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9 de diciembre de 2008

A 60 AÑOS DE LA APROBACION DE LA DECLARACION UNIVERSAL DE DD.HH: JAVIER GARIN PRESENTA SU MANUAL POPULAR DE DERECHOS HUMANOS

San Salvador de Jujuy, 9 de diciembre de 2008 (Agenda Pública).Este miércoles, 10 de diciembre, a las 19:00, en el Aula Magna de la Facultad de Humanidades de la UNJu, el jurista Javier Garín presentará su publicación “Manual popular de derechos humanos”, en el marco del programa organizado por las entidades históricas de derechos humanos, para celebrar los 60 años de la aprobación de la Declaración Universal de DD.HH.
Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Jujuy, Red por el Derecho a la Identidad (Filial Jujuy), H.I.J.O.S. (Regional Jujuy), Asociación Jujeña de Ex Presos Políticos y la Comisión de Derechos Humanos de la UNJu, precisaron que Garín –quien estuvo ayer en la ciudad de San Pedro- se presentará este jueves, a las 11:00, en el Museo Municipal de Libertador General San Martín.

Los derechos humanos –expresa el Dr. Javier Garin- son “la máxima conquista de la conciencia jurídica de la Humanidad”. Pero no son adquisiciones de una conciencia abstracta, sino el fruto de las luchas populares en distintas épocas y países. “Debajo de cada derecho corrieron –y corren- ríos de sangre”. Aunque tan costosos, estos logros son también enormemente frágiles. De allí que sea necesario trabajar constantemente a favor de una verdadera “cultura de los Derechos Humanos” y en contra del autoritarismo y la opresión.
En un lenguaje sencillo y sin eufemismos, Garin expone en su Manual Popular de DD.HH, de manera sintética, los fundamentos teóricos de los derechos humanos, su significado y contenidos, sus orígenes históricos, su evolución en el mundo y en Argentina, su recepción en las constituciones y en los tratados, y los mecanismos de protección jurídica, de manera de hacer que el Derecho –instrumento de dominación de clase- se convierta en una “herramienta de liberación” al servicio de los pueblos.
Abordando problemáticas actuales y controvertidas como la cuestión de la seguridad y la lucha contra el delito, el mundo de las cárceles, el sistema penal en general, la criminalización de la pobreza, la defensa del medio ambiente, el genocidio aborigen, las consecuencias del terrorismo de Estado, Garin pone en evidencia la estrecha vinculación de todas las formas de autoritarismo y los sofismas empleados para atentar contra los derechos humanos o desconocerlos.
Este manual es “popular” en un doble sentido. Lo es porque no está dirigido a juristas o profesores, sino a la gente común: al estudiante, al militante social y político, a la mujer u hombre solidarios. Y lo es también porque no intenta presentarse desde una presunta neutralidad académica sino desde una clara opción militante a favor de los pobres, los desposeídos, los aborígenes, las minorías oprimidas o discriminadas, sin evitar el posicionamiento político, aunque resulte controversial.
Esta obra tiene el interés adicional de que se encuentra respaldada por la experiencia del autor en veintidós años como abogado de derechos humanos, en decenas de conflictos sociales en que intervino, y en centenares de charlas, conferencias y debates que Garin organizó o brindó para difundir socialmente la “cultura de los derechos humanos”.
DEL AUTOR
JAVIER GARIN es abogado de derechos humanos, político y escritor. Tiene una vasta trayectoria de 22 años de ejercicio profesional en defensa de los derechos individuales y sociales, y como promotor de actividades de difusión y concientización. Comenzó a militar en derechos humanos siendo estudiante, a fines de la dictadura. Se recibió en la Universidad de Buenos Aires a los 21 años. Interpuso acciones legales a favor de usuarios y consumidores contra las empresas de servicios públicos, por el derecho a la salud contra las obras sociales, y en defensa de minorías sexuales y otras víctimas de discriminación. Fue abogado de los sin techo y obtuvo el reconocimiento del derecho a una vivienda digna para más de trescientas familias. Representó a inmigrantes de países limítrofes. Patrocinó a familiares de víctimas de “gatillo fácil” y logró indemnizaciones por parte del Estado bonaerense. Integró redes de entidades contra el abuso policial. Asesoró a movimientos sociales y de desocupados. Fue abogado de víctimas de hechos aberrantes y asistió a los familiares de las víctimas en el “caso Marela”, entre otros. Se especializó en derecho ambiental. Fue concejal de Lomas de Zamora y presidente de la Comisión de Ecología.
Garín fue además cofundador del Foro Público contra la Corrupción y del Foro Nacional de Derechos Humanos y Acción Humanitaria, del que es vicepresidente. Desde 1996 preside la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, donde realizó una incansable actividad de difusión, brindando charlas de formación en escuelas, universidades y entidades intermedias, y organizando conferencias con los más destacados panelistas, entre los que cabe citar: el jurista Raúl Zaffaroni, las Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto y Rosa Roisinblit, el profesor Alfredo Bravo, el Defensor del Pueblo de la Nación Eduardo Mondino, las Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas y Laura Bonaparte, el constitucionalista Rafael Bielsa, el periodista e investigador de abusos policiales Ricardo Ragendorfer, el camarista Eduardo Freiler, el presidente del Tribunal de Casación bonaerense Federico Domínguez, los Secretarios de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires Lic. Jorge Taiana y Remo Carlotto, la presidenta de CO:FA:VI. María Teresa Schnack, el abogado León Zimmerman, la viceministra de Seguridad bonaerense Marta Arriola y muchos otros dirigentes, juristas, legisladores, magistrados y funcionarios. Últimamente abordó la problemática carcelaria promoviendo medidas de concientización y reforma penitenciaria.

