversas organizaciones a la Legislatura de la Provincia de Jujuy, convocó a la comunidad a un Seminario que dará inicio el viernes y propuso algunos ejes para enriquecer el debate sobre la minería en la provincia.
El Presidente de la Fundación Prohuna, ingeniero Rafael Jáuregui, junto a otros integrantes de la Comisión Directiva, como el abogado Alberto Nallar y el cineasta Miguel Angel Pereira, manifestaron su respaldo a la movilización prevista para este jueves, y de la cual participarán diversas organizaciones sociales, ambientales, comunidades indígenas y entidades de la sociedad civil de las cuatro regiones de la provincia, las que convergerán en la Legislatura para “exigir la sanción de una ley que regule la minería en Jujuy”.
“Queremos que la Cámara apruebe una ley que sea la mejor para la provincia” resaltó el Presidente de Prohuna y destacó que “no pretendemos que se prohíba la minería, queremos que se haga minería y cualquier otra actividad que contribuya al desarrollo, pero entendemos que ese desarrollo debe reflejarse en la mejora de los indicadores sociales, en la mejora de la calidad de vida de los pueblos, y no sólo en los estados contables y los patrimonios de las empresas” agregó.
También en ese marco, las organizaciones plantearán a los legisladores que se derogue la adhesión de la Provincia de Jujuy a la Ley de Inversiones Mineras, porque “creemos que se debe dictar una ley que fije nuevas regalías y un nuevo marco para el negocio minero, de manera que les sirva a todos los jujeños”.
El Dr. Alberto Nallar por su parte señaló que “la Provincia de Jujuy tiene un tercio de la superficie comprometida por la actividad minera -sea por exploración o explotación- “lo cual obliga a un análisis profundo y un debate que les permita a los jujeños determinar qué tipo de minería y con que beneficios y costos debe llevarse adelante”.
Explicó que “en los años 90 se preparó el terreno legal para habilitar a las grandes compañías mineras para tomar por asalto todos los recursos mineros en el país”.
Nallar señaló que “el régimen fiscal definido entonces –y que les garantizó estabilidad por 30 años- ha significado grandes beneficios para las empresas porque las liberaron del impuesto a la ganancia, del IVA, del impuesto a los capitales, derechos de importación, además están liberados de ingresos brutos, de impuesto de sellos, patentes de automóviles, es decir exentos de todos los impuestos”. Observó Nallar que esta situación implica una situación de enorme desigualdad respecto de otros emprendimientos económicos, que están obligados a tributar y además configura “una gran injusticia porque las empresas mineras que tienen enormes ganancias, no dejan prácticamente nada en el país y al contrario se llevan todos los minerales”
Relativizó además la inversión que estas empresas hacen en el país porque “la mayor parte de esa inversión se realiza en los países centrales donde se adquiere la tecnología de punta que utilizan y que los obliga a tomar personal altamente calificado que generalmente proviene de esos mismos países productores de tecnología, como Estados Unidos, Canadá, Japón, China y países de Europa”.
De manera que –sintetizó- “las empresas mineras no dejan recursos por impuestos, no invierten de verdad en el país, ni tampoco toman la mano de obra calificada”.
En este contexto, añadió Nallar “sólo se les cobra un 3 % de regalía minera que resulta absolutamente insignificante, porcentaje que además se calcula en base a una declaración jurada que presenta el minero y que no puede ser controlada por el Estado”. Sobre los montos declarados, las empresas pagan el 3 % por explotación, o el 2 % si es exploración y el 1 % en otra circunstancia. Además, pagan un canon de 80 pesos por pertenencia por año, es decir mucho menos de lo que un emprendedor pagaría para instalar un kiosko”. Con lo cual, “manifiestamente se observa una desigualdad que beneficia a estas empresas que finalmente no dejan nada en el país y que sólo emplean mano de obra para tareas riesgosas y penosas, que luego tienen que ser atendidas por el sistema de salud”.
