San Salvador de Jujuy, 18 de diciembre de 2008 (Agenda Pública). Este día viernes 19 de diciembre , a las 11:00, en el Juzgado Federal Nro 2, a cargo del Dr. Carlos Olivera Pastor, la agrupación HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) y el Grupo de Abodagos/as de DDHH impulsarán la presentación de nuevas querellas penales relacionadas con los delitos de lesa Humanidad cometidos bajo el Terrorismo de Estado en nuestra provincia, durante la última Dictadura Militar (1976-1983).
LOS CASOS
Laura Margarita López se presentará como querellante por la Desaparición Forzada de su madre, Juana Francisca Torres Cabrera, quien fuera secuestrada el 23 de mayo como consecuencia de un operativo de fuerzas conjuntas a cargo del Capitán Jones Tamayo. Juana Torres fue posteriormente trasladada al CCD Comando Radioeléctrico y de allí al penal de Villa Gorriti del que fue sacada el 10 de Junio de 1976 junto a su hermano Pedro y a Alvarez de Scurta, Lara Torres, Turk, Ranzoni y Giribaldi, los que a partir de esa fecha son victimas de Desaparición Forzada.
Julio Cesar Zamparini se presentará como querellante por la Desaparición Forzada de su padre Arnaldo Zamparini, secuestrado el 7 de marzo de 1976 por personal de la Policía de la Provincia, trasladado al CCD Comando Radioeléctrico, permaneciendo a partir de esa fecha como víctima de Desaparición Forzada. Arnaldo Zamparini mantenía un fuerte vínculo personal y político con el Dr. Jose Pablo Bernard, secuestrado en la misma fecha y también desaparecido.
Las entidades de derechos humanos que impulsan estas nuevas presentaciones convocaron a toda la comunidad a acompañar estas presentaciones, y en tal sentido precisaron que se convocarán en la intersección de calles Belgrano y Senador Pérez de esta Capital para acompañar a los familiares de las personas desaparecidas que se incorporan al proceso de búsqueda de justicia que desde hace más de 30 años llevan adelante las organizaciones de derechos humanos
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18 de diciembre de 2008
EN JUJUY PRESENTAN NUEVAS QUERELLAS POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DURANTE LA DICTADURA
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9 de diciembre de 2008
A 60 AÑOS DE LA APROBACION DE LA DECLARACION UNIVERSAL DE DD.HH: JAVIER GARIN PRESENTA SU MANUAL POPULAR DE DERECHOS HUMANOS
San Salvador de Jujuy, 9 de diciembre de 2008 (Agenda Pública).Este miércoles, 10 de diciembre, a las 19:00, en el Aula Magna de la Facultad de Humanidades de la UNJu, el jurista Javier Garín presentará su publicación “Manual popular de derechos humanos”, en el marco del programa organizado por las entidades históricas de derechos humanos, para celebrar los 60 años de la aprobación de la Declaración Universal de DD.HH.Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Jujuy, Red por el Derecho a la Identidad (Filial Jujuy), H.I.J.O.S. (Regional Jujuy), Asociación Jujeña de Ex Presos Políticos y la Comisión de Derechos Humanos de la UNJu, precisaron que Garín –quien estuvo ayer en la ciudad de San Pedro- se presentará este jueves, a las 11:00, en el Museo Municipal de Libertador General San Martín.
Los derechos humanos –expresa el Dr. Javier Garin- son “la máxima conquista de la conciencia jurídica de la Humanidad”. Pero no son adquisiciones de una conciencia abstracta, sino el fruto de las luchas populares en distintas épocas y países. “Debajo de cada derecho corrieron –y corren- ríos de sangre”. Aunque tan costosos, estos logros son también enormemente frágiles. De allí que sea necesario trabajar constantemente a favor de una verdadera “cultura de los Derechos Humanos” y en contra del autoritarismo y la opresión.
En un lenguaje sencillo y sin eufemismos, Garin expone en su Manual Popular de DD.HH, de manera sintética, los fundamentos teóricos de los derechos humanos, su significado y contenidos, sus orígenes históricos, su evolución en el mundo y en Argentina, su recepción en las constituciones y en los tratados, y los mecanismos de protección jurídica, de manera de hacer que el Derecho –instrumento de dominación de clase- se convierta en una “herramienta de liberación” al servicio de los pueblos.
Abordando problemáticas actuales y controvertidas como la cuestión de la seguridad y la lucha contra el delito, el mundo de las cárceles, el sistema penal en general, la criminalización de la pobreza, la defensa del medio ambiente, el genocidio aborigen, las consecuencias del terrorismo de Estado, Garin pone en evidencia la estrecha vinculación de todas las formas de autoritarismo y los sofismas empleados para atentar contra los derechos humanos o desconocerlos.
Este manual es “popular” en un doble sentido. Lo es porque no está dirigido a juristas o profesores, sino a la gente común: al estudiante, al militante social y político, a la mujer u hombre solidarios. Y lo es también porque no intenta presentarse desde una presunta neutralidad académica sino desde una clara opción militante a favor de los pobres, los desposeídos, los aborígenes, las minorías oprimidas o discriminadas, sin evitar el posicionamiento político, aunque resulte controversial.
Esta obra tiene el interés adicional de que se encuentra respaldada por la experiencia del autor en veintidós años como abogado de derechos humanos, en decenas de conflictos sociales en que intervino, y en centenares de charlas, conferencias y debates que Garin organizó o brindó para difundir socialmente la “cultura de los derechos humanos”.
DEL AUTOR
JAVIER GARIN es abogado de derechos humanos, político y escritor. Tiene una vasta trayectoria de 22 años de ejercicio profesional en defensa de los derechos individuales y sociales, y como promotor de actividades de difusión y concientización. Comenzó a militar en derechos humanos siendo estudiante, a fines de la dictadura. Se recibió en la Universidad de Buenos Aires a los 21 años. Interpuso acciones legales a favor de usuarios y consumidores contra las empresas de servicios públicos, por el derecho a la salud contra las obras sociales, y en defensa de minorías sexuales y otras víctimas de discriminación. Fue abogado de los sin techo y obtuvo el reconocimiento del derecho a una vivienda digna para más de trescientas familias. Representó a inmigrantes de países limítrofes. Patrocinó a familiares de víctimas de “gatillo fácil” y logró indemnizaciones por parte del Estado bonaerense. Integró redes de entidades contra el abuso policial. Asesoró a movimientos sociales y de desocupados. Fue abogado de víctimas de hechos aberrantes y asistió a los familiares de las víctimas en el “caso Marela”, entre otros. Se especializó en derecho ambiental. Fue concejal de Lomas de Zamora y presidente de la Comisión de Ecología.
Garín fue además cofundador del Foro Público contra la Corrupción y del Foro Nacional de Derechos Humanos y Acción Humanitaria, del que es vicepresidente. Desde 1996 preside la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, donde realizó una incansable actividad de difusión, brindando charlas de formación en escuelas, universidades y entidades intermedias, y organizando conferencias con los más destacados panelistas, entre los que cabe citar: el jurista Raúl Zaffaroni, las Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto y Rosa Roisinblit, el profesor Alfredo Bravo, el Defensor del Pueblo de la Nación Eduardo Mondino, las Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas y Laura Bonaparte, el constitucionalista Rafael Bielsa, el periodista e investigador de abusos policiales Ricardo Ragendorfer, el camarista Eduardo Freiler, el presidente del Tribunal de Casación bonaerense Federico Domínguez, los Secretarios de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires Lic. Jorge Taiana y Remo Carlotto, la presidenta de CO:FA:VI. María Teresa Schnack, el abogado León Zimmerman, la viceministra de Seguridad bonaerense Marta Arriola y muchos otros dirigentes, juristas, legisladores, magistrados y funcionarios. Últimamente abordó la problemática carcelaria promoviendo medidas de concientización y reforma penitenciaria.
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3 de noviembre de 2008
MARINA VILTE, BLANCO EN LOS 70
San Salvador de Jujuy, 3 de noviembre de 2008 (Agenda Pública) Este jueves, 6 de noviembre próximo, a las 18:30 horas, en el salón de actos la Escuela Normal “Juan Ignacio Gorriti” se presentará el libro “Marina Vilte, Blanco en los 70” de la docente y periodista Sofía D´Andrea. La actividad es organizada por la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP), con el auspicio de la Universidad Nacional de Jujuy y el apoyo de los organismos históricos de derechos humanos.Cabe destacar que en la Legislatura de la Provincia de Jujuy se encuentra en trámite la declaración de interés de la publicación.
La autora trabajó minuciosamente en la recuperación de datos para nutrir su memoria sobre Marina Vilte, construida en los años de trabajo en la Asociación de Docentes y Educadores Provinciales (ADEP) y durante los sucesos desatados como consecuencia del terrorismo de estado..
Este libro enriquece el patrimonio de producciones que en los últimos años se han realizado con el objeto de tributar a los procesos de memoria colectiva. Sin dudas, esta publicación constituye una herramienta de acceso al conocimiento de aquellos años y de una figura paradigmática del campo sindical: MarinaVilte, quien se desempeñara como Secretaria General de ADEP desde 1971 hasta 1976 y como Secretaria Adjunta de la CTERA entre 1975 y 1976.
“Marina Vilte, Blanco en los 70´” está dedicado por la autora a “los maestros y maestras de ayer y de hoy, especialmente a las jujeñas”, quienes pueden encontrar en la figura de marina un horizonte para mirar la educación pública y reforzar su compromiso de cambio social, desde su lugar privilegiado de producción de cultura.
El libro ha sido publicado recientemente por la editorial “De la campana” y contiene en su interior ilustraciones de Jaime Lara Torres, maestro y artista plástico nacido en 1946 y desaparecido en mayo de 1976, también integrante de la lista de detenidos desaparecidos de Jujuy.
La autora del libro fue militante del DR 17 de Octubre, estuvo detenida y posteriormente tuvo que exiliarse en Perú y Bolivia. Sofía D´andrea fue cofundadora del CEDOIN, redactora de Informe R, corresponsal de Noticias Aliadas y Vida Hoy. Publicó notas, cuentos y relatos en diversas revistas y libros; entre sus trabajos se destacan “María” cuento y los relatos “Un día como hoy” y “En los años de Jorge Weisz”. Actualmente está radicada en Mendoza ejerce en un centro SEOS, pertenece a la casa de la Memoria, a la Asociación de Ex Presas y Presos Políticos y a la Colectiva de mujeres “Las Juanas y las otras”.
Sofía D´andrea expresa en el prólogo del libro al referirse a Marina Vilte que “en varios ámbitos de Jujuy su nombre circula mucho más de lo que ella misma hubiera imaginado, de modo que merecía ser revelada como persona, como hacedora, conocida por su vida, no sólo por su muerte”.
“Lo que más nos acercó fue imaginar un proyecto de país en común. Conocí a Marina vistiendo delantal blanco, alrededor de 1969, cuando me desempeñaba como secretaria administrativa del gremio. Al asumir ella como Secretaria General de ADEP la relación fue diaria y mucho más estrecha cuando coincidimos en la agrupación política a la que ambas pertenecíamos”, agrega D´Andrea quien fue “testigo o partícipe” de los hechos que se relatan en el libro.
“Marina Vilte, Blanco en los 70´” está basado en información documental que ha sido recopilada por la autora para enriquecer su propia memoria y recupera, además, testimonios de historias sobre el terrorismo de estado en Jujuy.
La periodista Marta Dillon, hija de detenidos desaparecidos, en la contratapa del libro expresa: “Esta no sólo es una biografía: es un retrato de época. Un retrato urgente que ha sobrevivido al tiempo y al dolor con la misma energía que se puede adivinar en esas compañeras y esos compañeros que Sofía D`Andrea recupera como quien escarba la tierra con las manos y es capaz de soplar vida en ese barro que a veces nada devuelve. Esa tierra es su querido Jujuy, que en este libro aparece en el esplendor de sus cerros y su monte y también en el dolor de los pueblos siempre postergados. En esta tierra es donde Marina Vilte se convirtió en maestra y en dirigente gremial acompañando el proceso irrevocable que dibujó otras siluetas para las docentes: ya no más “segunda madre”, tan dedicada al sacrificio y al cuidado como la primera. Maestras sí, educadoras; pero también trabajadoras –y trabajadores- que viven y sufren al mismo compás que el pueblo al que pertenecen”.
Agrega Dillon que “Sofía D´Andrea fue testigo de ese cambio fundamental; Marina Vilte, protagonista. Después el deseo de transformaciones más radicales las convirtió en compañeras. Y esa palabra le da sentido también a estas páginas que recuperan las alegrías y las luchas que, no por pasadas, están muertas si no que viven en la memoria y en el deseo que nunca se termina de justicia; por quienes ya no están y por quienes siguen construyendo día a día la utopía de un mundo en el que aquella palabra escrita con mayúscula tenga sentido para todos y todas”.
La publicación ha sido pensada como una herramienta para los/as docentes, para que puedan desarrollar desde el aula, su labor de arquitectos de la memoria histórica de un pasado reciente que sigue abierto a la reflexión y a las luchas. Es, como se infiere de las palabras de la autora, un detonador de memoria, pero no de aquella reducida al mero ejercicio de observación del pasado, sino de aquella que sirve para construir el presente, forjar el futuro y acompañar los proyectos de libertad y justicia.
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15 de septiembre de 2008
POR QUÉ EL EX TENIENTE BRAGA DEBERÍA SER TRASLADADO A LA PENITENCIARÍA FEDERAL
San Salvador de Jujuy, 16 de septiembre de 2008 (Agenda Pública) En el Expediente Nº 393/05 “Julio Rolando Alvarez García s/desaparición de persona” que se tramita en el Juzgado Federal Nro 2, el abogado de la causa, Pablo Miguel Pelazzo presentó recientemente un escrito solicitando que el ex Teniente Mariano Rafael Braga, detenido actualmente en el GA 5, sea trasladado a la Unidad Penal Federal Nro 8.
El abogado de la causa explicó que Braga no debería continuar gozando del privilegio de cumplir su detención en dependencias militares a las que perteneció. Entendemos que “es necesario evaluar, a la hora de mantenerlo allí, otras circunstancias tales como la magnitud de la pena en expectativa, el carácter de delito de “lesa humanidad” que revisten los hechos por los que está denunciados, y el interés de la comunidad nacional e internacional por tratarse de delitos que afectan a la humanidad toda”.
Mariano Rafael Braga se desempeñó durante la dictadura como Teniente del Ejército, participando en innumerables operativos de secuestros y “traslados” de detenidos desaparecidos, tal como consta en sesenta y cinco (65) declaraciones testimoniales y denuncias en veintitrés (23) expedientes.
Las detenciones en unidades de las fuerzas armadas vienen siendo cuestionadas por los organismos, sobre todo después de lo ocurrido con el ex prefecto Héctor Febres quien cumplía su detención en condiciones de privilegio- y cuya muerte continúa investigándose, presumiéndose que habría sido muerto en el marco de un pacto de silencio corporativo de la fuerza a la que perteneció.
Este antecedente, expresó el Dr. Pelazzo, “nos hace, por lo menos, dudar de la seguridad de Braga detenido en las dependencias del Ejército”. Además, agregó “el alojamiento de Braga en una unidad militar donde el mismo se desempeñaba con el grado de teniente, conlleva necesariamente un mayor ámbito de libertad para el beneficiario respecto de la que poseería en una unidad penal común, libertad que debe ser restringida en virtud de los delitos por los que está acusado, entre otros, la desaparición forzada de Julio Alvarez García”.
Por otra parte, recordó el abogado la Ley de Seguridad Interior Nro. 24.059), “define qué organismos forman parte del sistema de seguridad interior, enumeración de la que se encuentran expresamente excluidas las Fuerzas Armadas”. Además la Ley 24. 660, referida a las condiciones de ejecución de la pena, “impone una obligación de “custodiar” y “retener” a las personas sometidas a proceso penal en cárceles o alcaidías, mediante personal que debe ser cuidadosamente seleccionado, capacitado y especializado, teniendo en cuenta la importancia de la misión social que debe cumplir”.
“Sin lugar a dudas –destacó Pelazzo- las Fuerzas Armadas no poseen la especialidad mencionada, pues su formación y capacitación profesional, se encuentra encaminada a la defensa nacional en hipótesis de guerra y no a la seguridad interior”.
