San Salvador de Jujuy, 31 de agosto de 2008 (Agenda Pública). Integrantes de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, HIJOS Regional Jujuy y ex presos políticos, así como el equipo jurídico de las querellas contra los represores en Jujuy, participaron en la última jornada del juicio que se tramitó en Tucumán por la desaparición del ex senador Guillermo Vargas Aignasse. En ese marco, los organismos rechazaron la continuidad de la cárcel domiciliaria para Antonio Domingo Bussi, condenado –al igual que Menéndez- por delitos de lesa humanidad a cadena perpetua.
Inés Peña, Mari Reales, Mariana Alvarez García (Madres y Familiares), Eva Arroyo (HIJOS), Hugo Condorí, Horacio Vale, Felipe Noguera (Asociación Jujeña de ex presos políticos), los abogados Pablo Pelazzo, Néstor Ruarte, Marcos Ciancia y Paula Alvarez Carrera, y Carmen Peña y Nora Ferreira (Red por el Derecho a la Identidad), viajaron a la ciudad de San Miguel de Tucumán para acompañar a los organismos que con su aporte hicieron posible este histórico juicio que representa un ostensible avance de la administración de justicia en la región por violaciones a los derechos humanos.
Si bien los organismos jujeños celebraron en forma unánime la condena a cadena perpetua que recibieron los represores, objetaron la disposición del tribunal de diferir la determinación de las condiciones de detención de los condenados hasta el momento de ejecución, con lo cual Bussi continuará “detenido” en su casa ubicada en un country de Yerba Buena (Tucumán). Cabe indicar que Menéndez continuará cumpliendo detención en la cárcel de Coger, una vez que regreso a Córdoba luego de conocer los fundamentos del fallo, que serán dados a conocer por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, este jueves.
Cabe indicar que el Fiscal Terraf evalúa solicitar la modificación de la modalidad en la que Bussi viene cumpliendo su detención, y en cambio pretende que lo haga en la cárcel de Villa Urquiza. Esto obligaría al Tribunal Oral a fijar su posición, porque el arresto domiciliario había sido concedido por el ex juez Jorge Parache en la etapa de instrucción y, desde entonces, fue mantenido en la causa.
Por otra parte, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, expresó su acompañamiento a su organización par de Tucumán (Asociación de Familiares de Desaparecidos de Tucumán – FADETUC), que emitió un comunicado –firmado por Virginia Sosa, Josefina Molina, Marta Rondoletto, Raquel Zurita, Renee Ahualli, Teresa Arias, Juana Tártalo, entre otras-. En ese comunicado, el organismo manifestó que “esta sentencia, esperada por 32 años, resulta el inicio del derribamiento de los muros de la impunidad” pero resaltó que “el Tribunal Oral no estuvo a la altura ni de las demandas ni circunstancias históricas en las que les competió actuar”.
La organización tucumana indicó que “la sentencia emitida responsibiliza a los genocidas por delitos contra la humanidad toda. La magnitud del delito cometido no admite consideraciones dubitativas por parte del Tribunal. La normativa internacional habla de prisión efectiva, en cárcel común, por lo que resulta una afrenta a las víctimas del Terrorismo de Estado, el haber pospuesto su resolución. La ley 24660 de penas privativas de la libertad, habla expresamente que los internos privados de libertad, por delitos comunes, tienen asegurado sus derechos a la salud, educación y trabajo. Es así que los genocidas pueden ejercer todas las garantías constitucionales”.
“Consideramos que la incoherencia de tal situación (perpetua más cárcel en su casa de country) dio pie a que se provocara los hechos de violencia por parte de organizaciones políticas, las que, paradójicamente, en el último tiempo tuvieron destacada actuación en el conflicto agrario, apoyando a los sectores de la oligarquía , ideólogos de la masacre producida en nuestro país. Son públicos los respaldos que estas organizaciones brindaron a los sectores tradicionalmente vinculados a los genocidas, como Cecilia Pando y la Sociedad Rural. Consideramos que su posición antigobierno fue la que primó en la planificación de los hechos que mancharan esta jornada memorable e histórica de todo el pueblo tucumano”, evaluó el organismo al analizar el conflicto desatado en las puertas del tribunal, tras escucharse la sentencia.
“Las organizaciones de DDHH tenemos una larga trayectoria de lucha por la sanción a los genocidas y nunca apelamos a métodos violentos para lograr sus objetivos. Por ello, repudiamos a todos estos sectores que intentan apropiarse de esta lucha tiñéndola de violencia con fines políticos sectoriales como así también el accionar represivo de Gendarmería y de las usinas bussistas que nos endilgan una violencia que solo es resultado de su propia visión violenta”, continúa expresando el comunicado del organismo tucumano que instó al Tribunal Oral Federal a “desempeñar su rol con solvencia sin expresar dudas que no tienen cabida en delitos contra la humanidad toda”.