Por otra parte, los integrantes de Prohuna –Rafael Jáuregui, Alberto Nallar y Miguel Pereira- pusieron de relieve que una vez terminada la explotación, las empresas dejan “un pasivo ambiental del cual tiene que hacerse cargo la Nación y las Provincias, como ocurrió con Metal Huasi”.
Al respecto explicaron que “en la legislación minera no están previstos los mecanismos para que las empresas garanticen el cierre de las minas, por ello es que nos dejan los pasivos ambientales que implican posteriormente ingentes gastos de disposición final, mitigación, remediación y atención sanitaria”.
Atendiendo que “la gran minería no paga impuestos, se lleva todo el mineral, no paga escasas regalías, no hacen inversión en el país y nos deja pasivos ambientales y tragedias sanitarias, creemos que debe plantearse una nueva minería que sea racional”, subrayaron.
Acotaron que “además si tenemos en cuenta que se extraen recursos no renovables, debe realizarse una explotación racional, que responda a lo que necesitamos para satisfacer la demanda interna, por un tiempo prolongado y una explotación sustentable de un recurso que se agota en el corto plazo. Creemos que si vamos a agotar un patrimonio de manera definitiva, nos tiene que quedar un equivalente, por eso un asunto central es la modificación de la ley de promoción minera”. Además, deben establecerse férreos mecanismos de control de los desplazamientos de los transportes de las mineras que trasladan explosivos y sustancias contaminantes, que generan un alto riesgo para la población”.
Por último agregaron que “se deben establecer regalías y cánones acordes, así como estrictos controles ambientales y un ordenamiento territorial porque no puede ser que la minería desplace actividades como la ganadería, la agricultura, el turismo”.
“Actualmente estamos sufriendo una pérdida patrimonial radical, sin ningún tipo de compensaciones y con un alto costo ambiental y sanitario, por eso consideramos que debe producirse un debate profundo sobre la minería en Jujuy”.
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BAJO DE LA ALUMBRERA, UNA
EXPERIENCIA PARA APRENDER
La Fundación Prohuna convocó a organizaciones sociales, ambientales, colegios profesionales, entidades de la sociedad civil y a la comunidad en general a participar del Seminario “Minería en Jujuy: ¿sueños de desarrollo o pesadilla ambiental? En busca del equilibrio”, que comenzará a desarrollarse este viernes a las 20:00, en el Hotel Panorama, ubicado en la intersección de las calles Belgrano y Patricias Argentinas.
Durante el Seminario, a partir de la experiencia de la Mina Bajo de La Alumbrera ubicada en provincia de Catamarca, especialistas que tuvieron intervención en el debate generado en esa provincia, brindarán información que servirá para disparar el debate y el intercambio.
El viernes, la actividad comenzará a las 20:00, con la proyección del film documental “Asecho a la ilusión” del cineasta Patricio Schwanek. Este documental “emprende la tarea de evaluar las consecuencias actuales de la minería, los costos y beneficios provocados y recupera las voces de las comunidades cercanas a Mina Bajo de la Alumbrera, el emprendimiento minero más grande del país”.
El día sábado, a partir de las 10:00, el Ing. Héctor Oscar Nieva, expondrá sobre “El agua como insumo en la actividad minera", "Impacto socio económico y ambiental de la gran minería" y "Experiencia de la gran minería en Catamarca".
A las 12:00 continuarán las actividades con un "Análisis político, social y económico, desde el nacimiento y hasta la actualidad, del proyecto minero La Alumbrera", que estará a cargo del diputado (mc) y ex Asesor Parlamentario del Senado de la Nación Justo Daniel Barros.
“Hemos convocado a estos expertos para que instalen el debate a partir de la experiencia de Bajo de la Alumbrera, que evidencia como a pesar de trabajar con las normas más rigurosas se ha producido un daño ambiental” afirmaron y finalmente señalaron que es preciso debatir cómo se va a hacer minería en la provincia y un ordenamiento que defina dónde se puede y donde no se puede hacer minería y como evitar envenenar los acuíferos y cuencas de agua, es decir en definitiva debe producirse un debate sobre cómo orientar el desarrollo de los jujeños”.