Acotó que “es claro que tampoco en una base militar pueden garantizarse las mismas condiciones de seguridad, de registro de visitas, de control del ingreso de objetos y alimentos, pues su personal no ha sido específicamente capacitado para atender a detenidos sin condena en el marco de procesos de naturaleza no militar”.
El abogado explicó que la justicia argumentó su negativa a enviar a Braga a la Unidad Penal Federal Nro 8, en base a un informe remitido por esa alcaidía, firmado por el Prefecto Néstor Sánchez, donde señala que no puede recibir a Braga, porque la Unidad no tiene un pabellón especial para internos pertenecientes a las Fuerzas Armadas, y que el establecimiento no cuenta con cobertura medica intensa ni con equipamientos complejos y medicación. “Nos preguntamos entonces, ¿tiene el GA5 un pabellón especial para delincuentes de lesa humanidad? Además no entendemos porqué se espera un servicio sanitario especializado si Braga no necesita ni cobertura medica intensa, ni equipamientos complejos”.
A modo de conclusión, sintetizó Pelazzo: “si la ley crea un órgano específicamente destinado a cumplir la obligación constitucional de dar seguridad a los presos, como derivado de la obligación de velar por la seguridad interior, con capacitación específica respecto de los derechos de esas personas, con una formación profesional acorde a tal fin, de conformidad con las reglas internacionales que rige la materia, entonces, no existe razón alguna para que una decisión judicial retire de la competencia de ese órgano esa función y, más aún, se la otorgue a un órgano (las Fuerzas Armadas) que no es apto para realizar esa tarea, dentro del diseño de repartición de competencias dentro del poder administrador”.
RESOLUCION DEL MINISTERIO DE DEFENSA DE LA NACION
Cabe recordar que en la Resolución del Ministerio de Defensa de la Nación del 28/08, Nº 983/08, firmado por la Ministra Nilda Garré, se prohibió “a los jefes de los Estados Mayores del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, el "alojamiento en unidades militares de personas procesadas o condenadas penalmente".
En el artículo 2do. de esta resolución, con fundamento en la Ley de Defensa Nacional 23554 y el Código Procesal Penal de la Nación, también prohibió " a la totalidad del personal de las Fuerzas Armadas la ejecución de requerimientos judiciales, cualquiera fuera la fecha de emisión, que impliquen el traslado de personal militar privado de su libertad bajo cualquier modalidad".
También en la resolución mencionada se prohibió a las Fuerzas "la realización de notificaciones judiciales y cualquier otra diligencia procesal, sin previa autorización expresa de este Ministerio de Defensa".
En el artículo 3ro. de la directiva, la Ministra ordenó al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, "la inmediata comunicación al Ministerio de Defensa de cualquier requerimiento judicial, cualquiera sea el lugar o la autoridad que lo reciba, en el que se solicite la intervención de las FFAA para las áreas señaladas en el artículo 1ro."
En los considerandos de la resolución del Ministerio de Defensa, se señala que "en varias oportunidades los juzgados que intervienen en causas donde se investigan violaciones a los derechos humanos, han requerido u ordenado en forma directa la colaboración de las FFAA para la realización de tareas que son propias de las Fuerzas de Seguridad".
También se indicó que "resulta necesario poner límite a esos alojamientos toda vez que las unidades militares no tiene competencia ni pueden asumir las responsabilidades que implican esos alojamientos".
Defensa recordó en su resolución que "viene desarrollando diferentes tareas tendientes al fortalecimiento institucional de las Fuerzas Armadas, conforme a las exigencias propias de un Estado democrático de Derecho, junto con el desafió de su profesionalización en cuyo marco ocupa un lugar central el apego a la legalidad, con todas sus implicancias".
Por último, la Ministra afirmó que "la realización de labores propias de procesos penales, como la detención de personas y el traslado de detenidos, por parte de las Fuerzas Armadas no solo son ajenas a su rol, sino que les están prohibidas".
El abogado de la causa explicó que Braga no debería continuar gozando del privilegio de cumplir su detención en dependencias militares a las que perteneció. Entendemos que “es necesario evaluar, a la hora de mantenerlo allí, otras circunstancias tales como la magnitud de la pena en expectativa, el carácter de delito de “lesa humanidad” que revisten los hechos por los que está denunciados, y el interés de la comunidad nacional e internacional por tratarse de delitos que afectan a la humanidad toda”.
Mariano Rafael Braga se desempeñó durante la dictadura como Teniente del Ejército, participando en innumerables operativos de secuestros y “traslados” de detenidos desaparecidos, tal como consta en sesenta y cinco (65) declaraciones testimoniales y denuncias en veintitrés (23) expedientes.
Las detenciones en unidades de las fuerzas armadas vienen siendo cuestionadas por los organismos, sobre todo después de lo ocurrido con el ex prefecto Héctor Febres quien cumplía su detención en condiciones de privilegio- y cuya muerte continúa investigándose, presumiéndose que habría sido muerto en el marco de un pacto de silencio corporativo de la fuerza a la que perteneció.
Este antecedente, expresó el Dr. Pelazzo, “nos hace, por lo menos, dudar de la seguridad de Braga detenido en las dependencias del Ejército”. Además, agregó “el alojamiento de Braga en una unidad militar donde el mismo se desempeñaba con el grado de teniente, conlleva necesariamente un mayor ámbito de libertad para el beneficiario respecto de la que poseería en una unidad penal común, libertad que debe ser restringida en virtud de los delitos por los que está acusado, entre otros, la desaparición forzada de Julio Alvarez García”.
Por otra parte, recordó el abogado la Ley de Seguridad Interior Nro. 24.059), “define qué organismos forman parte del sistema de seguridad interior, enumeración de la que se encuentran expresamente excluidas las Fuerzas Armadas”. Además la Ley 24. 660, referida a las condiciones de ejecución de la pena, “impone una obligación de “custodiar” y “retener” a las personas sometidas a proceso penal en cárceles o alcaidías, mediante personal que debe ser cuidadosamente seleccionado, capacitado y especializado, teniendo en cuenta la importancia de la misión social que debe cumplir”.
“Sin lugar a dudas –destacó Pelazzo- las Fuerzas Armadas no poseen la especialidad mencionada, pues su formación y capacitación profesional, se encuentra encaminada a la defensa nacional en hipótesis de guerra y no a la seguridad interior”.
Acotó que “es claro que tampoco en una base militar pueden garantizarse las mismas condiciones de seguridad, de registro de visitas, de control del ingreso de objetos y alimentos, pues su personal no ha sido específicamente capacitado para atender a detenidos sin condena en el marco de procesos de naturaleza no militar”.
El abogado explicó que la justicia argumentó su negativa a enviar a Braga a la Unidad Penal Federal Nro 8, en base a un informe remitido por esa alcaidía, firmado por el Prefecto Néstor Sánchez, donde señala que no puede recibir a Braga, porque la Unidad no tiene un pabellón especial para internos pertenecientes a las Fuerzas Armadas, y que el establecimiento no cuenta con cobertura medica intensa ni con equipamientos complejos y medicación. “Nos preguntamos entonces, ¿tiene el GA5 un pabellón especial para delincuentes de lesa humanidad? Además no entendemos porqué se espera un servicio sanitario especializado si Braga no necesita ni cobertura medica intensa, ni equipamientos complejos”.
A modo de conclusión, sintetizó Pelazzo: “si la ley crea un órgano específicamente destinado a cumplir la obligación constitucional de dar seguridad a los presos, como derivado de la obligación de velar por la seguridad interior, con capacitación específica respecto de los derechos de esas personas, con una formación profesional acorde a tal fin, de conformidad con las reglas internacionales que rige la materia, entonces, no existe razón alguna para que una decisión judicial retire de la competencia de ese órgano esa función y, más aún, se la otorgue a un órgano (las Fuerzas Armadas) que no es apto para realizar esa tarea, dentro del diseño de repartición de competencias dentro del poder administrador”.
RESOLUCION DEL MINISTERIO DE DEFENSA DE LA NACION
Cabe recordar que en la Resolución del Ministerio de Defensa de la Nación del 28/08, Nº 983/08, firmado por la Ministra Nilda Garré, se prohibió “a los jefes de los Estados Mayores del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, el "alojamiento en unidades militares de personas procesadas o condenadas penalmente".
En el artículo 2do. de esta resolución, con fundamento en la Ley de Defensa Nacional 23554 y el Código Procesal Penal de la Nación, también prohibió " a la totalidad del personal de las Fuerzas Armadas la ejecución de requerimientos judiciales, cualquiera fuera la fecha de emisión, que impliquen el traslado de personal militar privado de su libertad bajo cualquier modalidad".
También en la resolución mencionada se prohibió a las Fuerzas "la realización de notificaciones judiciales y cualquier otra diligencia procesal, sin previa autorización expresa de este Ministerio de Defensa".
En el artículo 3ro. de la directiva, la Ministra ordenó al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, "la inmediata comunicación al Ministerio de Defensa de cualquier requerimiento judicial, cualquiera sea el lugar o la autoridad que lo reciba, en el que se solicite la intervención de las FFAA para las áreas señaladas en el artículo 1ro."
En los considerandos de la resolución del Ministerio de Defensa, se señala que "en varias oportunidades los juzgados que intervienen en causas donde se investigan violaciones a los derechos humanos, han requerido u ordenado en forma directa la colaboración de las FFAA para la realización de tareas que son propias de las Fuerzas de Seguridad".
También se indicó que "resulta necesario poner límite a esos alojamientos toda vez que las unidades militares no tiene competencia ni pueden asumir las responsabilidades que implican esos alojamientos".
Defensa recordó en su resolución que "viene desarrollando diferentes tareas tendientes al fortalecimiento institucional de las Fuerzas Armadas, conforme a las exigencias propias de un Estado democrático de Derecho, junto con el desafió de su profesionalización en cuyo marco ocupa un lugar central el apego a la legalidad, con todas sus implicancias".
Por último, la Ministra afirmó que "la realización de labores propias de procesos penales, como la detención de personas y el traslado de detenidos, por parte de las Fuerzas Armadas no solo son ajenas a su rol, sino que les están prohibidas".
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JUJUY EN LA JORNADA NACIONAL POR PRISIÓN COMÚN PARA RESPONSABLES DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD
San Salvador de Jujuy, 15 de septiembre de 2008 (Agenda Pública) Este martes, 16 de septiembre en todo el país, los organismos de derechos humanos que trabajan en las causas por delitos de lesa humanidad cometidos en Argentina durante la última dictadura, realizarán diferentes acciones para exigir que los responsables de esos crímenes cumplan su prisión en cárceles comunes y cesen los privilegios que les han otorgado diferentes juzgados. Cabe indicar que 348 de ellos cumplen arresto domiciliario en sus casas o country, como Antonio Domingo Bussi; mientras que 67 lo hacen en unidades militares, como es el caso de Mariano Rafael Braga, detenido en Jujuy en el Grupo de Artillería 5 (GA 5).
Hoy martes, a las 9:30, en el Teatro de la Vuelta del Siglo, las organizaciones locales, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, HIJOS; la Asociación Jujeña de ex Presos Políticos, la Red por el Derecho a la Identidad y el equipo de abogados de derechos humanos, brindarán una conferencia de prensa donde explicarán las actuaciones judiciales que se llevan adelante en Jujuy y reiterarán su pedido de cárcel común para Braga, detenido por su participación en las desapariciones de Dominga Alvarez Scurta y Julio Rolando Alvarez García, dos causas que se tramitan en el Juzgado Federal Nro 2, a cargo del Dr. Carlos Olivera Pastor.
La jornada nacional por cárcel común que se cumplirá hoy martes, fue acordada en diversos encuentros como los concretados recientemente con motivo de la Masacre de Capilla del Rosario, Catamarca y la Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia en Oran, Salta.
Participarán de la jornada las provincias de Catamarca, Salta, Jujuy, Córdoba, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santiago del Estero, Mendoza, Buenos Aires,San Luis, Misiones, Formosa y Santa Fe. También se están agregando a esta unidad de acción organismos de Derechos Humanos de Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, quienes dejarán sus reclamos en las representaciones diplomáticas radicadas en este país.
Hoy martes, a las 9:30, en el Teatro de la Vuelta del Siglo, las organizaciones locales, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, HIJOS; la Asociación Jujeña de ex Presos Políticos, la Red por el Derecho a la Identidad y el equipo de abogados de derechos humanos, brindarán una conferencia de prensa donde explicarán las actuaciones judiciales que se llevan adelante en Jujuy y reiterarán su pedido de cárcel común para Braga, detenido por su participación en las desapariciones de Dominga Alvarez Scurta y Julio Rolando Alvarez García, dos causas que se tramitan en el Juzgado Federal Nro 2, a cargo del Dr. Carlos Olivera Pastor.
La jornada nacional por cárcel común que se cumplirá hoy martes, fue acordada en diversos encuentros como los concretados recientemente con motivo de la Masacre de Capilla del Rosario, Catamarca y la Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia en Oran, Salta.
Participarán de la jornada las provincias de Catamarca, Salta, Jujuy, Córdoba, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santiago del Estero, Mendoza, Buenos Aires,San Luis, Misiones, Formosa y Santa Fe. También se están agregando a esta unidad de acción organismos de Derechos Humanos de Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, quienes dejarán sus reclamos en las representaciones diplomáticas radicadas en este país.
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31 de agosto de 2008
POR CARCEL COMUN PARA RESPONSABLES DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD
San Salvador de Jujuy, 31 de agosto de 2008 (Agenda Pública). Integrantes de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, HIJOS Regional Jujuy y ex presos políticos, así como el equipo jurídico de las querellas contra los represores en Jujuy, participaron en la última jornada del juicio que se tramitó en Tucumán por la desaparición del ex senador Guillermo Vargas Aignasse. En ese marco, los organismos rechazaron la continuidad de la cárcel domiciliaria para Antonio Domingo Bussi, condenado –al igual que Menéndez- por delitos de lesa humanidad a cadena perpetua.
Inés Peña, Mari Reales, Mariana Alvarez García (Madres y Familiares), Eva Arroyo (HIJOS), Hugo Condorí, Horacio Vale, Felipe Noguera (Asociación Jujeña de ex presos políticos), los abogados Pablo Pelazzo, Néstor Ruarte, Marcos Ciancia y Paula Alvarez Carrera, y Carmen Peña y Nora Ferreira (Red por el Derecho a la Identidad), viajaron a la ciudad de San Miguel de Tucumán para acompañar a los organismos que con su aporte hicieron posible este histórico juicio que representa un ostensible avance de la administración de justicia en la región por violaciones a los derechos humanos.
Si bien los organismos jujeños celebraron en forma unánime la condena a cadena perpetua que recibieron los represores, objetaron la disposición del tribunal de diferir la determinación de las condiciones de detención de los condenados hasta el momento de ejecución, con lo cual Bussi continuará “detenido” en su casa ubicada en un country de Yerba Buena (Tucumán). Cabe indicar que Menéndez continuará cumpliendo detención en la cárcel de Coger, una vez que regreso a Córdoba luego de conocer los fundamentos del fallo, que serán dados a conocer por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, este jueves.
Cabe indicar que el Fiscal Terraf evalúa solicitar la modificación de la modalidad en la que Bussi viene cumpliendo su detención, y en cambio pretende que lo haga en la cárcel de Villa Urquiza. Esto obligaría al Tribunal Oral a fijar su posición, porque el arresto domiciliario había sido concedido por el ex juez Jorge Parache en la etapa de instrucción y, desde entonces, fue mantenido en la causa.
Por otra parte, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, expresó su acompañamiento a su organización par de Tucumán (Asociación de Familiares de Desaparecidos de Tucumán – FADETUC), que emitió un comunicado –firmado por Virginia Sosa, Josefina Molina, Marta Rondoletto, Raquel Zurita, Renee Ahualli, Teresa Arias, Juana Tártalo, entre otras-. En ese comunicado, el organismo manifestó que “esta sentencia, esperada por 32 años, resulta el inicio del derribamiento de los muros de la impunidad” pero resaltó que “el Tribunal Oral no estuvo a la altura ni de las demandas ni circunstancias históricas en las que les competió actuar”.