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7 de diciembre de 2008

60 AÑOS DE LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

San Salvador de Jujuy, 7 de diciembre de 2008 (Agenda Pública). Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Jujuy, Red por el Derecho a la Identidad (Filial Jujuy), H.I.J.O.S. (Regional Jujuy), Asociación Jujeña de Ex Presos Políticos y la Comisión de Derechos Humanos de la UNJu, con motivo de la celebración de los 60 años de aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, organizaron una serie de actividades que contarán con la presencia del jurista Javier Garín, especializado en la temática y autor del libro " Manual Popular de Derechos Humanos".

El cronograma de disertaciones es el siguiente: Martes 9 de diciembre, a las 19:30 hs. en la Casa de la Cultura de la ciudad de San Pedro; Miércoles 10, a las 19hs, el Aula Magna de la Facultad de Humanidades, Otero 262 de esta Capital y, finalmente, el Jueves 11, en Libertador General San Martín, a las 19:30 hs. en el Museo Municipal.
Las entidades convocantes han destacado que "los Derechos Humanos se nos presentan como un conjunto de valores e ideales éticos que, desde los inicios de la Humanidad han significado iniciativas morales de vida. En la Declaración Universal, se establecen los valores fundamentales que son la libertad y el respeto a la dignidad de la persona humana, sin distinción alguna de sexo, raza, religión o ideología, con el fin de conseguir, mediante el compromiso de las naciones con su complimiento, un orden mundial de paz".

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4 de diciembre de 2008

ADC PRESENTA INFORME SOBRE PUBLICIDAD OFICIAL Y CENSURA INDIRECTA EN JUJUY

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) presentará el 11 de diciembre, a las 18:30, en el Colegio de Farmacéuticos de Jujuy –Güemes 1160- el informe
"Publicidad oficial y censura indirecta en Jujuy (2005 – 2008)". La actividad es organizada por el Grupo de Periodistas Otra Tinta y la entrada será libre y gratuita.
Se trata del primer estudio realizado en la provincia de Jujuy acerca de cómo el Poder Ejecutivo local invierte en pauta estatal y cómo inciden sus prácticas en la libertad de expresión. El informe brinda detalles de cómo aumentó el gasto en pauta estatal en la última década, así como cuáles son los criterios de distribución más frecuentes y los desafíos pendientes. Para realizar esta investigación, la ADC presentó numerosos pedidos de acceso a la información pública y analizó documentación oficial; también realizó entrevistas con editores, periodistas y docentes de San Salvador de Jujuy que dieron su opinión respecto de cómo la pauta estatal incide en la labor periodística. El trabajo presenta, además, una explicación del marco legal vigente en materia de contratación de publicidad oficial realizado por Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), filial Jujuy.