Igual petición expresaron los organismos jujeños que esperan que finalmente se cierre esta causa con una confirmación de la sentencia y se continúe en la línea de disponer cárcel común a los responsables de los delitos de lesa humanidad que se juzgan en diferentes tribunales del país.
Inés Peña, Mari Reales, Mariana Alvarez García (Madres y Familiares), Eva Arroyo (HIJOS), Hugo Condorí, Horacio Vale, Felipe Noguera (Asociación Jujeña de ex presos políticos), los abogados Pablo Pelazzo, Néstor Ruarte, Marcos Ciancia y Paula Alvarez Carrera, y Carmen Peña y Nora Ferreira (Red por el Derecho a la Identidad), viajaron a la ciudad de San Miguel de Tucumán para acompañar a los organismos que con su aporte hicieron posible este histórico juicio que representa un ostensible avance de la administración de justicia en la región por violaciones a los derechos humanos.
Si bien los organismos jujeños celebraron en forma unánime la condena a cadena perpetua que recibieron los represores, objetaron la disposición del tribunal de diferir la determinación de las condiciones de detención de los condenados hasta el momento de ejecución, con lo cual Bussi continuará “detenido” en su casa ubicada en un country de Yerba Buena (Tucumán). Cabe indicar que Menéndez continuará cumpliendo detención en la cárcel de Coger, una vez que regreso a Córdoba luego de conocer los fundamentos del fallo, que serán dados a conocer por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, este jueves.
Cabe indicar que el Fiscal Terraf evalúa solicitar la modificación de la modalidad en la que Bussi viene cumpliendo su detención, y en cambio pretende que lo haga en la cárcel de Villa Urquiza. Esto obligaría al Tribunal Oral a fijar su posición, porque el arresto domiciliario había sido concedido por el ex juez Jorge Parache en la etapa de instrucción y, desde entonces, fue mantenido en la causa.
Por otra parte, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, expresó su acompañamiento a su organización par de Tucumán (Asociación de Familiares de Desaparecidos de Tucumán – FADETUC), que emitió un comunicado –firmado por Virginia Sosa, Josefina Molina, Marta Rondoletto, Raquel Zurita, Renee Ahualli, Teresa Arias, Juana Tártalo, entre otras-. En ese comunicado, el organismo manifestó que “esta sentencia, esperada por 32 años, resulta el inicio del derribamiento de los muros de la impunidad” pero resaltó que “el Tribunal Oral no estuvo a la altura ni de las demandas ni circunstancias históricas en las que les competió actuar”.
La organización tucumana indicó que “la sentencia emitida responsibiliza a los genocidas por delitos contra la humanidad toda. La magnitud del delito cometido no admite consideraciones dubitativas por parte del Tribunal. La normativa internacional habla de prisión efectiva, en cárcel común, por lo que resulta una afrenta a las víctimas del Terrorismo de Estado, el haber pospuesto su resolución. La ley 24660 de penas privativas de la libertad, habla expresamente que los internos privados de libertad, por delitos comunes, tienen asegurado sus derechos a la salud, educación y trabajo. Es así que los genocidas pueden ejercer todas las garantías constitucionales”.
“Consideramos que la incoherencia de tal situación (perpetua más cárcel en su casa de country) dio pie a que se provocara los hechos de violencia por parte de organizaciones políticas, las que, paradójicamente, en el último tiempo tuvieron destacada actuación en el conflicto agrario, apoyando a los sectores de la oligarquía , ideólogos de la masacre producida en nuestro país. Son públicos los respaldos que estas organizaciones brindaron a los sectores tradicionalmente vinculados a los genocidas, como Cecilia Pando y la Sociedad Rural. Consideramos que su posición antigobierno fue la que primó en la planificación de los hechos que mancharan esta jornada memorable e histórica de todo el pueblo tucumano”, evaluó el organismo al analizar el conflicto desatado en las puertas del tribunal, tras escucharse la sentencia.
“Las organizaciones de DDHH tenemos una larga trayectoria de lucha por la sanción a los genocidas y nunca apelamos a métodos violentos para lograr sus objetivos. Por ello, repudiamos a todos estos sectores que intentan apropiarse de esta lucha tiñéndola de violencia con fines políticos sectoriales como así también el accionar represivo de Gendarmería y de las usinas bussistas que nos endilgan una violencia que solo es resultado de su propia visión violenta”, continúa expresando el comunicado del organismo tucumano que instó al Tribunal Oral Federal a “desempeñar su rol con solvencia sin expresar dudas que no tienen cabida en delitos contra la humanidad toda”.
Igual petición expresaron los organismos jujeños que esperan que finalmente se cierre esta causa con una confirmación de la sentencia y se continúe en la línea de disponer cárcel común a los responsables de los delitos de lesa humanidad que se juzgan en diferentes tribunales del país.
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