La organización tucumana indicó que “la sentencia emitida responsibiliza a los genocidas por delitos contra la humanidad toda. La magnitud del delito cometido no admite consideraciones dubitativas por parte del Tribunal. La normativa internacional habla de prisión efectiva, en cárcel común, por lo que resulta una afrenta a las víctimas del Terrorismo de Estado, el haber pospuesto su resolución. La ley 24660 de penas privativas de la libertad, habla expresamente que los internos privados de libertad, por delitos comunes, tienen asegurado sus derechos a la salud, educación y trabajo. Es así que los genocidas pueden ejercer todas las garantías constitucionales”.
“Consideramos que la incoherencia de tal situación (perpetua más cárcel en su casa de country) dio pie a que se provocara los hechos de violencia por parte de organizaciones políticas, las que, paradójicamente, en el último tiempo tuvieron destacada actuación en el conflicto agrario, apoyando a los sectores de la oligarquía , ideólogos de la masacre producida en nuestro país. Son públicos los respaldos que estas organizaciones brindaron a los sectores tradicionalmente vinculados a los genocidas, como Cecilia Pando y la Sociedad Rural. Consideramos que su posición antigobierno fue la que primó en la planificación de los hechos que mancharan esta jornada memorable e histórica de todo el pueblo tucumano”, evaluó el organismo al analizar el conflicto desatado en las puertas del tribunal, tras escucharse la sentencia.
“Las organizaciones de DDHH tenemos una larga trayectoria de lucha por la sanción a los genocidas y nunca apelamos a métodos violentos para lograr sus objetivos. Por ello, repudiamos a todos estos sectores que intentan apropiarse de esta lucha tiñéndola de violencia con fines políticos sectoriales como así también el accionar represivo de Gendarmería y de las usinas bussistas que nos endilgan una violencia que solo es resultado de su propia visión violenta”, continúa expresando el comunicado del organismo tucumano que instó al Tribunal Oral Federal a “desempeñar su rol con solvencia sin expresar dudas que no tienen cabida en delitos contra la humanidad toda”.
Igual petición expresaron los organismos jujeños que esperan que finalmente se cierre esta causa con una confirmación de la sentencia y se continúe en la línea de disponer cárcel común a los responsables de los delitos de lesa humanidad que se juzgan en diferentes tribunales del país.
Inés Peña, Mari Reales, Mariana Alvarez García (Madres y Familiares), Eva Arroyo (HIJOS), Hugo Condorí, Horacio Vale, Felipe Noguera (Asociación Jujeña de ex presos políticos), los abogados Pablo Pelazzo, Néstor Ruarte, Marcos Ciancia y Paula Alvarez Carrera, y Carmen Peña y Nora Ferreira (Red por el Derecho a la Identidad), viajaron a la ciudad de San Miguel de Tucumán para acompañar a los organismos que con su aporte hicieron posible este histórico juicio que representa un ostensible avance de la administración de justicia en la región por violaciones a los derechos humanos.
Si bien los organismos jujeños celebraron en forma unánime la condena a cadena perpetua que recibieron los represores, objetaron la disposición del tribunal de diferir la determinación de las condiciones de detención de los condenados hasta el momento de ejecución, con lo cual Bussi continuará “detenido” en su casa ubicada en un country de Yerba Buena (Tucumán). Cabe indicar que Menéndez continuará cumpliendo detención en la cárcel de Coger, una vez que regreso a Córdoba luego de conocer los fundamentos del fallo, que serán dados a conocer por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, este jueves.
Cabe indicar que el Fiscal Terraf evalúa solicitar la modificación de la modalidad en la que Bussi viene cumpliendo su detención, y en cambio pretende que lo haga en la cárcel de Villa Urquiza. Esto obligaría al Tribunal Oral a fijar su posición, porque el arresto domiciliario había sido concedido por el ex juez Jorge Parache en la etapa de instrucción y, desde entonces, fue mantenido en la causa.
Por otra parte, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, expresó su acompañamiento a su organización par de Tucumán (Asociación de Familiares de Desaparecidos de Tucumán – FADETUC), que emitió un comunicado –firmado por Virginia Sosa, Josefina Molina, Marta Rondoletto, Raquel Zurita, Renee Ahualli, Teresa Arias, Juana Tártalo, entre otras-. En ese comunicado, el organismo manifestó que “esta sentencia, esperada por 32 años, resulta el inicio del derribamiento de los muros de la impunidad” pero resaltó que “el Tribunal Oral no estuvo a la altura ni de las demandas ni circunstancias históricas en las que les competió actuar”.
La organización tucumana indicó que “la sentencia emitida responsibiliza a los genocidas por delitos contra la humanidad toda. La magnitud del delito cometido no admite consideraciones dubitativas por parte del Tribunal. La normativa internacional habla de prisión efectiva, en cárcel común, por lo que resulta una afrenta a las víctimas del Terrorismo de Estado, el haber pospuesto su resolución. La ley 24660 de penas privativas de la libertad, habla expresamente que los internos privados de libertad, por delitos comunes, tienen asegurado sus derechos a la salud, educación y trabajo. Es así que los genocidas pueden ejercer todas las garantías constitucionales”.
“Consideramos que la incoherencia de tal situación (perpetua más cárcel en su casa de country) dio pie a que se provocara los hechos de violencia por parte de organizaciones políticas, las que, paradójicamente, en el último tiempo tuvieron destacada actuación en el conflicto agrario, apoyando a los sectores de la oligarquía , ideólogos de la masacre producida en nuestro país. Son públicos los respaldos que estas organizaciones brindaron a los sectores tradicionalmente vinculados a los genocidas, como Cecilia Pando y la Sociedad Rural. Consideramos que su posición antigobierno fue la que primó en la planificación de los hechos que mancharan esta jornada memorable e histórica de todo el pueblo tucumano”, evaluó el organismo al analizar el conflicto desatado en las puertas del tribunal, tras escucharse la sentencia.
“Las organizaciones de DDHH tenemos una larga trayectoria de lucha por la sanción a los genocidas y nunca apelamos a métodos violentos para lograr sus objetivos. Por ello, repudiamos a todos estos sectores que intentan apropiarse de esta lucha tiñéndola de violencia con fines políticos sectoriales como así también el accionar represivo de Gendarmería y de las usinas bussistas que nos endilgan una violencia que solo es resultado de su propia visión violenta”, continúa expresando el comunicado del organismo tucumano que instó al Tribunal Oral Federal a “desempeñar su rol con solvencia sin expresar dudas que no tienen cabida en delitos contra la humanidad toda”.
Igual petición expresaron los organismos jujeños que esperan que finalmente se cierre esta causa con una confirmación de la sentencia y se continúe en la línea de disponer cárcel común a los responsables de los delitos de lesa humanidad que se juzgan en diferentes tribunales del país.
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26 de agosto de 2008
ORGANISMOS DE DD.HH DE JUJUY VIAJAN A TUCUMAN PARA ESCUCHAR FALLO DE LA CAUSA VARGAS AIGNASSE
San Salvador de Jujuy, 26 de agosto de 2008 (Agenda Pública). Miembros de las organizaciones históricas de derechos humanos de Jujuy –Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, HIJOS y la Asociación Jujeña de Ex presos políticos- y el equipo jurídico que lleva adelante en Jujuy las causas por violaciones a derechos humanos, viajarán a Tucumán para escuchar el fallo que emitirá el Tribunal Oral Penal en lo Criminal, en la causa Vargas Aignasse, donde están acusados Domingo Antonio Bussi y Luciano Benjamín Menéndez.
Cabe recordar que en la jornada de ayer el fiscal federal Alfredo Terraf requirió al juzgado para ambos acusados condena perpetua y cárcel común.
Este es el primer juicio oral que se lleva a cabo en Tucumán para juzgar a los responsables de la represión en el norte: Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, y por ello genera gran expectativa, particularmente en las provincias de Jujuy y Salta, además Tucumán.
Un número reducido de representantes de los organismos de Jujuy presenciará la lectura del fallo en el recinto del Tribunal, mientras que el resto esperará en las puertas del Juzgado junto a las delegaciones que desde las 9:30, arribarán al Tribunal provenientes de diversas provincias.
En diálogo con Agenda Pública la integrante de HIJOS Regional Jujuy, Eva Arroyo, se refirió a la importancia de esta sentencia en la que se acusa a quien ejerciera la titularidad del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Menéndez de Ejército y al responsable de la Subzona 32 –dependiente del Tercer Cuerpo- Domingo Bussi.
Precisó Arroyo que Bussi entre los años 1975 y 1977 tuvo a su cargo el Area 321 (Tucumán), 322 (Salta) y 323 (Jujuy), esta último bajo las órdenes de Nestor Bulacio.
Explicó la integrante de HIJOS Jujuy que la V Brigada de Infantería con sede en Tucumán, que estaba bajo las órdenes de Bussi, funcionaba como la central de operaciones y de inteligencia de Salta, Jujuy y Tucumán. En dicha Brigada se planificaban los operativos y además allí se reportaban desde las provincias del norte, las detenciones, sospechas y cualquier información que se hubiera producido. Allí también –después de escuchar las sugerencias de los Jefes de Area- se resolvía el destino de los detenidos.
“Esto grafica la responsabilidad que tuvo Bussi en todas las violaciones a los derechos humanos cometidas en el norte, incluido Jujuy. Si bien en esta causa que está concluyendo en Tucumán la Justicia se limita a investigar el caso Vargas Aignasse, muestra como operó en la región la dictadura” expresó Eva Arroyo y agregó que Bussi durante su gestión como Responsable de la Subzona 32 visitó en diversas oportunidades la provincia de Jujuy y es el “máximo responsable de los sucesos ocurridos en esta provincia junto con Menéndez”.
Por otra parte Eva Arroyo resaltó que las desapariciones de jujeños o las reportadas en Jujuy tienen conexidad con hechos ocurridos en Tucumán, ya que se inscribieron dentro de un plan sistemático de represión. Por ejemplo, especificó, Osvaldo Giribaldi quien desaparece en Jujuy en 1976 habría sido visto en El Arsenal de Tucumán, el centro clandestino más grande que funcionó en el norte. Por otra parte, Pampero Alvarez García fue secuestrado en Tucumán, al igual que un grupo de estudiantes universitarios oriundos del Departamento de Ledesma. Estos últimos habrían sido trasladados luego al CCD de Guerrero.
Eva Arroyo señaló que “esta causa de Tucumán debe ser paradigmática y en tal sentido debe aplicar la máxima pena y ordenar cárcel común para estos genocidas que no sólo cometieron los delitos más aberrantes sino que además un nunca se arrepintieron y siguen reivindicando el terrorismo de estado”. Celebró Arroyo la decisión del Fiscal Terraf conocida ayer y confió que la justicia seguirá esa línea.
BUSSI, EL PARADIGMA DEL ACCIONAR REPRESIVO
La dirigente de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, Inés Peña, esposa del detenido desaparecido Julio Rolando ALvarez García “Pampero”, expresó “aguardamos con gran esperanza esta sentencia a quien fue el paradigma del accionar represivo en el norte argentino, el genocida Bussi, responsable de los sucesos ocurridos en provincias como Jujuy”.
Cabe indicar que el caso de la desaparición de Alvarez García se investiga actualmente en el Juzgado Federal Nro 2 de Jujuy. Pampero Alvarez García fue secuestrado en la provincia de Jujuy, en el marco de un operativo comandado por el Tte. Rafael Mariano Braga, hoy detenido en el RIM 20. Alvarez García no fue visto en ningun lugar de detención de Jujuy, porque habría sido llevado a Tucumán, ya que algunos testimonios recogidos indican que estuvo en Jefatura de Policía de Tucumán y probablemente en el centro clandestino de El Arsenal de Tucumán.
“Entendemos que el fallo en la causa Vargas Aignasse sentará importante jurisprudencia como el fallo reciente de Córdoba que condenó a un grupo de militares, entre otros a Menéndez y Bussi” dijo Inés Peña, y resaltó que “se trata de un jucio histórico, después de 32 años de lucha y de constancia en la búsqueda de la verdad y la justicia”.
Apreció la entrevistada que durante el juicio se pudo confirmar “que el terrorismo fue producto de un plan sistemático y sirvió además para corrobar la ferocidad cometida”.Acotó Peña que “estos personajes parecen no arrepentirse y en cambio siguen regocijándose en su rol de genocidas”, por eso “esperó que se aplique todo el rigor de la ley, que sean condenados y que en el marco del estado de derecho con las garantias judiciales que ellos no les dieron a sus víctimas, se resuelve un castigo ejemplar con cárcel común”.
“Vamos a estar presentes en Tucumán para vivir este momento histórico y esperamos que a este juicio le sigan los otros pendientes para que en todo el noroeste se administre justicia por las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura”, concluyó.
Cabe recordar que en la jornada de ayer el fiscal federal Alfredo Terraf requirió al juzgado para ambos acusados condena perpetua y cárcel común.
Este es el primer juicio oral que se lleva a cabo en Tucumán para juzgar a los responsables de la represión en el norte: Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, y por ello genera gran expectativa, particularmente en las provincias de Jujuy y Salta, además Tucumán.
Un número reducido de representantes de los organismos de Jujuy presenciará la lectura del fallo en el recinto del Tribunal, mientras que el resto esperará en las puertas del Juzgado junto a las delegaciones que desde las 9:30, arribarán al Tribunal provenientes de diversas provincias.
En diálogo con Agenda Pública la integrante de HIJOS Regional Jujuy, Eva Arroyo, se refirió a la importancia de esta sentencia en la que se acusa a quien ejerciera la titularidad del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Menéndez de Ejército y al responsable de la Subzona 32 –dependiente del Tercer Cuerpo- Domingo Bussi.
Precisó Arroyo que Bussi entre los años 1975 y 1977 tuvo a su cargo el Area 321 (Tucumán), 322 (Salta) y 323 (Jujuy), esta último bajo las órdenes de Nestor Bulacio.
Explicó la integrante de HIJOS Jujuy que la V Brigada de Infantería con sede en Tucumán, que estaba bajo las órdenes de Bussi, funcionaba como la central de operaciones y de inteligencia de Salta, Jujuy y Tucumán. En dicha Brigada se planificaban los operativos y además allí se reportaban desde las provincias del norte, las detenciones, sospechas y cualquier información que se hubiera producido. Allí también –después de escuchar las sugerencias de los Jefes de Area- se resolvía el destino de los detenidos.
“Esto grafica la responsabilidad que tuvo Bussi en todas las violaciones a los derechos humanos cometidas en el norte, incluido Jujuy. Si bien en esta causa que está concluyendo en Tucumán la Justicia se limita a investigar el caso Vargas Aignasse, muestra como operó en la región la dictadura” expresó Eva Arroyo y agregó que Bussi durante su gestión como Responsable de la Subzona 32 visitó en diversas oportunidades la provincia de Jujuy y es el “máximo responsable de los sucesos ocurridos en esta provincia junto con Menéndez”.
Por otra parte Eva Arroyo resaltó que las desapariciones de jujeños o las reportadas en Jujuy tienen conexidad con hechos ocurridos en Tucumán, ya que se inscribieron dentro de un plan sistemático de represión. Por ejemplo, especificó, Osvaldo Giribaldi quien desaparece en Jujuy en 1976 habría sido visto en El Arsenal de Tucumán, el centro clandestino más grande que funcionó en el norte. Por otra parte, Pampero Alvarez García fue secuestrado en Tucumán, al igual que un grupo de estudiantes universitarios oriundos del Departamento de Ledesma. Estos últimos habrían sido trasladados luego al CCD de Guerrero.
Eva Arroyo señaló que “esta causa de Tucumán debe ser paradigmática y en tal sentido debe aplicar la máxima pena y ordenar cárcel común para estos genocidas que no sólo cometieron los delitos más aberrantes sino que además un nunca se arrepintieron y siguen reivindicando el terrorismo de estado”. Celebró Arroyo la decisión del Fiscal Terraf conocida ayer y confió que la justicia seguirá esa línea.
BUSSI, EL PARADIGMA DEL ACCIONAR REPRESIVO
La dirigente de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, Inés Peña, esposa del detenido desaparecido Julio Rolando ALvarez García “Pampero”, expresó “aguardamos con gran esperanza esta sentencia a quien fue el paradigma del accionar represivo en el norte argentino, el genocida Bussi, responsable de los sucesos ocurridos en provincias como Jujuy”.