Durante el encuentro, la ADC también presentará los trabajos que viene realizando en la Argentina y en la región sobre censura indirecta y libertad de expresión
La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) es una organización no gubernamental, apartidaria y sin fines de lucro, creada en 1995 con el objetivo de promover y defender los derechos constitucionales de las personas y contribuir a afianzar las instituciones democráticas. La Asociación es ampliamente reconocida por su dilatado trabajo en la promoción de normas de interés público, y también por haber sentado precedentes judiciales a través de litigios estratégicos; desde hace más de seis años tiene un programa dedicado exclusivamente al Derecho de Acceso a la Información Pública. (www.adc.org.ar)
En 2005, la ADC publicó Una censura sutil. Abuso de publicidad oficial y otras restricciones a la libertad de expresión en la Argentina. Desde entonces, efectúa un monitoreo permanente sobre la utilización de la publicidad oficial y su impacto en la libertad de expresión y la independencia editorial, a nivel nacional y provincial.
Como parte de este trabajo, que enfatiza la necesidad de avanzar hacia la regulación del manejo de la pauta estatal, la ADC considera que es esencial conocer cuánto se gasta y cómo se contrata la publicidad oficial.
En 2008 la institución publicó, junto a la Iniciativa Pro-Justicia de la Sociedad Abierta, de Nueva York, El precio del silencio. Abuso de publicidad oficial y otras formas de censura indirecta en América Latina. El informe, que fue realizado junto a otras organizaciones de la región, documenta prácticas de censura indirecta en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, Perú y Uruguay.
El informe "Publicidad oficial y censura indirecta en Jujuy" conforma una primera aproximación al tema en la provincia de Jujuy. A través de este trabajo, la ADC se propone colaborar con el debate local; también, favorecer el desarrollo de una normativa más transparente en materia de inversión publicitaria estatal y de prácticas que fomenten la libertad de expresión, un derecho clave para la vida en democracia.

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22 de agosto de 2008

POR UN AMPARO DE LA ADC: LA JUSTICIA ORDENO AL MINISTRO DE ECONOMIA QUE INFORME COMO CALCULA EL IPC

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al Ministro Carlos Fernández que informe dentro del plazo de 10 días hábiles, todas y cada una de las modificaciones introducidas al cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), principal indicador para medir la inflación. La medida se toma en el marco de un amparo presentado por la ADC.