El Presidente de la Fundación Prohuna, ingeniero Rafael Jáuregui, junto a otros integrantes de la Comisión Directiva, como el abogado Alberto Nallar y el cineasta Miguel Angel Pereira, manifestaron su respaldo a la movilización prevista para este jueves, y de la cual participarán diversas organizaciones sociales, ambientales, comunidades indígenas y entidades de la sociedad civil de las cuatro regiones de la provincia, las que convergerán en la Legislatura para “exigir la sanción de una ley que regule la minería en Jujuy”.
“Queremos que la Cámara apruebe una ley que sea la mejor para la provincia” resaltó el Presidente de Prohuna y destacó que “no pretendemos que se prohíba la minería, queremos que se haga minería y cualquier otra actividad que contribuya al desarrollo, pero entendemos que ese desarrollo debe reflejarse en la mejora de los indicadores sociales, en la mejora de la calidad de vida de los pueblos, y no sólo en los estados contables y los patrimonios de las empresas” agregó.
También en ese marco, las organizaciones plantearán a los legisladores que se derogue la adhesión de la Provincia de Jujuy a la Ley de Inversiones Mineras, porque “creemos que se debe dictar una ley que fije nuevas regalías y un nuevo marco para el negocio minero, de manera que les sirva a todos los jujeños”.
El Dr. Alberto Nallar por su parte señaló que “la Provincia de Jujuy tiene un tercio de la superficie comprometida por la actividad minera -sea por exploración o explotación- “lo cual obliga a un análisis profundo y un debate que les permita a los jujeños determinar qué tipo de minería y con que beneficios y costos debe llevarse adelante”.
Explicó que “en los años 90 se preparó el terreno legal para habilitar a las grandes compañías mineras para tomar por asalto todos los recursos mineros en el país”.
Nallar señaló que “el régimen fiscal definido entonces –y que les garantizó estabilidad por 30 años- ha significado grandes beneficios para las empresas porque las liberaron del impuesto a la ganancia, del IVA, del impuesto a los capitales, derechos de importación, además están liberados de ingresos brutos, de impuesto de sellos, patentes de automóviles, es decir exentos de todos los impuestos”. Observó Nallar que esta situación implica una situación de enorme desigualdad respecto de otros emprendimientos económicos, que están obligados a tributar y además configura “una gran injusticia porque las empresas mineras que tienen enormes ganancias, no dejan prácticamente nada en el país y al contrario se llevan todos los minerales”
Relativizó además la inversión que estas empresas hacen en el país porque “la mayor parte de esa inversión se realiza en los países centrales donde se adquiere la tecnología de punta que utilizan y que los obliga a tomar personal altamente calificado que generalmente proviene de esos mismos países productores de tecnología, como Estados Unidos, Canadá, Japón, China y países de Europa”.
De manera que –sintetizó- “las empresas mineras no dejan recursos por impuestos, no invierten de verdad en el país, ni tampoco toman la mano de obra calificada”.
En este contexto, añadió Nallar “sólo se les cobra un 3 % de regalía minera que resulta absolutamente insignificante, porcentaje que además se calcula en base a una declaración jurada que presenta el minero y que no puede ser controlada por el Estado”. Sobre los montos declarados, las empresas pagan el 3 % por explotación, o el 2 % si es exploración y el 1 % en otra circunstancia. Además, pagan un canon de 80 pesos por pertenencia por año, es decir mucho menos de lo que un emprendedor pagaría para instalar un kiosko”. Con lo cual, “manifiestamente se observa una desigualdad que beneficia a estas empresas que finalmente no dejan nada en el país y que sólo emplean mano de obra para tareas riesgosas y penosas, que luego tienen que ser atendidas por el sistema de salud”.
Por otra parte, los integrantes de Prohuna –Rafael Jáuregui, Alberto Nallar y Miguel Pereira- pusieron de relieve que una vez terminada la explotación, las empresas dejan “un pasivo ambiental del cual tiene que hacerse cargo la Nación y las Provincias, como ocurrió con Metal Huasi”.