Cabe indicar que el caso de la desaparición de Alvarez García se investiga actualmente en el Juzgado Federal Nro 2 de Jujuy. Pampero Alvarez García fue secuestrado en la provincia de Jujuy, en el marco de un operativo comandado por el Tte. Rafael Mariano Braga, hoy detenido en el RIM 20. Alvarez García no fue visto en ningun lugar de detención de Jujuy, porque habría sido llevado a Tucumán, ya que algunos testimonios recogidos indican que estuvo en Jefatura de Policía de Tucumán y probablemente en el centro clandestino de El Arsenal de Tucumán.
“Entendemos que el fallo en la causa Vargas Aignasse sentará importante jurisprudencia como el fallo reciente de Córdoba que condenó a un grupo de militares, entre otros a Menéndez y Bussi” dijo Inés Peña, y resaltó que “se trata de un jucio histórico, después de 32 años de lucha y de constancia en la búsqueda de la verdad y la justicia”.
Apreció la entrevistada que durante el juicio se pudo confirmar “que el terrorismo fue producto de un plan sistemático y sirvió además para corrobar la ferocidad cometida”.Acotó Peña que “estos personajes parecen no arrepentirse y en cambio siguen regocijándose en su rol de genocidas”, por eso “esperó que se aplique todo el rigor de la ley, que sean condenados y que en el marco del estado de derecho con las garantias judiciales que ellos no les dieron a sus víctimas, se resuelve un castigo ejemplar con cárcel común”.
“Vamos a estar presentes en Tucumán para vivir este momento histórico y esperamos que a este juicio le sigan los otros pendientes para que en todo el noroeste se administre justicia por las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura”, concluyó.
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18 de agosto de 2008
ORGANISMOS DE DDHH SOLICITAN UNIFICACION DE CAUSAS PENALES Y CARCEL COMUN PARA LOS RESPONSABLES
San Salvador de Jujuy, 17 de agosto de 2008 (Agenda Pública) Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy rubricó un documento junto a otras organizaciones de derechos humanos del NOA, donde insisten con la necesidad de unificar y agilizar las causas penales para terminar con la impunidad y reiteran el pedido de cárcel común para los procesados. El documento mencionado fue dado a conocer recientemente en la ciudad de Catamarca, en el marco del acto realizado a 34 años de la masacre de Capilla del Rosario.
En el documento, las organizaciones acuerdan en impulsar una Jornada nacional, el 10 de septiembre próximo, en la que realizarán presentaciones simultáneas en los Juzgados Federales de todas las provincias para que las detenciones de los acusados y condenados por violaciones a los derechos humanos se desarrollen en cárceles comunes. En el caso de Jujuy, Madres y Familiares objetó la medida adoptada por la justicia federal que le permitió al represor Mariano Rafael Braga cumplir su detención en dependencias de una unidad militar de Jujuy. Los familiares querellantes efectuaron una presentación exigiendo que se lo traslade a un establecimiento penitenciario común, pero aún el Juzgado no ha resuelto dicha petición.
Cabe recordar que la Ministra de Defensa de la Nación, Nilda Garré, solicitó a principios de este mes a los jueces federales que mantienen detenidos en unidades castrenses a militares por su procesamiento en causas de violación a los derechos humanos, su demanda para que procedan a trasladarlos a las prisiones comunes fijadas por la ley. Garré volvió a realizar el pedido efectuado en mayo de 2006 cuando fundamentó el mismo en: la igualdad ante la ley de civiles y militares, la función militar y no carcelaria de los cuarteles y el mal ejemplo que esa presencia causa en efectivos ajenos a los delitos investigados.
EL DOCUMENTO
El documento mencionado lleva la firma de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, HIJOS Jujuy y la Cátedra Libre de DD.HH de la UNJu, así como HIJOS Salta y Tucumán, Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Santiago del Estero; Ex Detenidos Políticos y Familiares de Desaparecidos de Santiago del Estero; APDH Santiago del Estero, Cátedra Libre de Derechos Humanos Universidad Nacional de Santiago del Estero, Derechos Humanos y Sociales del MOCASE-Vía Campesina; Asociación Civil Familiares de Desaparecidos de Tucumán, APDH Tucumán, Madres Tucumán, Asociación Ex Presos Políticos de Tucumán; Comisión de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y Gremiales de Salta; Red por la Defensa de los Derechos Humanos de Salta; Comisiones de Derechos Humanos de Metán, Orán, Cafayate, Tartagal; Asociación por los Derechos Humanos "Lucrecia Barquet", Movimiento Defensa Indígena de Oran; Derechos Humanos del MOCEP; Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Salta; Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Catamarca, Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Catamarca y Grupos de Apoyo a los Juicios en Catamarca.
“Los autores materiales e intelectuales de los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, apropiación de bienes, condiciones ilegales de detención y robo de bebés en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca, siguen gozando de impunidad, a cinco años de la anulación las leyes de Punto Final y Obediencia Debida”, señalan los organismos.
Ponen de relieve la larga lucha que llevaron adelante los organismos de derechos humanos en estos últimos 32 años, la que no ha logrado aún que concluya la impunidad con la que han sido beneficiados los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometido en el país durante el gobierno militar.
Mecionan también los organismos el caso de la Masacre de Capilla del Rosario, perpetrada el 11 y 12 de agosto de 1974 en Catamarca, que sigue impune. Esta causa se reinició en diciembre de 2004, a instancia de familiares y de organismos de derechos humanos regionales, a través de los abogados Guillermo Díaz Martínez, y de Martín Fresneda y Claudio Orosz, ambos de H.I.J.O.S de Córdoba.
“La construcción de la memoria es una tarea colectiva y social; garantizar la Justicia es responsabilidad de los poderes del Estado. Por esa razón señalamos lo que sucede con el Defensor Oficial Oscar Del Campo que ha garantizado una emboscada legal para cristalizar la morosidad, al postergar el juicio a los acusados de haber participado en ese episodio de represión hace 34 años”, dicen las organizaciones en el documento.
“En cuanto a las causas judiciales por los delitos de lesa humanidad, en Tucumán, más de medio millar de represores están en la lista de espera. Jujuy no le va en zaga y los escasos represores imputados como Carlos Néstor Bulacio y Donato Arenas disfrutan del arresto domiciliario, mientras Rafael Mariano Braga está con arresto en el cuartel RIM 5”.
“En Salta, el espejo de la impunidad es el militar retirado Hugo Espeche, uno de los imputados por el fusilamiento de 12 presos políticos el 6 de julio de 1976 en Palomitas, un episodio que fue fraguado como un enfrentamiento. A los 58 años, a Espeche se le otorgó arresto domiciliario no en esa provincia, sino en Chubut donde montó una empresa de seguridad”.
“Santiago del Estero es otra muestra irrefutable de la pasividad o, diríamos mejor, de la complicidad judicial En estas provincias no hay un solo condenado y la elevación a juicio oral es una utopía”.
En este contexto, los organismos que rubrican el documento exigen “la aceleración de los juicios por megacausas porque, de lo contrario, el punto final biológico será una realidad. Proponemos además, entre otras acciones, que se concrete el 10 de septiembre una Jornada Nacional de presentaciones en todos los juzgados federales exigiendo cárcel común para los procesados y los condenados. Es que la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia se libra tanto en el territorio del lenguaje como en el de los hechos”.
En el documento, las organizaciones acuerdan en impulsar una Jornada nacional, el 10 de septiembre próximo, en la que realizarán presentaciones simultáneas en los Juzgados Federales de todas las provincias para que las detenciones de los acusados y condenados por violaciones a los derechos humanos se desarrollen en cárceles comunes. En el caso de Jujuy, Madres y Familiares objetó la medida adoptada por la justicia federal que le permitió al represor Mariano Rafael Braga cumplir su detención en dependencias de una unidad militar de Jujuy. Los familiares querellantes efectuaron una presentación exigiendo que se lo traslade a un establecimiento penitenciario común, pero aún el Juzgado no ha resuelto dicha petición.
Cabe recordar que la Ministra de Defensa de la Nación, Nilda Garré, solicitó a principios de este mes a los jueces federales que mantienen detenidos en unidades castrenses a militares por su procesamiento en causas de violación a los derechos humanos, su demanda para que procedan a trasladarlos a las prisiones comunes fijadas por la ley. Garré volvió a realizar el pedido efectuado en mayo de 2006 cuando fundamentó el mismo en: la igualdad ante la ley de civiles y militares, la función militar y no carcelaria de los cuarteles y el mal ejemplo que esa presencia causa en efectivos ajenos a los delitos investigados.
EL DOCUMENTO
El documento mencionado lleva la firma de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, HIJOS Jujuy y la Cátedra Libre de DD.HH de la UNJu, así como HIJOS Salta y Tucumán, Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Santiago del Estero; Ex Detenidos Políticos y Familiares de Desaparecidos de Santiago del Estero; APDH Santiago del Estero, Cátedra Libre de Derechos Humanos Universidad Nacional de Santiago del Estero, Derechos Humanos y Sociales del MOCASE-Vía Campesina; Asociación Civil Familiares de Desaparecidos de Tucumán, APDH Tucumán, Madres Tucumán, Asociación Ex Presos Políticos de Tucumán; Comisión de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y Gremiales de Salta; Red por la Defensa de los Derechos Humanos de Salta; Comisiones de Derechos Humanos de Metán, Orán, Cafayate, Tartagal; Asociación por los Derechos Humanos "Lucrecia Barquet", Movimiento Defensa Indígena de Oran; Derechos Humanos del MOCEP; Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Salta; Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Catamarca, Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Catamarca y Grupos de Apoyo a los Juicios en Catamarca.
“Los autores materiales e intelectuales de los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, apropiación de bienes, condiciones ilegales de detención y robo de bebés en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca, siguen gozando de impunidad, a cinco años de la anulación las leyes de Punto Final y Obediencia Debida”, señalan los organismos.
Ponen de relieve la larga lucha que llevaron adelante los organismos de derechos humanos en estos últimos 32 años, la que no ha logrado aún que concluya la impunidad con la que han sido beneficiados los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometido en el país durante el gobierno militar.
Mecionan también los organismos el caso de la Masacre de Capilla del Rosario, perpetrada el 11 y 12 de agosto de 1974 en Catamarca, que sigue impune. Esta causa se reinició en diciembre de 2004, a instancia de familiares y de organismos de derechos humanos regionales, a través de los abogados Guillermo Díaz Martínez, y de Martín Fresneda y Claudio Orosz, ambos de H.I.J.O.S de Córdoba.
“La construcción de la memoria es una tarea colectiva y social; garantizar la Justicia es responsabilidad de los poderes del Estado. Por esa razón señalamos lo que sucede con el Defensor Oficial Oscar Del Campo que ha garantizado una emboscada legal para cristalizar la morosidad, al postergar el juicio a los acusados de haber participado en ese episodio de represión hace 34 años”, dicen las organizaciones en el documento.
“En cuanto a las causas judiciales por los delitos de lesa humanidad, en Tucumán, más de medio millar de represores están en la lista de espera. Jujuy no le va en zaga y los escasos represores imputados como Carlos Néstor Bulacio y Donato Arenas disfrutan del arresto domiciliario, mientras Rafael Mariano Braga está con arresto en el cuartel RIM 5”.
“En Salta, el espejo de la impunidad es el militar retirado Hugo Espeche, uno de los imputados por el fusilamiento de 12 presos políticos el 6 de julio de 1976 en Palomitas, un episodio que fue fraguado como un enfrentamiento. A los 58 años, a Espeche se le otorgó arresto domiciliario no en esa provincia, sino en Chubut donde montó una empresa de seguridad”.
“Santiago del Estero es otra muestra irrefutable de la pasividad o, diríamos mejor, de la complicidad judicial En estas provincias no hay un solo condenado y la elevación a juicio oral es una utopía”.
En este contexto, los organismos que rubrican el documento exigen “la aceleración de los juicios por megacausas porque, de lo contrario, el punto final biológico será una realidad. Proponemos además, entre otras acciones, que se concrete el 10 de septiembre una Jornada Nacional de presentaciones en todos los juzgados federales exigiendo cárcel común para los procesados y los condenados. Es que la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia se libra tanto en el territorio del lenguaje como en el de los hechos”.
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6 de agosto de 2008
JUJUY SEGUIRA EL JUICIO A BUSSI Y MENENDEZ
San Salvador de Jujuy, 6 de agosto de 2008 (Agenda Pública). Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy anunció que ha requerido a la justicia tucumana acreditación para poder presenciar las audiencias del juicio oral y público que se le sigue al ex represor Antonio Domingo Bussi y a Luciano Benjamín Menéndez, en la Provincia de Tucumán.
Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos recordó que Menéndez -recientemente condenado a cadena perpetua en la Provincia de Córdoba- fue Jefe del 3º Cuerpo de Ejército con asiento en Córdoba y tenía bajo su mando las guarniciones de Jujuy, Tucumán, Salta, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja, entre otras. Por su parte Bussi fue el responsable del mayor centro de tortura y exterminio del NOA que fue el regimiento de Arsenales, donde la mayoría de los desaparecidos jujeños tuvieron su destino final.
La organización de derechos humanos puso de relieve que “en todas estas provincias se están llevando a cabo juicios por delitos de lesa humanidad cometidos por estos siniestros personeros de la más cruel dictadura que nos tocó padecer. Estos juicios históricos abren un espacio propicio para seguir avanzando en la prosecución de los juicios al resto de los responsables del Terrorismo de Estado. Es el clamor de familiares y organismos de Derechos Humanos – nacionales e internacionales- como también por el pueblo argentino que espera esta reparación y reconstrucción histórica”.
En Jujuy –señalaron- “gracias a la presencia de los organismos históricos, los grupos sociales, legisladores, intelectuales, jóvenes estudiantes, reafirmamos que sólo la Verdad y la Justicia nos devolverá la continuidad histórica como Nación- que salda su pasado, para fortalecer, desde luego, el presente”.
También el organismo consideró que “la Justicia Federal de Jujuy debe asumir su responsabilidad y su voluntad de verdad por más comprometedora que ésta sea- alojar al represor Mariano Braga-en una cárcel común, teniendo en cuenta que este militar no tiene 70 años para que se le apruebe el arresto domiciliario, un beneficio que no le corresponde a un autor de delitos de lesa humanidad, como lo señalara recientemente la justicia cordobesa al condenar a Menéndez y cia, cuando ordenó cárcel común y efectiva”.
Cabe precisar que Rafael Mariano Braga, -detenido en dependencias del Regimiento 5º- espera ser juzgado en las causas de la desaparición forzada de la docente jujeña Dominga Alvarez de Scurta y de Julio Rolando Alvarez García- a más de treinta años de delitos que son imprescriptibles.
“Como es de público conocimiento, estos nefastos personajes -sin remordimientos e incapaces de asumir sus responsabilidades y todavía desafiantes- nos conduce a afirmar que no se sienten solos y esperan que sus cómplices les den una mano- como en el caso de la fuga del represor Corres de una unidad policial de Bahía Blanca- o a la espera de condiciones favorables”.
Por último, Madres y Familiares expresó que “sostenemos una premisa central y fundamental: la ética de la verdad y la justicia para poder mirarnos de frente y construir un destino común y el respeto institucional como Nación-siendo lo elemental-el respeto a la condición humana en todo sentido”.
El documento de Madres y Familiares lleva la firma de un nutrido grupo de dirigentes de derechos humanos, entre otras Inés Peña de Alvarez García, Mary Reales, Rosa Alcoba, Marta Alcoba y Raúl Liquen.
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1 de agosto de 2008
UN FILM DE MEMORIA PARA MIRAR EL PRESENTE
San Salvador de Jujuy, 1 de agosto de 2008 (Agenda Pública) El 7 de agosto próximo, a las 19:30, en el Auditorio del Ministerio de Salud, se presentará el film “Semillas de utopía”, una realización italiana que desde la historia de la jujeña Eva Arroyo, hija de un detenido desaparecido, desarrolla una narrativa de las memorias del terrorismo de estado para articular con las luchas sociales actuales. La entrada es libre y gratuita.