(Buenos Aires, 20 de agosto de 2008, ADC) – En el marco de la causa judicial iniciada por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) por falta de acceso a la información pública contra el INDEC, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, solicitó al Ministro de Economía y Producción de la Nación, Carlos Fernández, que brinde información relacionada con el cálculo del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La medida es tomada en forma previa a dictar sentencia de segunda instancia y con el objeto de contar con más elementos a la hora de resolver.
A través de un pedido de acceso a la información pública presentado el 18 de julio de 2007, la ADC había solicitado al INDEC conocer cuál era la modalidad que el organismo utilizaba para el cálculo del IPC. Dicho pedido de información se había realizado en el contexto del Programa de Derecho a la Educación de la ADC, con el objeto de conocer el real índice de pobreza.
Ante el silencio oficial, la ADC interpuso una acción de amparo el 17 de agosto de 2007, que fue resulta a favor de garantizar el acceso a la información pública en abril pasado. Si bien, luego de interpuesta la demanda, el INDEC respondió, limitó su contestación a mencionar cuál era la metodología utilizada para calcular el IPC, sin especificar las modificaciones efectuadas y las razones para haberlas introducido. Por tal motivo, la jueza Claudia Rodríguez Vidal, a cargo del juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 3, hizo lugar al reclamo de la ADC, considerando que “dicha información era insuficiente e inadecuada para satisfacer el derecho al acceso a la información y así permitir una efectiva participación ciudadana”.
Sin embargo, la sentencia fue apelada por el Gobierno Nacional y se encuentra actualmente en la Cámara de Apelaciones en lo Contenciosos Administrativo Federal, cuya Sala V acaba de dictar una resolución donde ordena brindar, dentro del plazo de diez días hábiles, la siguiente información:
a) Todas y cada una de las modificaciones introducidas al método de cálculo de precios al consumidor (IPCGA), “Metodología N° 13", publicado por el Ministerio de Economía, Secretaría de Política Económica, Instituto Nacional de Estadística y Censo en agosto de 2001;
b) En particular las vinculadas con los capítulos, divisiones, grupos, subgrupos y productos y sus respectivas ponderaciones contenidas en el Anexo I de la mencionada Metodología N° 13, asimismo deberán consignarse las variedades consideradas con relación a cada producto y sus respectivas ponderaciones.
Ahora, el Ministerio de Economía deberá brindar la información solicitada por la Cámara, lo que de por sí constituirá un importante avance respecto del derecho de acceso a la información pública en cuanto a la modalidad de cálculo del IPC.


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Contacto para la prensa:
Mónica Baumgratz
[ Prensa y Comunicación ]
Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
mbaumgratz@adc.org.ar - Cel. 15 5728 3191
Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
Av. Córdoba 795, P. 8 - Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax 054-11-5236-0555/6/7, 5238 1805
http://www.adc.org.ar/

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ANDHES SOLICITO QUE SE GARANTICE PARTICIPACION Y TRANSPARENCIA EN LA DESIGNACION DE JUECES


San Salvador de Jujuy, 22 de agosto de 2008 (Agenda Pública). La Organización ANDHES (Abogados/as del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales) solicitó –mediante nota- a la Presidencia de la Comisión de Asuntos Institucionales de la Legislatura de la Provincia de Jujuy participar en la reunión donde se analizarán los pliegos de los postulantes a ocupar cargos en el Poder Judicial, que tomaron estado parlamentario en la sesión del 14 de agosto último y remitió a dicha Comisión la publicación de ANDHES titulada “Transparencia y democracia de la Justicia en las Provincias Argentinas”.

Cabe señalar que ANDHES es organización no gubernamental sin fines de lucro, que trabaja con total independencia de partidos políticos e instituciones religiosas y tiene como misión contribuir a un cambio social basado en la vigencia de los derechos humanos, la democratización de las relaciones sociales a través de la promoción y defensa de estos derechos y la incidencia en las políticas públicas. Actualmente ANDHES trabaja en San Miguel de Tucumán y en San Salvador de Jujuy.
En la nota remitida a la Comisión de Asuntos Institucionales ANDHES solicitó que se les informe “fecha, horarios y lugar en los que se realizarán las reuniones con los/as postulantes a cubrir cargos en el Poder Judicial” y efectuaron una profunda fundamentación del derecho a participar de dicha reunión.
En primer lugar, los/as abogados de ANDHES precisaron que “el Artículo 111 inc. 3º de la Constitución Provincial, establece “la publicidad de las sesiones de la Legislatura”; el que debe interpretarse conjuntamente con lo normado por el artículo 84 del Reglamento de la Legislatura, que establece: “Las Reuniones de las Comisiones serán Públicas, salvo que se dispusiere su realización con carácter reservado secreto por razones especiales o motivos fundados. Asimismo, podrá invitarse a las reuniones al autor autores del proyecto y a cualquier persona o institución cuya opinión se considere de interés para el tratamiento de los asuntos sometidos a un dictamen”.
En este sentido –resaltaron los integrantes de ANDHES- “el pedido de participar en las reuniones de la Comisión de Asuntos Institucionales cuando realice los estudios y entrevistas con los candidatos a cubrir cargos en la magistratura, constituye para la Legislatura una obligación en tanto importa garantizar el ejercicio actual de un derecho constitucional” y –subrayaron- por ello no constituye de ninguna manera “el otorgamiento de un beneficio sujeto a la voluntad de los legisladores”.