Al respecto explicaron que “en la legislación minera no están previstos los mecanismos para que las empresas garanticen el cierre de las minas, por ello es que nos dejan los pasivos ambientales que implican posteriormente ingentes gastos de disposición final, mitigación, remediación y atención sanitaria”.
Atendiendo que “la gran minería no paga impuestos, se lleva todo el mineral, no paga escasas regalías, no hacen inversión en el país y nos deja pasivos ambientales y tragedias sanitarias, creemos que debe plantearse una nueva minería que sea racional”, subrayaron.
Acotaron que “además si tenemos en cuenta que se extraen recursos no renovables, debe realizarse una explotación racional, que responda a lo que necesitamos para satisfacer la demanda interna, por un tiempo prolongado y una explotación sustentable de un recurso que se agota en el corto plazo. Creemos que si vamos a agotar un patrimonio de manera definitiva, nos tiene que quedar un equivalente, por eso un asunto central es la modificación de la ley de promoción minera”. Además, deben establecerse férreos mecanismos de control de los desplazamientos de los transportes de las mineras que trasladan explosivos y sustancias contaminantes, que generan un alto riesgo para la población”.
Por último agregaron que “se deben establecer regalías y cánones acordes, así como estrictos controles ambientales y un ordenamiento territorial porque no puede ser que la minería desplace actividades como la ganadería, la agricultura, el turismo”.
“Actualmente estamos sufriendo una pérdida patrimonial radical, sin ningún tipo de compensaciones y con un alto costo ambiental y sanitario, por eso consideramos que debe producirse un debate profundo sobre la minería en Jujuy”.
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BAJO DE LA ALUMBRERA, UNA
EXPERIENCIA PARA APRENDER
La Fundación Prohuna convocó a organizaciones sociales, ambientales, colegios profesionales, entidades de la sociedad civil y a la comunidad en general a participar del Seminario “Minería en Jujuy: ¿sueños de desarrollo o pesadilla ambiental? En busca del equilibrio”, que comenzará a desarrollarse este viernes a las 20:00, en el Hotel Panorama, ubicado en la intersección de las calles Belgrano y Patricias Argentinas.
Durante el Seminario, a partir de la experiencia de la Mina Bajo de La Alumbrera ubicada en provincia de Catamarca, especialistas que tuvieron intervención en el debate generado en esa provincia, brindarán información que servirá para disparar el debate y el intercambio.
El viernes, la actividad comenzará a las 20:00, con la proyección del film documental “Asecho a la ilusión” del cineasta Patricio Schwanek. Este documental “emprende la tarea de evaluar las consecuencias actuales de la minería, los costos y beneficios provocados y recupera las voces de las comunidades cercanas a Mina Bajo de la Alumbrera, el emprendimiento minero más grande del país”.
El día sábado, a partir de las 10:00, el Ing. Héctor Oscar Nieva, expondrá sobre “El agua como insumo en la actividad minera", "Impacto socio económico y ambiental de la gran minería" y "Experiencia de la gran minería en Catamarca".
A las 12:00 continuarán las actividades con un "Análisis político, social y económico, desde el nacimiento y hasta la actualidad, del proyecto minero La Alumbrera", que estará a cargo del diputado (mc) y ex Asesor Parlamentario del Senado de la Nación Justo Daniel Barros.
“Hemos convocado a estos expertos para que instalen el debate a partir de la experiencia de Bajo de la Alumbrera, que evidencia como a pesar de trabajar con las normas más rigurosas se ha producido un daño ambiental” afirmaron y finalmente señalaron que es preciso debatir cómo se va a hacer minería en la provincia y un ordenamiento que defina dónde se puede y donde no se puede hacer minería y como evitar envenenar los acuíferos y cuencas de agua, es decir en definitiva debe producirse un debate sobre cómo orientar el desarrollo de los jujeños”.
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