Esta proyección es la avant premier en Argentina del film que fue estrenado en marzo de 2006 en Italia. Después de esta presentación en Jujuy, la película se presentará el 9 de agosto en Mendoza y posteriormente recorrerá otros circuitos nacionales e internacionales del cine documental.
Para presentar “Semillas…” llegarán a Jujuy los realizadores Rodolfo Colombara y Emanuela Peyretti, del sello Gata Progetti Audiovisivi que tuvo a su cargo la producción del film..
La película -musicalizada por el grupo jujeño Inti Hayra, Pánico y Ataque 77- incorpora entrevistas a las hijas de Juan Carlos Arroyo, un dirigente jujeño detenido desaparecido durante la dictadura miliar. Se trata de Maria Eva Arroyo –cuyo relato es central en la narración audiovisual- Sofia Arroyo y la madre de ambas, Sofía D’Andrea. También en el film se escuchan testimonios de dirigentes como Rufino Almeida, Taty Almeida, Hebe de Bonafini, Estela Carlotto, Ana Laura Uro, Emiliano Hueravilo, Marcela Gómez, Carlos Pisoni, Emilio Piehn, Guadalupe Samoluk e Inez Samoluk.
El documental, a través de la historia personal de Eva Arroyo, hija de uno de los 30.000 desaparecidos de la última dictatura, relata la lucha de los organismos de derechos humanos en Argentina y articula con las nuevas luchas sociales que son la expresión de resistencia a un modelo económico de corte neoliberal al cual se opuso la generación de los 70.
Cabe recordar que el estreno de este documental se concretó el 23 de marzo de 2006, en el Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà de la ciudad de Turín (Italia), con motivo de los treinta años del golpe militar.
El documental surge de la visita de Rodolfo Colombara y Emanuela Peyretti, los dos jóvenes realizadores, a la Argentina en 2003, quienes finalmente –después de estudiar varias opciones- eligieron trabajar sobre H.I.J.O.S., por una cuestión generacional, ambos nacieron en 1978, y porque sobre las otras organizaciones –Madres y Abuelas- se ha producido más. Conocieron a Eva Arroyo, integrante de H.I.J.O.S de Jujuy, en Turín y establecieron contacto. La historia de Eva fue tomada como eje de sentido del film por diversas razones, la fuerza de su historia que tiene epicentro en Jujuy, considerado uno de los lugares periféricos de la Argentina y particularmente por la militancia activa de Eva, quien hoy cumple una destacada labor en la investigación que nutre las querellas penales contra los represores.
El film incluye referencias históricas, que hablan de una continuidad de las políticas represivas antes, durante y después del golpe. En lo referido a este último aspecto, se detiene en la criminalización de la pobreza, la profundización del plan económico de exclusión, la desocupación y los presos políticos actuales.
“Semillas de utopías” se centra en una historia, que es a su vez todas: la de Eva y a partir de ella, se abordan los derechos humanos, la clandestinidad, el desarraigo, el exilio, la continuidad de la lucha de los desaparecidos a través de sus hijos –en los piquetes, en los espacios tomados-. Recoge, además, los testimonios de otros hijos de La Plata, Mendoza, Córdoba y Buenos Aires.
“Semillas…” rescata, fundamentalmente, la horizontalidad en el funcionamiento de H.I.J.O.S, respecto de otras organizaciones.
Se trata de “un cine que opera como artefacto para la memoria. Un documental de la restitución de la verdad y de la recomposición de la memoria” afirma la crítica Patricia Devesa.
La presentación en Jujuy cuenta con el auspicio de HIJOS; Comisión de Derechos Humanos de la UNJU, Area Interdisciplinarias de Estudios de la Mujer y de Género, ADIUNJu y CTA.
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21 de julio de 2008
MEMORIAS POR ANDRES FIDALGO: SU TESTIMONIO INAUGURO EL JUICIO POR LA VERDAD EN JUJUY
San Salvador de Jujuy, 20 de julio (Agenda Pública/Por María Inés Zigarán).No puedo escribir mucho más de lo que es público respecto de la vida de Andrés Fidalgo. Su producción literaria, su ejercicio en la justicia y su militancia en derechos humanos han sido ampliamente difundidas. Sin embargo hay algo que quiero agregar.
Lo recuerdo a Andrés aquella tarde de marzo de 2003, cuando comenzaba finalmente en Jujuy el Juicio por la Verdad, una conquista que alcanzamos para que la sociedad local pudiera conocer los horrores de la dictadura.
Andrés fue el primer testigo del juicio. Nuestro compañero Carlos Tilca que había pedido testimoniar antes de morir, no pudo llegar a la audiencia, el cáncer lo silenció. Entonces, quienes integrábamos el equipo de apoyo a los juicios volvimos a la idea original: convocar a Andrés para que iniciara este camino de reconstrucción de la historia de la represión. Nos parecía que la fuerza simbólica de este hombre de la cultura, sus conocimientos, su trabajo de investigación sobre derechos humanos y su historia personal, lo posicionaban como un testigo privilegiado para transitar el rompecabeza que, sabíamos, algún día nos iba a conducir a la justicia que reclamamos por los/as detenidos/as desaparecidos/as.
Andrés tuvo siempre una memoria prodigiosa, una memoria del detalle que volvía a sus relatos en historias sin final. Recuerdo sus apasionantes crónicas orales, llenas de información minuciosa que revestía un alto de grado de verdad porque eran el resultado de un trabajo con una enorme exigencia metodológica.
El día que comenzaba el juicio Andrés estaba sentado, con una enorme entereza y dignidad, en medio de la sala que habilitó el Juzgado Federal en la esquina de Ramírez de Velazco y San Martín. El hombre sentado frente al juez, el Dr. Mariano Wenceslao Cardozo, con firmeza relató historias de los sucesos ocurridos en Jujuy durante la década del 70. Historias de las que no sólo fue testigo directo sino de la que fue además víctima. Y nuevamente dijo su verdad, la misma que había expresado ya en estrados judiciales anteriores en Buenos Aires, en España, la misma que repetía con paciencia y sabiduría en las conferencia, paneles, entrevistas, en los diálogos informales...
Recuerdo que ese día cuando íbamos camino al Juzgado donde iba a comenzar el Juicio por la Verdad le dije a uno de los abogados del equipo jurídico, a Pablo Baca, que sentía una extraña sensación, tal vez contradictoria: estaba contenta por el avance que significaba iniciar el juicio por la verdad, pero al mismo tiempo sentía una enorme tristeza, que se me confundía con la culpa, porque Andrés iba a tener que volver a relatar -una vez más- su versión sobre la fatídica historia de la dictadura en Jujuy. Una dictadura que había dejado en Andrés y en Nélida, su esposa y compañera entrañable, una enorme herida: la desaparición de Alcira.
El extenso testimonio de Andrés duró poco más de cuatro horas y sólo terminó por decisión del juez, porque Andrés podía seguir hablando sin tiempo, ilimitadamente, recordando todos los detalles, todos los sucesos, todos los nombres, todas las sensaciones… de lo vivido durante su cautiverio en el Penal de Gorriti, su historia del exilio, sus luchas por la justicia, su apasionada búsqueda de caminos institucionales para mitigar los dolores del genocidio.
Debo decir que me impresionó siempre su entereza, su dignidad, su valor para relatar una y otra vez ese período negro de la historia argentina y hacerlo con firmeza, con precisión y una inmensa pasión por la verdad y la justicia. Sin venganza, sin extralimitaciones, sin intentar jamás infligir una calumnia o una injuria, sin agravios y, hasta diría, sin rencores.
Andrés fue un hombre excesivamente apegado a la juridicidad y por eso cauteloso en la investigación y en la revelación de los resultados. Tan cauteloso que sólo proveyó la lista de los represores y sus cómplices a la justicia, no quiso incorporarla a su libro de memorias “Historia de las violaciones a los derechos humanos en la Provincia de Jujuy – 1976 – 1983” tal vez porque no quiso que fuera usada como una herramienta de justicia popular o condena social, en tiempos de impunidad que eran un caldo de cultivo para la bronca. El sabía que llegaría el tiempo de la justicia, porque para eso trabajó y por suerte pudo ver este tiempo, pudo vivir la alegría de la derogación de las leyes de obediencia de vida y punto final, pudo asistir al juicio por la verdad, al reinicio de los juicios penales y pudo ver que las garantías judiciales que les fueron negadas a los desaparecidos, les fueron reconocidas a los represores, para quienes no quiso más que la condena que está prevista en las leyes.
A pesar de su historia personal, de la herida lacerante por Alcira, Andrés mantuvo siempre la calma. Tuvo una fortaleza y una integridad ejemplares. Nos enseñó a todos quienes compartimos la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, que el camino es árido pero que es posible llegar y que la utopía no es más que una verdad anticipada. Gracias por su valor, sus enseñanzas y su herencia. Que seamos capaces de vivirla
Lo recuerdo a Andrés aquella tarde de marzo de 2003, cuando comenzaba finalmente en Jujuy el Juicio por la Verdad, una conquista que alcanzamos para que la sociedad local pudiera conocer los horrores de la dictadura.
Andrés fue el primer testigo del juicio. Nuestro compañero Carlos Tilca que había pedido testimoniar antes de morir, no pudo llegar a la audiencia, el cáncer lo silenció. Entonces, quienes integrábamos el equipo de apoyo a los juicios volvimos a la idea original: convocar a Andrés para que iniciara este camino de reconstrucción de la historia de la represión. Nos parecía que la fuerza simbólica de este hombre de la cultura, sus conocimientos, su trabajo de investigación sobre derechos humanos y su historia personal, lo posicionaban como un testigo privilegiado para transitar el rompecabeza que, sabíamos, algún día nos iba a conducir a la justicia que reclamamos por los/as detenidos/as desaparecidos/as.
Andrés tuvo siempre una memoria prodigiosa, una memoria del detalle que volvía a sus relatos en historias sin final. Recuerdo sus apasionantes crónicas orales, llenas de información minuciosa que revestía un alto de grado de verdad porque eran el resultado de un trabajo con una enorme exigencia metodológica.
El día que comenzaba el juicio Andrés estaba sentado, con una enorme entereza y dignidad, en medio de la sala que habilitó el Juzgado Federal en la esquina de Ramírez de Velazco y San Martín. El hombre sentado frente al juez, el Dr. Mariano Wenceslao Cardozo, con firmeza relató historias de los sucesos ocurridos en Jujuy durante la década del 70. Historias de las que no sólo fue testigo directo sino de la que fue además víctima. Y nuevamente dijo su verdad, la misma que había expresado ya en estrados judiciales anteriores en Buenos Aires, en España, la misma que repetía con paciencia y sabiduría en las conferencia, paneles, entrevistas, en los diálogos informales...
Recuerdo que ese día cuando íbamos camino al Juzgado donde iba a comenzar el Juicio por la Verdad le dije a uno de los abogados del equipo jurídico, a Pablo Baca, que sentía una extraña sensación, tal vez contradictoria: estaba contenta por el avance que significaba iniciar el juicio por la verdad, pero al mismo tiempo sentía una enorme tristeza, que se me confundía con la culpa, porque Andrés iba a tener que volver a relatar -una vez más- su versión sobre la fatídica historia de la dictadura en Jujuy. Una dictadura que había dejado en Andrés y en Nélida, su esposa y compañera entrañable, una enorme herida: la desaparición de Alcira.
El extenso testimonio de Andrés duró poco más de cuatro horas y sólo terminó por decisión del juez, porque Andrés podía seguir hablando sin tiempo, ilimitadamente, recordando todos los detalles, todos los sucesos, todos los nombres, todas las sensaciones… de lo vivido durante su cautiverio en el Penal de Gorriti, su historia del exilio, sus luchas por la justicia, su apasionada búsqueda de caminos institucionales para mitigar los dolores del genocidio.
Debo decir que me impresionó siempre su entereza, su dignidad, su valor para relatar una y otra vez ese período negro de la historia argentina y hacerlo con firmeza, con precisión y una inmensa pasión por la verdad y la justicia. Sin venganza, sin extralimitaciones, sin intentar jamás infligir una calumnia o una injuria, sin agravios y, hasta diría, sin rencores.
Andrés fue un hombre excesivamente apegado a la juridicidad y por eso cauteloso en la investigación y en la revelación de los resultados. Tan cauteloso que sólo proveyó la lista de los represores y sus cómplices a la justicia, no quiso incorporarla a su libro de memorias “Historia de las violaciones a los derechos humanos en la Provincia de Jujuy – 1976 – 1983” tal vez porque no quiso que fuera usada como una herramienta de justicia popular o condena social, en tiempos de impunidad que eran un caldo de cultivo para la bronca. El sabía que llegaría el tiempo de la justicia, porque para eso trabajó y por suerte pudo ver este tiempo, pudo vivir la alegría de la derogación de las leyes de obediencia de vida y punto final, pudo asistir al juicio por la verdad, al reinicio de los juicios penales y pudo ver que las garantías judiciales que les fueron negadas a los desaparecidos, les fueron reconocidas a los represores, para quienes no quiso más que la condena que está prevista en las leyes.
A pesar de su historia personal, de la herida lacerante por Alcira, Andrés mantuvo siempre la calma. Tuvo una fortaleza y una integridad ejemplares. Nos enseñó a todos quienes compartimos la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, que el camino es árido pero que es posible llegar y que la utopía no es más que una verdad anticipada. Gracias por su valor, sus enseñanzas y su herencia. Que seamos capaces de vivirla
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20 de julio de 2008
MURIO ANDRES FIDALGO, EL POETA, EL JURISTA, EL MILITANTE
San Salvador de Jujuy, 20 de julio de 2008 (Agenda Pública) Hoy, 20 de julio, un día de memoria en Jujuy, Día Provincial de los Derechos Humanos, murió el Dr. Andrés Fidalgo, un destacado hombre de letras que ha marcado el campo cultural de Jujuy y ha sido además paradigma en la lucha por los derechos humanos en esta provincia del norte argentino.
Andrés había nacido en Buenos Aires el 7 de marzo de 1919, y a poco de recibirse de abogado llegó a Jujuy donde se afincó junto a Nélida Pizarro, su esposa con quien tendría sus dos hijas, Alcira (detenida desaparecida durante la dictadura militar) y Estela.
El Dr. Fidalgo tuvo una rica vida profesional, habiéndose desempeñado en la justicia provincial, como Juez de Instrucción, Fiscal de Cámara Penal y Vocal del Superior Tribuna.
Además fue un destacado poeta, escritor y ensayista. Entre sus múltiples obras se destaca su participación en la revista “Tarja”. Ejerció la docencia universitaria en la Facultad de Humanidades de la UNJu, de la cual era además docente honorario.
Las circunstancias históricas y políticas de la Argentina, con la irrupción del poder militar y la persecución ideológica que siguió a la instauración de la Doctrina de la Seguridad Nacional, lo tuvo como una de sus víctimas. Sufrió la cárcel, la persecución y el exilio en los 70 y posteriormente fue detenida desaparecida su hija Alcira, por quien buscó verdad y justicia en una incansable militancia.
Acompañó activamente el surgimiento de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy y asesoró a los organismos de derechos humanos. Su testimonio inauguró el Juicio por la Verdad en Jujuy, un hito en la historia contemporánea de los derechos humanos. Su trabajo por la justicia y por la memoria está plasmado en su libro sobre “Violaciones a los derechos humanos en la Provincia de Jujuy en los 70”.
Andrés también tuvo a su cargo la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades, una experiencia fundacional en Jujuy.
El mundo de la cultura, los organismos de derechos humanos, y la sociedad toda despedirá mañana a Andrés, el amigo, el poeta, al hombre que fue un ejemplo de justicia, dignidad y belleza.
Andrés había nacido en Buenos Aires el 7 de marzo de 1919, y a poco de recibirse de abogado llegó a Jujuy donde se afincó junto a Nélida Pizarro, su esposa con quien tendría sus dos hijas, Alcira (detenida desaparecida durante la dictadura militar) y Estela.
El Dr. Fidalgo tuvo una rica vida profesional, habiéndose desempeñado en la justicia provincial, como Juez de Instrucción, Fiscal de Cámara Penal y Vocal del Superior Tribuna.
