“Planteamos la defensa del territorio de las comunidades, del medio ambiente y del uso del agua. Contamos que no se respetan los derechos de las comunidades, que el Estado no cumple con la Constitución y los tratados internacionales, que nos sigue marginando, excluyendo del derecho a la tierra”, explicó Clemente Flores, delegado en Ginebra (Suiza) de las 33 comunidades originarias de Salinas Grandes de la Laguna de Guayatayoc, que abarcan Salta y Jujuy, y donde se encuentran reservas de litio, “el oro del futuro”, un metal que se emplea en pilas y baterías de productos electrónicos y que ya comenzó a utilizarse como energía en la industria automotriz.
El litio forma parte de las salinas, planicies blancas que suelen ser fotos de postal del Norte del país. Y también el lugar ancestral de vida, cultura e historia de los pueblos kolla y atacama. Los gobiernos de Salta y Jujuy otorgaron en concesión la región a empresas mineras de Canadá, Australia y Estados Unidos, y a las automotrices Toyota y Mitsubishi.
La minería de litio en las salinas vulnera la Constitución nacional y tratados internacionales que legislan sobre el derecho de los pueblos originarios, sostienen las 33 comunidades que presentaron una medida cautelar en la Corte Suprema de Justicia, en noviembre de 2010. Solicitaron, en base a derechos vigentes en la ley argentina, frenar toda actividad minera en la zona, que se consulte a las comunidades y aportaron pruebas de que ya padecen males: un informe geológico demuestra la perforación y contaminación de un acuífero, en una región donde el agua es el bien más escaso.
El delegado de las comunidades detalló en la ONU la realidad de los pueblos originarios de las Salinas Grandes en el marco de la Cuarta Sesión del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos Pueblos Indígenas (Medpi), ámbito especializado del Consejo de Derechos Humanos, el principal órgano de derechos humanos de Naciones Unidas.
El Mecanismo de Expertos realiza una sesión anual, y uno de los principales temas de debate en 2011 es el derecho de los pueblos indígenas a participar en la decisión de acciones que los afecten. Justamente es uno de los principales reclamos de las comunidades de Salinas Grandes, donde gobiernos y empresas avanzaron sin “consulta previa” (según marca la ley) a los pueblos originarios.
“Explicamos que en nuestro país no se cumple la Constitución nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. Si se cumplieran nuestros derechos no tendríamos que hacer todo esto, no tendríamos que hacer juicio, no tendríamos que viajar miles de kilómetros para que alguien nos escuche, podríamos vivir tranquilos en nuestras comunidades. Explicamos nuestra preocupación de que los gobiernos sigan sordos”, explicó Clemente Flores, que estuvo acompañado del abogado Rodrigo Solá.
También fueron recibidos por el relator especial de la ONU sobre derechos indígenas, James Anaya, la máxima autoridad de la ONU en la materia. Le detallaron la realidad de los pueblos originarios de Argentina, explicitaron como ejemplos casos de violación de derechos humanos en Formosa y Neuquén, y explicaron en detalle la frondosa legislación (nacional e internacional) que fue omitida en el avance minero en las Salinas Grandes.
“Fue una muy buena reunión. El relator mostró interés y preocupación por el avance minero en Jujuy y Salta y adelantó que tomará todas las medidas a su alcance para que se respeten los derechos de las comunidades”, afirmó Rodrigo Solá. En la entrevista también se confirmó que Anaya visitará la Argentina a fines de noviembre próximo. Estará en el país durante diez días, recorrerá comunidades de distintas regiones, se entrevistará con funcionarios del Gobierno y miembros del Poder Judicial.
El papel de los jueces fue central en la reunión con el relator. Se detallaron “infinidad” de casos donde magistrados de distintas instancias omiten la aplicación de los derechos indígenas. “Pudimos contar que presentamos un recurso de amparo en la Corte Suprema, pero que esa instancia tampoco está resolviendo nada. Sabemos que la Corte tiene muchos casos, pero nosotros necesitamos una respuesta urgente porque las empresas avanzan en los territorios y nos van a provocar daños para siempre”, afirmó Flores.
El viaje a la ONU contó con el apoyo del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), la Prelatura de Humahuaca, Avina, Red Puna, Asamblea de Autoconvocados de Tilcara, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad de Salta y de la Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería (Redaj).