“DEBE GARANTIZARSE UN PROCEDIMIENTO TRANSPARENTE”

En la misiva que remitieron a la Comisión que preside el diputado Hugo Eleit, ANDHES además expresó que “considerando el contenido público que reviste la selección de los futuros integrantes del Poder Judicial, sumado a la trascendencia que esta decisión de gobierno tendrá en los intereses de todos los habitantes de la Provincia, debe garantizarse un procedimiento transparente de selección, no viciado por procesos secretos apartados de la participación de la sociedad civil, debido a la aplicación operativa de los derechos humanos contemplados en la Constitución Nacional, y Tratados Internacionales con igual jerarquía, que dan forma a un Estado democrático como el nuestro”. Puso de relieve la organización que “garantizar el goce y efectividad de los derechos fundamentales es tarea en principio reservada al Estado para posibilitar el fortalecimiento de las instituciones democráticas, legitimando la decisión de sus representantes con la participación y transparencia que otorga cuando se involucra activamente a la sociedad civil. Por lo tanto, las decisiones públicas de trascendencia directa en la población, no pueden adoptarse en secreto, ni prescindirse de la opinión de la ciudadanía, sin tener como consecuencia directa teñir de arbitrariedad las decisiones gubernamentales dañando las instituciones democráticas”.
ANDHES consideró que “tampoco puede perderse de vista que nuestro orden jurídico, tanto nacional como provincial y tratados internacionales con jerarquía constitucional, se prevé la participación de la sociedad civil en los procesos judiciales y no judiciales en los que puedan ver afectados derechos de incidencia colectiva. Por lo tanto, si se permite la participación dentro de la órbita del Poder Judicial, con mayor alcance y garantía democrática debe permitirse la participación en el parlamento, sede por excelencia de la opinión pública”.
Los abogados/as que integran ANDHES observaron que “la negativa a la participación podría hacernos concluir que la Legislatura Jujeña tiende ha convertir algunas excepciones normativas en reglas” Y ejemplificaron señalando que “la nominalidad de todas las votaciones dispuesta por ley, que contempla la excepción de prescindir de esta modalidad nominal de emitir el voto por razones fundadas, se convirtió en los últimos años, en la regla de la no nominalidad y excepcionalmente con fundamento atendible la nominalidad de la votación”.

“LA REGLA ES LA PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO”

Resaltaron que “tanto del espíritu de la Constitución Nacional y Provincial, como de la forma Republicana de Gobierno surge con meridiana claridad, que la regla es “la publicidad de los actos de gobierno” lo que implica también el proceso de formación de los mismos, y el rigorismo en la fundamentación, salvo excepción debidamente fundada”.
Finalmente afirmaron que “la legislatura Jujeña de persistir con la negativa de participación ciudadana, convertiría la regla nuevamente en la excepción si sostiene en sus prácticas la no publicidad, la no fundamentación y el secreto en el proceso de formación de los actos de gobierno es la regla, salvo fundamentación en contrario que vuelva al proceso público”.
ANDHES acompañó la nota menciona con una publicación editada en el mes de junio por la organización titulada “Transparencia y democracia de la justicia en las provincias argentinas”, donde se desarrollan las argumentaciones jurídicas que se han construido a partir del desarrollo de los derechos humanos y que señalan la necesidad de democratizar la justicia, a través de procedimientos claros, transparentes y con participación de la sociedad civil.

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19 de agosto de 2008

LA IMPORTANCIA DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA DESIGNACION DE LOS JUECES

San Salvador de Jujuy, 19 de agosto de 2008 (Agenda Pública). La organización ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales) emitió un documento titulado “Respeto a la democracia participativa”, a propósito del proceso de designación de cargos vacantes en la justicia, que se está dirimiendo en la Legislatura Provincial. ANDHES resaltó la importancia de la participación de la sociedad civil en este proceso y la necesidad de generar mecanismos que introduzcan transparencia en la selección de funcionarios judiciales, en consonancia con los mecanismos que se han introducido a nivel nacional.