Además fue un destacado poeta, escritor y ensayista. Entre sus múltiples obras se destaca su participación en la revista “Tarja”. Ejerció la docencia universitaria en la Facultad de Humanidades de la UNJu, de la cual era además docente honorario.
Las circunstancias históricas y políticas de la Argentina, con la irrupción del poder militar y la persecución ideológica que siguió a la instauración de la Doctrina de la Seguridad Nacional, lo tuvo como una de sus víctimas. Sufrió la cárcel, la persecución y el exilio en los 70 y posteriormente fue detenida desaparecida su hija Alcira, por quien buscó verdad y justicia en una incansable militancia.
Acompañó activamente el surgimiento de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy y asesoró a los organismos de derechos humanos. Su testimonio inauguró el Juicio por la Verdad en Jujuy, un hito en la historia contemporánea de los derechos humanos. Su trabajo por la justicia y por la memoria está plasmado en su libro sobre “Violaciones a los derechos humanos en la Provincia de Jujuy en los 70”.
Andrés también tuvo a su cargo la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades, una experiencia fundacional en Jujuy.
El mundo de la cultura, los organismos de derechos humanos, y la sociedad toda despedirá mañana a Andrés, el amigo, el poeta, al hombre que fue un ejemplo de justicia, dignidad y belleza.
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19 de julio de 2008
DIA PROVINCIAL DE LOS DERECHOS HUMANOS: DOCUMENTO DE MADRES Y FAMILIARES
“RECONSTRUIR LA HISTORIA CON LUCHA Y ESPERANZA"
San Salvador de Jujuy, 19 de julio de 2008. (Agenda Pública). La Asociación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, con motivo de conmemorarse este 20 de julio el Día Provincial de los Derechos Humanos -institucionalizado por Ley 5516- en memoria de los apagones ocurridos en Calilegua y Ledesma en julio de 1976, refirió los avances producidos en la búsqueda de justicia por las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura en la provincia de Jujuy.
Un documento firmado por las principales referentes de la organización, entre ellas Inés Peña, Mari Reales, Soledad López y Rosa Alcoba, precisó que “los principales responsables de los operativos de secuestro y desaparición de personas que están siendo juzgados por crímenes de lesa humanidad son Carlos Néstor Bulacio, (con arresto domiciliario) Donato Arenas( arresto domiciliario), Luciano Benjamín Menéndez( arresto domiciliario ) Domingo Bussi (a juicio oral cuyo comienzo es el 5 de agosto y en prisión preventiva con arresto domiciliario) y Rafael Mariano Braga, con prisión preventiva en el RI de Montaña 5º en nuestra ciudad y defendido por el abogado del foro local Dr Carlos Carrizo Salvadores, denunciado por su presunta participación en la Masacre de las Capillas en Catamarca”.
La organización convocó a “reflexionar sobre los alcances y desarrollo de los Derechos Humanos a más de veinte años de vida en democracia. Por ello desde el ejercicio de la “memoria” hoy podemos contraponer aquellos momentos en los que la condición humana fue llevada a la más aberrante denigración y desprecio por la vida de miles de desaparecidos, torturados y muertos .El ilimitado abuso del poder del Terrorismo de Estado fue ejecutado por las Fuerzas Armadas, policiales, federales, sectores de la Iglesia , civiles y partidos políticos y empresas como el Ingenio Ledesma que colaboraron desde el poder económico para planificar un país para pocos”.
“En la actualidad las derivaciones que permanecen de ese fogonazo autoritario se manifiestan en muchos aspectos de nuestra vida: como son la falta de solidaridad, el empobrecimiento social, cultural, económico, la discriminación en todos los aspectos, la exclusión laboral, y de una juventud que no se siente parte del proceso político y del desarrollo nacional. Un espíritu desarraigado de indolencia colectiva, un sentimiento de desesperanza, son las secuelas que operan paralizando la proyección de la sociedad y la viabilidad de mejores posibilidades para el país” evaluó Madres y Familiares.
En este aniversario que recuerda los apagones en la zona de Ledesma, en el marco de los cuales se produjeron cientos de detenciones ilegales, allanamientos, torturas y treinta desapariciones forzadas, “renovamos nuestro compromiso y lucha por la VERDAD, MEMORIA y JUSTICIA para que todos los genocidas sean juzgados y condenados , con la garantía de la defensa en juicio, en tribunales imparciales que garanticen un juicio justo y que sean condenados a prisión perpetua y en cárcel común”.
Finalmente la organización instó a reconstruir “la Historia, con lucha y esperanzas” y a reafirmar el “pleno de respeto a los Derechos Humanos”.
San Salvador de Jujuy, 19 de julio de 2008. (Agenda Pública). La Asociación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, con motivo de conmemorarse este 20 de julio el Día Provincial de los Derechos Humanos -institucionalizado por Ley 5516- en memoria de los apagones ocurridos en Calilegua y Ledesma en julio de 1976, refirió los avances producidos en la búsqueda de justicia por las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura en la provincia de Jujuy.
Un documento firmado por las principales referentes de la organización, entre ellas Inés Peña, Mari Reales, Soledad López y Rosa Alcoba, precisó que “los principales responsables de los operativos de secuestro y desaparición de personas que están siendo juzgados por crímenes de lesa humanidad son Carlos Néstor Bulacio, (con arresto domiciliario) Donato Arenas( arresto domiciliario), Luciano Benjamín Menéndez( arresto domiciliario ) Domingo Bussi (a juicio oral cuyo comienzo es el 5 de agosto y en prisión preventiva con arresto domiciliario) y Rafael Mariano Braga, con prisión preventiva en el RI de Montaña 5º en nuestra ciudad y defendido por el abogado del foro local Dr Carlos Carrizo Salvadores, denunciado por su presunta participación en la Masacre de las Capillas en Catamarca”.
La organización convocó a “reflexionar sobre los alcances y desarrollo de los Derechos Humanos a más de veinte años de vida en democracia. Por ello desde el ejercicio de la “memoria” hoy podemos contraponer aquellos momentos en los que la condición humana fue llevada a la más aberrante denigración y desprecio por la vida de miles de desaparecidos, torturados y muertos .El ilimitado abuso del poder del Terrorismo de Estado fue ejecutado por las Fuerzas Armadas, policiales, federales, sectores de la Iglesia , civiles y partidos políticos y empresas como el Ingenio Ledesma que colaboraron desde el poder económico para planificar un país para pocos”.
“En la actualidad las derivaciones que permanecen de ese fogonazo autoritario se manifiestan en muchos aspectos de nuestra vida: como son la falta de solidaridad, el empobrecimiento social, cultural, económico, la discriminación en todos los aspectos, la exclusión laboral, y de una juventud que no se siente parte del proceso político y del desarrollo nacional. Un espíritu desarraigado de indolencia colectiva, un sentimiento de desesperanza, son las secuelas que operan paralizando la proyección de la sociedad y la viabilidad de mejores posibilidades para el país” evaluó Madres y Familiares.
En este aniversario que recuerda los apagones en la zona de Ledesma, en el marco de los cuales se produjeron cientos de detenciones ilegales, allanamientos, torturas y treinta desapariciones forzadas, “renovamos nuestro compromiso y lucha por la VERDAD, MEMORIA y JUSTICIA para que todos los genocidas sean juzgados y condenados , con la garantía de la defensa en juicio, en tribunales imparciales que garanticen un juicio justo y que sean condenados a prisión perpetua y en cárcel común”.
Finalmente la organización instó a reconstruir “la Historia, con lucha y esperanzas” y a reafirmar el “pleno de respeto a los Derechos Humanos”.
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16 de julio de 2008
MARCHA A 25 AÑOS DEL APAGÓN
Para resistir el olvido de los apagones, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Ledesma junto a otras entidades reeditarán la tradicional marcha que une Calilegua y Libertador. Las cenizas de Olga González de Herrera, una de las fundadoras del grupo, serán depositadas en la Plaza de Libertador.-
San Salvador de Jujuy, 9 de julio de 2008. (Agenda Pública) Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Ledesma, la Comisión de ex Detenidos Políticos y el Centro de Acción Popular “Olga Aredez” (CAPOMA) anunciaron que el 24 de julio se realizarán en Libertador los actos centrales, a 32 años de los Apagones de Ledesma. Entonces, las entidades convocantes junto a diversas entidades de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas y culturales, volverán a rendir homenaje a las víctimas de la dictadura, redoblarán su reclamo por verdad y justicia y celebrarán los 25 años de lucha firme que vienen sosteniendo desde aquella primera marcha que tuvo entre sus protagonistas a dirigentes como Olga Márquez de Aredez y Eublogia Garnica, entre otras.
Las organizaciones convocantes precisaron que entre el 19 y el 24 de julio se desarrollarán las XXV Jornadas de Derechos Humanos del NOA que darán inicio el 19 en la noche con una vigilia en la plaza central de Libertador. En ese marco se proyectarán películas y se descubrirá una escultura en homenaje a las Madres fallecidas y por los 25 años de lucha.
Según el programa difundido, el 21 de julio se desarrollarán en Calilegua actividades como charlas y videos debate, mientras que el 22 de julio las Jornadas continuarán en Libertador con nuevas proyecciones, conferencias y charlas.
El 23 de julio, la jornada estará dedicada a los jóvenes de Libertador General San Martín. En efecto se desarrollarán talleres de murgas y marchas de la juventud por la memoria.
El día central, el 24 de julio, a las 10:00, en la Escuela Normal se desarrollará un acto donde se colocará una placa recordatoria de los sucesos y las víctimas.
La tradicional marcha que anualmente une Calilegua y Libertador saldrá a las 15:00, desde la primera localidad y efectuará una parada en el monolito de la memoria, donde se escucharán palabras, mensajes y se dará lectura a las adhesiones.
A las 18:00, ya en la Plaza central de Libertador se depositarán las cenizas de una de las madres fundadoras de Ledesma, Olga González de Herrera, madre de Nino Herrera, detenido desaparecido. Tras esto se desarrollará el acto central y a su término se realizará el Festival Solidario de la Memoria.
Por contactos o entrevistas:
Cel: 03886- 15460525 - 15555684
Ricardo Aredez: 011 - 4857-2769
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MEMORIA DE LOS APAGONES: 20 DE JULIO DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
San Salvador de Jujuy, 9 de julio de 2008 (Agenda Pública). El 20 de julio ha sido instituido por Ley 5516/06, como Día Provincial de los Derechos Humanos en memoria de las víctimas de los apagones que se sucedieron en Calilegua y Libertador en 1976 y durante los cuales se concretaron más de dos centenares de secuestros. Estos episodios forman parte de la historia de la represión militar en Jujuy y por ello han sido recuperados en la legislación citada.
En efecto, la Ley Nro 5516/06 –que fuera promovida por Pablo Baca- tuvo como objetivo inscribir en la narración histórica local uno de los hechos más significativos producidos en Jujuy durante la represión dictatorial y promover la adherencia al proyecto democrático y a la cultura de los derechos humanos.
Cabe indicar que los apagones figuran como las actuaciones de la dictadura de mayor incidencia, en relación con la densidad poblacional. En tal sentido, cabe recordar que más de 200 personas fueron detenidas en el mes de julio, durante operativos de fuerzas conjuntas realizados en el marco de cortes totales del servicio eléctrico. Treinta personas permanecen en calidad de detenidos desaparecidos. Estos apagones se iniciaron el 20 de julio y según se infiere de los datos recogidos por Reynaldo Castro en “Con vida los llevaron”, se habrían realizado en forma intermitente hasta el 27 de julio de 1976. (2)
La Ley 5516 estableció que los hechos memorados deben ser incorporados al calendario escolar, debiéndose realizar actos en las unidades educativas de todo los niveles, con el propósito de fortalecer el apego a los derechos humanos y a la democracia. A propósito vale resaltar que en el Calendario Escolar 2008, el Ministerio de Educación de la Provincia ha dispuesto que el 11 de julio se recuerde el Día Provincial de los DD.HH, dado el inicio del receso escolar.
Cabe destacar que la aprobación de la Ley 5516, que fue de coautoría de Baca y Miguel Tito- representó un importante avance en el proceso de institucionalización de los actos de memoria sobre el terrorismo de estado en Jujuy.
Notas:
1.- Fragmento del alegato del fiscal Luis Gabriel Moreno Ocampo en el Juicio a las Juntas (El Diario del Juicio, editorial Perfil, Año I, Nro 19, octubre de 1985).
2.- “Con vida los llevaron”. Memorias de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de San Salvador de Jujuy, Argentina. Ed. Universidad Nacional de Jujuy. 2da edición, Año 2008.
En efecto, la Ley Nro 5516/06 –que fuera promovida por Pablo Baca- tuvo como objetivo inscribir en la narración histórica local uno de los hechos más significativos producidos en Jujuy durante la represión dictatorial y promover la adherencia al proyecto democrático y a la cultura de los derechos humanos.
Cabe indicar que los apagones figuran como las actuaciones de la dictadura de mayor incidencia, en relación con la densidad poblacional. En tal sentido, cabe recordar que más de 200 personas fueron detenidas en el mes de julio, durante operativos de fuerzas conjuntas realizados en el marco de cortes totales del servicio eléctrico. Treinta personas permanecen en calidad de detenidos desaparecidos. Estos apagones se iniciaron el 20 de julio y según se infiere de los datos recogidos por Reynaldo Castro en “Con vida los llevaron”, se habrían realizado en forma intermitente hasta el 27 de julio de 1976. (2)
La Ley 5516 estableció que los hechos memorados deben ser incorporados al calendario escolar, debiéndose realizar actos en las unidades educativas de todo los niveles, con el propósito de fortalecer el apego a los derechos humanos y a la democracia. A propósito vale resaltar que en el Calendario Escolar 2008, el Ministerio de Educación de la Provincia ha dispuesto que el 11 de julio se recuerde el Día Provincial de los DD.HH, dado el inicio del receso escolar.
Cabe destacar que la aprobación de la Ley 5516, que fue de coautoría de Baca y Miguel Tito- representó un importante avance en el proceso de institucionalización de los actos de memoria sobre el terrorismo de estado en Jujuy.
Notas:
1.- Fragmento del alegato del fiscal Luis Gabriel Moreno Ocampo en el Juicio a las Juntas (El Diario del Juicio, editorial Perfil, Año I, Nro 19, octubre de 1985).
2.- “Con vida los llevaron”. Memorias de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de San Salvador de Jujuy, Argentina. Ed. Universidad Nacional de Jujuy. 2da edición, Año 2008.
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LA PRIMERA DETENCION EFECTIVA DE UN REPRESOR EN JUJUY
San Salvador de Jujuy, 2 de junio de 2008 (Agenda Pública). Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy e HIJOS Regional Jujuy aguardan con expectativa resolución del Juzgado Federal Nro 2 a cargo del Dr. Carlos Olivera Pastor, respecto a la petición efectuada para que el represor Mariano Rafael Braga, detenido en Jujuy, sea trasladado a una cárcel común y cese la “situación de privilegio” que -consideran los organismos- le ha sido otorgada al alojarlo en dependencias del GA 5. Igual solicitud ha sido realizada por el Fiscal Dr. Domingo Batule, quien interviene en la querella iniciada por la desaparición forzada y posterior asesinato de la docente Dominga Alvarez de Scurta. Braga además es acusado en por lo menos 23 expedientes iniciados por violaciones a los derechos humanos cometidas en Jujuy por la dictadura militar
Cabe indicar que representantes de las organizaciones junto a los letrados Paula Alvarez Carrera y Pablo Pelazzo se reunieron con el juez Olivera Pastor a quien le reclamaron que Braga sea alojado en la Penitenciaría federal.
En reciente conferencia de prensa, Inés Peña de Alvarez García, refirió que la detención de Braga constituye un avance importante en el proceso de búsqueda de justicia que llevan adelante desde hace 32 años familiares de las víctimas de la represión militar, y aclaró que si los organismos de derechos humanos fueron cautelosos en dar a conocer esta información, fue a los efectos de tomar todos los recaudos necesarios para no entorpecer la labor de la justicia.
La representante de HIJOS; Eva Arroyo, explicó que Rafael Mariano Braga en 1976 era un “Teniente que pertenecía al GA 5 y trabajaba en el Area Registro, Enlace e Inteligencia que funcionaba en predios del RIM 20”. Braga –destacó- “cumplía un rol clave dentro de esa Area que esta destinada a realizar el enlace entre las diferentes fuerzas de seguridad (Policía, Gendarmería, Ejército, Servicio Penitenciario).