Cabe recordar que en la sesión del jueves pasado ingresaron los pliegos de postulantes a ocupar los cargos vacantes en el Poder Judicial de la Provincia. Dichos pliegos fueron girados a la Comisión de Asuntos Institucionales que este martes inició la deliberación.
“Cuando la Provincia de Jujuy actúa a contramano de los supuestos lineamientos nacionales en perjuicio grave a la democracia participativa, la gestión de estado federal que comparte un objetivo común como política nacional parece desvanecerse” comenzaron señalando los integrantes de ANDHES.
Esta apreciación fue realizada por la institución al conocer las declaraciones públicas efectuadas por el Diputado Hugo Eleit, Presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales, quien al manifestarse respecto de las notas presentadas por organizaciones sociales efectuando objeciones hacia algunas postulaciones señaló: “mi obligación es analizar los antecedentes profesionales de los nominados, en consecuencia, no leo ni escucho absolutamente nada en cuanto a la calidad que de ellos se refiere”.
ANDHES consideró que “tal postura, no sólo empaña la participación de la sociedad civil en asuntos que le son de absoluta injerencia, sino que también, van en contra de los últimos acontecimientos y del trabajo legislativo nacional, como fue la participación activa y trascendente de todos los sectores sociales a la hora de juzgar la oportunidad o validez de la Resolución 125”.
En otro sentido, también lo decidido por el diputado Eleit, “demuestra estar en contra de lo normado por el decreto nacional 222/03; Decreto 588/03; “Convenio Interamericano en contra de la Corrupción” al que nuestro país suscribió y adhirió; lo que apareja clara responsabilidad internacional por incumplimiento de pactos suscriptos voluntariamente por el estado Nacional”.
Resaltó la organización que “los mecanismos de selección deben guardar estrecha relación con la democracia y transparencia de los poderes judiciales. Para ello, es necesaria la amplia publicidad del proceso en todas sus etapas y la fundamentación de las decisiones que toman los órganos seleccionadores, que siguiendo los principios democráticos, deben estar debidamente fundadas y ser una resultante razonada de todos los antecedentes obrantes”.
“Si tenemos en cuenta que la Provincia de Jujuy, no tiene Consejo de la Magistratura, sumado a que los acuerdos no son nominales, por decisión del propio cuerpo legislativo, este sería el momento de escuchar a la sociedad y otorgar la posibilidad de impugnar o adherir a las designaciones de magistrados, para de este modo limitar la discrecionalidad y arbitrariedad en la toma de decisiones, permitiendo a la comunidad toda acceder a la información sobre el modo de formación de la voluntad de los órganos encargados de la designación, además de fortalecer el ejercicio de la democracia” resaltó ANDHES.
La organización observó que “puede deducirse de esta infundada postura del legislativo respecto de las notas presentadas, que el modo de participar para lograr la lectura y escucha de opiniones de la sociedad civil en los procesos de toma de decisión, no es la presentación escrita. Los últimos episodios ocurridos en el Poder Legislativo Provincial, que culminaron con la materialización en ley de opiniones vertidas por la sociedad civil organizada, no se hicieron por notas”.
“En conclusión, surge de los hechos ocurridos que el Poder Legislativo si escucha a la sociedad civil, pero dependiendo del método que ésta utilice para hacerse escuchar. Esta política generadora de violencia institucional por parte del Estado, resulta entonces ser consecuencia directa de las posturas anacrónicas e infundadas que los representantes del poder implementan y fortalecen con su actuar, resistiendo a la creación de instancias de participación de la ciudadanía, generando responsabilidad internacional del Estado por apartarse de tratados y pactos internacionales incluso con raigambre constitucional” concluyó expresando ANDHES en su documento.

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