La dirigente de HIJOS puso de relieve que Braga se desempeñó en esa área durante el “año más duro de la represión en Jujuy, 1976” y por ello está mencionado en diversos expedientes por desaparición forzada de personas señaladas por tener una actividad política en la provincia”. Además fue reiteradamente mencionado como responsable de las prácticas represivas en el Juicio por la Verdad, un habeas data que se tramita en el Juzgado Federal Nro 1 a cargo del Dr. Mariano Wenceslao Cardozo.
Claudia Scurta, hija de la docente Dominga Alvarez Scurta secuestrada en 1976, indicó que Braga es el responsable del destino de su madre, cuyo cuerpo fue finalmente encontrado a principio de los 80. La querella penal por Alvarez Scurta es una de las causas más avanzadas. “Es el único caso donde aparece el cuerpo, se sabe el nombre de los represores, quienes secuestraron y quienes la mataron y que su cuerpo apareció en zona del GAM 5, de manera que esperamos que pronto se eleve a juicio oral y se dicte una condena para los responsables, entre ellos Braga”.
Scurta apreció que “pareciera que la Justicia le da prioridad a los represores y genocidas, porque se les garantiza toda la seguridad, se busca que estén en condiciones de detención beneficiosas y finalmente así se los protege, mientras muchas de nosotras estamos amenazadas y con custodia”.
La abogada de la causa Scurta, Dra. Paula Alvarez Carrera, explicó que Braga fue citado para prestar declaración indagatoria por los hechos de los que fue víctima Dominga Alvarez de Scurta, tras lo cual quedó detenido en el GA 5. En esa causa hasta el momento fueron citados además de Braga, Luciano Benjamín Menéndez, responsable del Tercer Cuerpo de Ejército y Donato Arenas, quienes actualmente cumplen prisión domiciliaria en otras provincias.
“Tanto el fiscal Dr. Batule como la parte querellante, solicitaron al Juez que ordene el traslado de Rafael Mariano Braga a una cárcel común” dijo y explicó que corresponde esto porque “quien investiga es la Justicia Federal y no la justicia militar, y estamos frente a un delito federal y no frente a un delito que corresponda al fuero militar”.Además, agregó la abogada, “el hecho de que esté alojado en el GA 5 constituye una suerte de privilegio porque Braga prestó servicios justamente en ese lugar, donde se encuentran sus camaradas”.
Puso de relieve la Dra. Alvarez Carrera que otro elemento que se merituó en la solicitud de cárcel común para Braga, es el antecedente del caso Febrés, cuya muerte se investiga. En ese caso existen diversas sospechas, por una parte la del suicidio y por otra, la del asesinato corporativo para que nos rebelen cuestiones que pudiera incriminar a otros militares.
“Entendemos que puede correr peligro la integridad de Braga, lo cual entorpecería la causa y podría evitar la dilucidación de los hechos que se investigan, por eso entendemos que Braga debe ir a una cárcel común, del fuero federal”.
Cabe indicar que el equipo jurídico que patrocina las querellas por violaciones a los derechos humanos ha solicitado que Braga preste declaración indagatoria en las causas de las desapariciones forzadas de Julio Rolando Alvarez García, alias “Pampero”, entre otras.
Nota: se adjunta foto de la conferencia de prensa
Por contactos o entrevistas dirigirse a :
Dra. Paula Alvarez Carrera 0388 154720853
Eva Arroyo (HIJOS) 0388 4262930 – 154078075
Inés Peña de Alvarez García 0388 4257595
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UN PRONUNCIAMIENTO DE LOS EX PRESOS POLITICOS
San Salvador de Jujuy, 30 de mayo de 2008 (Agenda Pública) La Asociación Jujeña de Ex Presos Políticos, participó recientemente del Encuentro Nacional de Ex Presos que tuvo lugar en Capital Federal. Una delegación de 10 miembros de la institución que preside el dirigente Hugo Condorí, intervino en los debates y en la formulación de un documento donde se plasman las posturas de este colectivo.
En ese marco, además se constituyó una Comisión de Enlace que se reunirá el 7 de junio próximo en la ciudad de Córdoba. Dicha Comisión quedó integrada por un representante de cada provincia y un representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Agenda Pública reproduce a continuación el documento emitido en Capital Federal:
Ciudad Autónoma de Bs. As., 24 de Mayo de 2008
Quiénes somos:
Las ex presas y ex presos políticos nos manifestamos en primer lugar como militantes del campo popular, particularmente participantes de las luchas de los años 60/70, que nuestro pueblo emprendiera por la liberación social y nacional, la unidad latinoamericana, la distribución de la riqueza y la plena participación del pueblo en todos los aspectos de la vida política.
Ayer fuimos objeto de la represión genocida. Somos sobrevivientes de una generación arrasada por la oligarquía, los grupos económicos y el Terrorismo de Estado.
Hoy, Tras un largo camino que, a veces en conjunto otras individualmente seguimos en pos de recuperar nuestra vida social, familiar, productiva y como sujetos de derecho, con la misma identidad militante, elevamos nuestra voz en defensa de la institucionalidad democrática, el protagonismo popular, los derechos humanos, la soberanía nacional y la unidad con los pueblos de América Latina.
Nuevos tiempo en América Latina:
A los largo de nuestro continente se sucede el advenimiento de gobiernos marcados por el apoyo popular, la asunción de banderas de soberanía, de unidad latinoamericana, recuperación del patrimonio nacional y distribución de la riqueza, tal como quisieran nuestros próceres, San Martín, Bolívar, Artigas y otros.
Ante este avance, impensado un lustro atrás, la reacción resurge en diversas formas de desestabilización y agresión tales como el secesionismo en Bolivia, la invasión de territorio venezolano y ecuatoriano, por parte de gobierno títere de Colombia, el asesinato político y otras, tales como el lock out patronal sojero en Argentina.
Cada una de estas acciones, tendientes a recuperar terreno para la derecha neoliberal y minar a los gobiernos democráticos, es justificada, reproducida y ampliada por la mayoría de los medios de comunicación, que actúan como verdaderos partidos de la reacción y los privilegios. Estos monopolios de la desinformación y la deformación de opinión, reproducen una y otra vez en diarios y TV las escenas de un paro patronal, mientras se silencian o minimizan los reclamos populares.
Memoria y Justicia:
En nuestro país es evidente el avance que significa la prisión y juzgamiento de centenares de genocidas, la multiplicación de espacios de memoria y la apropiación popular de sitios que ayer sirvieron de campos de exterminio a lo largo de nuestro país.
Por ello vemos necesario que estos avances se profundicen en el sentido de:
- Acelerar los juicios a los genocidas
- Proteger a los querellantes y testigos.
- despenalizar la protesta, las situaciones de exclusión y sus consecuencias,
- depurar las fuerzas de seguridad de sus elementos genocidas y corruptos,
- Concluir y profundizar las medidas reparatorias para las víctimas del terrorismo de Estado.
Ante el paro patronal
Ninguna recuperación popular será posible dejar si sigue la campaña que se expresa centralmente en el actual lock out patronal. Los cortes de ruta, el desabastecimiento, la retención de granos, las requisas de mercadería y el resto de las acciones desplegadas contra la mayoría de los argentinos, más allá de las intenciones que puedan tener algunos sectores que les sirven de base de maniobra, es una medida retrógrada, desestabilizadora y que atenta contra la institucionalidad democrática.
Revindicamos el derecho del gobierno a establecer las retenciones móviles a las exportaciones, ya que son una herramienta antinflacionaria, redistributiva y desalentadora de los monocultivos, y que posibilita mantener todos los alimentos en un precio accesible para la población.
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15 de julio de 2008
ESPECIAL 24 DE MARZO (Segunda parte)
AVANCES EN LAS CAUSAS POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS COMETIDAS DURANTE LA DICTADURA MILITAR EN JUJUY
San Salvador de Jujuy, 22 de marzo de 2008 (Agenda Pública). El esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura militar en la Provincia de Jujuy y la condena de los responsables, es aún una tarea pendiente. Sin embargo, a 32 años del inicio de la dictadura es oportuno señalar los avances producidos, merced a la sistemática labor de los organismos de derechos humanos como Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, HIJOS y ex presos, que no cesaron en su reclamo de justicia.
Si bien desde las primeras desapariciones forzadas registradas en Jujuy, los familiares comenzaron a exigir justicia, las leyes de obediencia debida y punto final y posteriormente los indultos asestaron un duro golpe contra los intentos por promover el juicio y castigo a los responsables de las violaciones a los derechos humanos.
En Jujuy fue con motivo de los 25 años del Golpe, el 24 de marzo 2001, que se produzco un hecho decisivo en la justicia: la presentación donde se solicitó el in icio del Juicio por la Verdad que si bien –ante la vigencia de las leyes de la impunidad- no podía producir condenas, fue una instancia que buscó hacer efectivo el derecho al cuerpo y al duelo de los familiares y el derecho de toda la sociedad a conocer la verdad de lo sucedido durante la dictadura en Jujuy. (Ver nota más abajo).
Los juicios penales, es decir con posibilidad de condenar y encarcelar a los represores, se reactivaron después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2005, declarara la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final.
En la provincia de Jujuy, el 23 de marzo de 2006 el CODESEDH, un organismo nacional, inició una serie de querellas por desapariciones forzadas, entre ellas la del Dr. Luis Aredez, ex Intendente de Libertador General San Martín. Ese mismo año, el 14 de agosto se presentaron las querellas por las desapariciones de Dominga Alvarez de Scurta, Osvaldo Giribaldi, Eulogio Villada y Julio Rolando Alvarez García. En diciembre de 2006 se iniciaron las causas por las desapariciones de Elías Juan Toconás, Cresente y Paulino Galián, Vicente Cosentini, Juan Angel Robles y Domingo Reales.
Posteriormente, el 24 marzo de 2007 se presentó la querella por las desapariciones forzadas de Domingo Horacio y Miguel Angel Garnica.
Cabe indicar que en octubre de 2003, el Fiscal Federal, Dr. Domingo Batule, solicitó la inconstitucionalidad de las leyes del perdón y la instrucción penal de todos los expedientes judiciales radicados con motivo de desapariciones forzadas en Jujuy. La solicitud del Fiscal fue elevada a la Cámara Federal de Salta, que resolvió finalmente la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Un antecedente que abonaría el largo camino que terminó con el histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2005.
Con el fallo de la Cámara de Salta se ordenó el inicio de las causas por todas las desapariciones forzadas ocurridas en Jujuy. No obstante, los familiares de las personas antes mencionadas, se presentaron como querellantes para impulsar los juicios.
Estas causas se encuentran radicadas en Juzgado Federal Nro 2, a cargo del Dr. Carlos Olivera Pastor. Vale destacar que hace poco más de un año en ese Juzgado se habilitó una Secretaría ad hoc para entender en las violaciones a derechos humanos, designándose a tal efecto al Dr. Federico Zurueta.
Los abogados de los familiares de detenidos desaparecidos son los Dres. Pablo Pelazzo, Néstor Ariel Ruarte y Paula Carolina Alvarez Carreta.
ESTADO DE LAS CAUSAS
Hasta el momento, el Juzgado Federal Nro 2 ordenó tres indagatorias. La primera de ellas fue a Donato Arenas, quien se desempeñara como Jefe de Policía de la Provincia de Jujuy durante el período analizado. Posteriormente, en septiembre de 2007 se concretó la indagatoria a Luciano Benjamín Menéndez, Jefe del Tercer Cuerpo de Ejército. En esa oportunidad debía declarar también Domingo Antonio Bussi quien se excuso por razones de salud, además su defensa solicitó que la indagatoria se concrete en Córdoba, hecho que no se ha producido hasta el momento.
Tanto Arenas como Menéndez gozan actualmente del beneficio de prisión domiciliaria, por las causa madre de Jujuy que es la de Dominga Alvarez de Scurta.
Los organismos de derechos humanos observaron la lentitud de los procesos, ya que entienden que con las pruebas existentes en los casos Alvarez de Scurta y Alvarez García, existen motivos fundados para convocar a nuevas indagatorias.
Después de la indagatoria a Luciano Benjamín Menéndez que generó una importante movilización de organizaciones sociales y que derivó en algunos incidentes, el Juzgado Federal Nro 2 paralizó las indagatorias.
En efecto, el Juzgado solicitó a la Cámara Federal de Salta un instructivo para que se determine como continuar con las indagatorias en un marco de seguridad que evite nuevos incidentes como los registrados a propósito de la indagatoria a Menéndez. Esta cuestión pasó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se encuentra para su resolución. Los abogados de las organizaciones señalaron que toda esta situación no ha sido notificada formalmente por el Juzgado.
Los organismos entienden que la decisión de continuar con las indagatorias debe ser una decisión política del Juzgado que ya cuenta con los elementos necesarios para permitir el avance de las causas. Una interpretación de los organismos de DD.HH. de esta parálisis de las causas, radica en que cerca del 90 % de la personas que podrían ser convocadas a indagatorias tienen menos de la edad prevista en el Código Penal, para acceder al beneficio de la prisión domiciliaria.
Además indicaron que tienen conocimiento que el Fiscal ha solicitado la detención de por lo menos 10 personas más, pero aún el Juzgado no ha resuelto esta cuestión.
Es oportuno resaltar que tanto la prisión domiciliaria concedida a Donato Arenas y a Luciano Benjamín Menéndez fueron apeladas por los abogados de los querellantes de Jujuy, pero aún no se ha expedido al respecto la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.
La Unidad Fiscal Nacional especialidad en violaciones a los derechos humanos, a cargo del Dr. Jorge Auad, remitió recientemente un instructivo a la Fiscalía del Juzgado Federal de Jujuy para que se eleven a juicio oral las causas, y al mismo tiempo solicitó que se defina un criterio para unificar las causas, a los efectos de acelerar la administración de justicia.
Por contactos o entrevistas dirigirse a:
Dr. Pablo Pelazzo (abogado de la causa Garnica- Integrante del Equipo Jurídico del Juicio por la Verdad y de las querellas penales contra los represores)
Tel 0388 4264477 o 0388 154075993
Dra. Paula Alvarez Carreta (causa Scurta - abogada de las querellas penales)
Tel. 0388 154720853
Dr. Néstor Ariel Ruarte (abogado de las querellas penales)
Tel. 0388 154076150
EL JUICIO POR LA VERDAD
La verdad sobre las flagrantes violaciones a los derechos humanos cometidas en Jujuy durante la dictadura militar, fue reclamada el 22 de marzo de 2001por los/as familiares de detenidos/as de Jujuy quienes junto a diversos organismos de derechos humanos, entre ellos Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy y Ledesma, HIJOS, Memoria Permanente y la Comisión de Derechos Humanos de la UNJu, se presentaron ante el Tribunal Oral Federal con asiento en San Salvador de Jujuy para reclamar esta verdad que había sido silenciada por las leyes de obediencia debida y punto final que evitaron el juzgamiento de la mayoría de los responsables de los secuestros, torturas y desapariciones.
A 25 años del golpe inaugurado por la Junta Militar presidida por Jorge Rafael Videla, los/as familiares y los organismos de derechos humanos, presentaron la demanda para que en Jujuy se iniciaran los Juicio por la Verdad, demanda que incorporó una Declaración de Apoyo a los Juicios firmada por cerca de un centenar de instituciones y ciudadanos/as.
Dicha Declaración afirmaba que “es obligación del Estado, a través del Poder Judicial, arbitrar todas las medidas para hacer efectivo el derecho a la verdad que implica conocer lo ocurrido con los/as detenidos/as desaparecidos/as y el destino final de sus cuerpos y agregaba que “es un deber moral, cívico y ético ayudar al esclarecimiento de la verdad, porque a través de ella podemos conocer nuestra historia y consolidar la identidad colectiva”.
Esa declaración que contiene importantes considerandos donde se precisan los avances jurídicos producidos en el campo de los derechos humanos, fue rubricada por la Diócesis de Jujuy, la Prelatura de Humahuaca, Consejo Superior de la Universidad Nacional de Jujuy ; el Decanato de la Facultad de Humanidades, Comisión de Derechos Humanos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Colegio de Ingenieros, Colegio de Arquitectos, Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (ADIUNJU), Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Jujuy (APUNJU), Asociación de Educadores Provinciales (ADEP), Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS), SEOM, ATE/CTA, Asociación de Mujeres Periodistas, Fatpren Jujuy, APUAP, ONG Juanita Moro, Fundación S XXI, Fundación Dar. Lo.Cab, entre otras instituciones y por centenares de personas que en forma individual adhirieron a la búsqueda de la verdad.
Posteriormente el Consejo Deliberante de San Salvador de Jujuy se sumó al apoyo a los juicios y uin proyecto legislativo fue presentado en la Legislatura con el objeto de lograr el pronunciamiento del cuerpo sobre este tema.
¿QUE SON LOS JUICIOS POR LA VERDAD ?
Los juicios por la verdad tienen dos objetivos: morigerar el sentimiento de los/as familiares de losa/s desaparecidos/as, cuyo estado de incertidumbre equivale a la tortura por ser un tormento permanente y continuado,y reconocer el derecho a la información que tiene la sociedad de saber qué sucedió en su provincia, en su país. Los ciudadanos tienen que saber por qué hubo terrorismo de Estado y por qué se tomó como “blanco” a la población, para que como sujeto colectivo social pueda elaborar los anticuerpos que eviten su repetición, fundamento de una democracia verdadera.
LA DEMANDA
La demanda para que se iniciaran en Jujuy los juicios por la verdad fue presentada con el patrocinio letrado de los Dres. Pablo Baca, Miguel Fiad y las Dras. Liliana Estrada y Alicia Chalabe. Allí se solicitó al Tribunal Oral Federal, integrado por los Dres. Mario Masaccessi, Rodolfo Echazú y René Casas que realizara las investigaciones conducentes para la averiguación de la verdad real sobre los hechos ocurridos durante la dictadura.
La presentación se concretó en el Tribunal Oral ya que éste ejerce en el ámbito de la Provincia de Jujuy la competencia que corresponde a las Cámaras Nacionales en lo Criminal y Correccional Federal.
Siendo así, resultaba competente para entender en la causa, en virtud del compromiso firmado por el Estado Nacional con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el día 19 de noviembre de 1999 en la ciudad de Buenos Aires, por el que el Estado Argentino se comprometió a garantizar el derecho a la verdad de los familiares de detenidos desaparecidos.
La demanda buscaba conocer las circunstancias de las desapariciones de: Julio Rolando Alvarez García; Paulino Prudencio Galián; Cresente Galián, Jaime Rafael Lara Torres; Jorge Ernesto Turk; Armando Tilca Barreix; Carlos Eulogio Villada; Dominga Sarmiento Alvarez de Scurta; Esteban Alcoba; Juan Angel Robles; Luis Ramón Aredez; Guillermo Genaro Diaz; Carlos Alberto Diaz y Juan Carlos Arroyo;
Finalmente, después de que el Tribunal Oral Federal se declarara incompetente, la Cámara Federal de Apelaciones con asiento en Salta, resolvió que el Juicio por la Verdad debía tramitarse en Jujuy en el Juzgado Federal Nro 1, a cargo del Dr. Mariano Wenceslao Cardozo y se resolvió también que el juicio se desarrollara con la modalidad de audiencias públicas.
Las audiencias se iniciaron con el testimonio del Dr. Andrés Hidalgo, tras lo cual se sucedieron una serie de testimoniales de familiares de detenidos desaparecidos, así como de miembros de las fuerzas de seguridad de la provincia y de la Penitenciaría de Gorriti.
El Juicio por la Verdad durante el año 2007 no registró avances, tal vez infieren los organismos, por la justicia resolvió privilegiar los juicios penales que permitirán la condena a los responsables de los delitos de lesa humanidad. No obstante abogan para que se reactive este Juicio, porque su modalidad de audiencia pública, permite presenciar los testimonios a toda la sociedad y es una herramienta para fortalecer la memoria.
Por entrevistas o contactos:
Miembros del primer equipo jurídico del Juicio por la Verdad
Dr. Pablo Baca: 0388 4228810 o 154045810
Dra. Alicia Chalabe 0388 154148448
A 32 AÑOS DEL GOLPE DEL ‘76 ADHESION DE APYME
San Salvador de Jujuy, 22 de marzo de 2008 (Agenda Pública). A 32 años del golpe militar del ’76, que cobró las vidas de 30.000 desaparecidos, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios –Filial Jujuy- dio a conocer un documento donde reafirma su compromiso en la lucha por la verdad, la memoria y la justicia, y sostiene su accionar para revertir los efectos económicos, sociales y culturales de ese período que aún subsisten.
“Con el terrorismo de Estado, se establecieron las condiciones para el desarrollo del modelo neoliberal, con Martínez de Hoz como figura ejecutora, que llevó a la destrucción de gran parte de la industria nacional y con ella de miles de pequeños y medianos empresarios de la ciudad y el campo”, resaltó la en tidad.
Tras el auge neoliberal de los ’90 y la crisis de 2001, “ese modelo se ha venido revirtiendo. Es necesario continuar profundizando el cambio, evitar el proceso de concentración y extranjerización de la economía y garantizar una mejor distribución del ingreso”.
Consideró Apyme Jujuy que “desde el gobierno se dispusieron medidas significativas que fueron reclamadas por las organizaciones sociales y de derechos humanos en su histórica lucha. Los remanentes de los grupos de tareas y sus sucesores continúan intimando y se perpetró la desaparición del testigo Jorge Julio López”.
Confluyendo en lo esencial con las posiciones de organismos y amplios sectores sociales, culturales y políticos que se movilizarán reclamando por la vigencia de los derechos humanos y juicio y castigo a los culpables, APYME convocó a los pequeños y medianos industriales, comerciantes, productores, prestatarios de servicios y cuentapropistas, a participar en las actividades y marchas por la verdad, la memoria y la justicia.
Por contactos y entrevistas:
Hugo Condorí (APYME Jujuy) 0388 4243803 o 154088037
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ESPECIAL 24 DE MARZO
LOS ACTOS A 32 AÑOS DEL GOLPE DE 1976
“PARA MANTENER LA MEMORIA, ENRIQUECER LA VERDAD Y CONSTRUIR LA JUSTICIA”
San Salvador de Jujuy, 22 de marzo de 2008 (Agenda Pública). La Línea Histórica de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, H.I.J.O.S. (Hijos e hijas por Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) Regional Jujuy, A.J.E.P (Asociación Jujeña de Expresos/as Políticos) junto a más de cincuenta organizaciones, con motivo de conmemorarse 32 años del Golpe militar de 1976, realizarán este lunes los actos centrales de la recordación, bajo el lema “Para mantener la memoria, enriquecer la verdad y construir la justicia”.
Las organizaciones precisaron que el acto está previsto para las 17:30 en el Parque de la Memoria ubicado en acceso sur, mientras que a las 19:00 partirá la marcha desde Plaza Belgrano.
“PARA MANTENER LA MEMORIA, ENRIQUECER LA VERDAD Y CONSTRUIR LA JUSTICIA”
San Salvador de Jujuy, 22 de marzo de 2008 (Agenda Pública). La Línea Histórica de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, H.I.J.O.S. (Hijos e hijas por Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) Regional Jujuy, A.J.E.P (Asociación Jujeña de Expresos/as Políticos) junto a más de cincuenta organizaciones, con motivo de conmemorarse 32 años del Golpe militar de 1976, realizarán este lunes los actos centrales de la recordación, bajo el lema “Para mantener la memoria, enriquecer la verdad y construir la justicia”.
Las organizaciones precisaron que el acto está previsto para las 17:30 en el Parque de la Memoria ubicado en acceso sur, mientras que a las 19:00 partirá la marcha desde Plaza Belgrano.
Acompañan a los organismos históricos de derechos humanos la Red por el Derecho a la Identidad Filial Jujuy, Grupo de Abogados/as de Derechos Humanos, APyME, Comisión de Asociados Banco Creedicoop, Pueblo Originario "Llankaj Maki", PCR, CCC, Multisectorial de la Mujer, Comisión de Derechos de la Universidad Nacional de Jujuy, Área Interdisciplinaria de Estudios de la Mujeres y de Genero de la FHyCS, Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista, Centro de Estudiante de Facultad de Ciencias Agrarias, Corriente Estudiantil de Agrarias. Juventud Socialita del MST, Frente Estudiantil de Lucha "En Clave Roja", PTS; A.D.E.P, MTL, PC, CTA, ATE, Agrupación Barrial Tupac Amariu, Gremio Judiciales de Jujuy, A.M.M.A.R, S.I.T.T.A.J, Asociación de Vendedores Ambulantes A.B.A, Asociación Discapacitados "16 de Noviembre", A.D.I.U.N.Ju, Centro Educativo "German Abdala",Colegio "Olga Aredes", entre otros
Los organismos de derechos humanos y las agrupaciones y entidades que adhieren a la recordación, concretaron ayer una muestra de fotos en la Plaza Belgrano, mientras que hoy domingo, desde las 18:00 en Plaza Belgrano se prevé un acto musical y cultural, en Plaza Belgrano, organizado por Jóvenes por la Memoria, la Verdad y la Justicia..
Mañana lunes, a las 15:00 en la Plaza de los Inmigrantes habrá una movida cultural organizada por el Grupo Cultural "Pachaniwan", actividad que antecederá al acto que comenzará a las 17:00 en el Parque de la Memoria. A su término se desarrollará la marcha que partirá desde Plaza Belgrano, a las 19:00.
Las actividades continuarán el martes 25, a las 8:30, en la Escuela Marina Viste con un Taller de reflexión, impulsado por los profesores del establecimiento.
El jueves, 27 de marzo, a las 19: 00, en la Dirección de Cultura de la UNJU, ubicada en Avda Bolivia 1323, se presentará la reedición del libro “Con vida los llevaron” de Reynaldo Castro. Como antesala, se presentará la obra de teatro ¡PRESENTES!, interpretada por el Grupo de Danza Teatro "Senda", con la dirección de Victoria Mamaní.
PORQUÉ LAS DEMANDAS DE MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA
En un documento emitido a 32 años del Golpe, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Lujuy, Línea histórica, HIJOS, la Asociación Jujeña de ex Presos Políticos, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Calilegua, Ledesma y Tumbaya, ratificaron su “exigencia de Memoria, Verdad y Justicia”.
“En estos 32 años de lucha sostenida, hemos logrado importantes avances. Particularmente, en distintos puntos del país, en el último tiempo, la derogación y la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, permitió la reapertura de las causas penales contra los represores, obteniéndose condenas históricas, que identifican sus delitos como de lesa humanidad, en el marco de un genocidio. También se reabrieron las causas por apropiación de bebés y sustracción de identidad, recuperando, hasta hoy, 88 nietos”, señalaron
En relación a nuestra a provincia, destacaron que “hemos obtenido los siguientes logros:
Iniciamos el juicio por la Verdad Histórica y el Derecho al Duelo, la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, lo que nos permitió reiniciar las causas penales contra los responsables del genocidio en Jujuy
Conseguimos remover, de distintas reparticiones estatales, a nefastos personajes, que ayer fueron ejecutores del terrorismo de estado y hoy aparecieron reciclados en funcionarios públicos o contratistas privados como el caso de Hugo Armando Ruiz Director del Instituto Superior de Seguridad Publica (ex - Escuela de Policía); como Luís Alberto Morales Director de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy., y también la anulación del contrato, por el cual la agencia de seguridad privada “Génesis”, perteneciente a José Américo Lescano prestaba sus servicios en el Hospital Pablo Soria y el Instituto de Vivienda.
Concretamos diversas publicaciones documentales, como el libro “Con Vida los Llevaron”, la edición de la revista “Nadie Olvida Nada”, los videos “Retazos de la Memoria” y “Nadie Olvida Nada”, y aportamos nuestros testimonios e investigaciones para el libro ”Memorias del Apagón”, no sólo para que no vuelvan a suceder este tipo de hechos dolorosos, sino para saber quienes fueron los desaparecidos jujeños y quienes fueron y seguirán siendo los secuestradores y asesinos que hoy están libres
Los organismos explicaron que “seguimos exigiendo VERDAD porque sentimos la necesidad de cumplir con una responsabilidad insoslayable, para que las futuras generaciones conozcan acerca del terrorismo de estado, de las arbitrariedades del poder y de la alevosía de sus crímenes fomentando, así, la valoración del estado de derecho y profundizando sus principios”.
“Buscamos verdad también porque es necesario poner en evidencia los fundamentos económicos, políticos e ideológicos de la brutal represión, sin olvidar como Estados Unidos alentó políticas dictatoriales en América Latina, especial y sistemáticamente, durante la décadas del 60 y 70, apoyándose en las fuerzas armadas locales. En el caso de nuestro país, estos trágicos acontecimientos alcanzaron su punto máximo en la última dictadura, toda vez que, apoyadas por minorías antidemocráticas, representantes de claros intereses sectoriales, tomaron por asalto el poder, en forma reiterada desde principios del siglo XX”.
“¿Por qué decimos MEMORIA? Porque la difusión de nuestros testimonios, aunque dolorosa, debe contribuir a que no se repita, nunca más, la ignominia que deriva del autoritarismo, para que nadie, en este país, deba atravesar por semejantes circunstancias. Y porque mantener presentes a nuestras compañeras y compañeros es rescatarlos de la más terrible de las desapariciones: el olvido de sus proyectos, sus luchas, sus alegrías y utopías”.
“¿Por qué decimos JUSTICIA? Porque ratificamos nuestro compromiso con la demanda de JUICIO y CASTIGO a todos los responsables del genocidio en la Argentina. Porque condenamos las vacilaciones de la dirigencia política de los gobiernos constitucionales, como el de Alfonsín, que dictó las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y el de Menem, con sus decretos de indulto. Estos traspiés que sufrimos, lejos de atenuar nuestra lucha, la acrecentaron hasta conseguir su derogación y anulación”.
“Pedimos Justicia porque los genocidas son criminales, de delitos de lesa humanidad, que no prescriben y deben ser juzgados por la justicia ordinaria, cumpliendo sus condenas en forma efectiva y en cárceles comunes, sin lujos ni privilegios. Y porque la impunidad vulnera la dignidad humana”
LAS DEUDAS EN LA PROVINCIA DE JUJUY
Los organismos históricos de derechos humanos exigieron en el documento la aceleración de los JUICIOS PENALES, radicados en el Juzgado Federal Nº 2 y la inmediata indagatoria y posterior detención de todos los genocidas y cómplices civiles, entre ellos, los dueños de la Empresa Ingenio Ledesma y Mina El Aguilar.
También pidieron el sinceramiento de la jerarquía de la Iglesia y expresaron su repudio a la participación de algunos de sus representantes, como Monseñor Miguel Medina, Obispo de Jujuy durante ese período, quien fuera ejecutor la represión ilegal en nuestra provincia.
Exigieron asimismo la cesantía de funcionarios de la dictadura militar, que hoy continúan en cargos públicos y la inhabilitación de por vida para el acceso de los mismos. Y sobre todo, exigieron que se deje sin efecto la designación del abogado Sergio Marcelo Jenefes como vocal del Superior Tribunal de Justicia, por haber sido funcionario del gobierno militar de Urdapilleta, en 1976.
Otra de las demandas planteadas por los organismo es la creación de la Comisión Provincial por la Memoria en el ámbito legislativo, para la promoción de políticas públicas de Memoria; una clara política pública sobre los “Sitios de la Memoria”; que se abran los archivos de inteligencia de la dictadura; el desmantelamiento del aparato represivo; que el gobierno haga efectivos sus pronunciamientos en la defensa de los Derechos Humanos y su reivindicación de los desaparecidos, implementando políticas públicas que combatan la exclusión social y garanticen la plena vigencia de todos los derechos económicos, sociales, políticos y culturales.
Por mayor información o entrevistas dirigirse a:
María Eva Arroyo (HIJOS) 0388 4262930 o 154078075
Inés Peña de Alvarez García (Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy) 0388 4257595
Dr. Pablo Pelazzo (Integrante del Equipo Jurídico del Juicio por la Verdad y de las querellas penales contra los represores) 0388 154075993
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