Este domingo, 8 de junio, en la ciudad de Abra Pampa, se celebró una asamblea de comunidades indígenas de la puna jujeña y valles salteños nucleadas en el MODEPA (Movimiento de Pueblos Aborígenes). En ese marco, analizaron los sucesos ocurridos el viernes último en La Quiaca y emitieron un documento en el que repudiaron “el accionar discriminatorio de los funcionarios que ordenaron los hechos de violencia en contra de mujeres y hombres, niños, jóvenes y ancianos de la ciudad fronteriza, ejecutados por efectivos de la Policía de la Provincia de Jujuy”.
Observaron que esas autoridades son paradójicamente “las que tienen la responsabilidad de "mantener la paz social" y "no alimentar la violencia", sin embargo “hemos observado como desde e Estado se promovió una violencia física y psicológica contra la gente de la Puna, que no sólo fue sometida reprimida con balas, gases y palos, sino también discriminada por su pertenencia étnica y cultural“.
Los representantes indígenas del MODEPA denostaron “la respuesta represiva discriminatoria” que el Estado implementa “particularmente cuando se trata de una protesta de sectores populares, por reclamos de derechos fundamentales”, como la ocurrida en La Quiaca.
Observaron que con todo este accionar “los funcionarios han violado el derecho a peticionar y a manifestar en reclamo por situaciones que afectan sus derechos básicos, como alimentación, salud, educación, seguridad social, etc, todos ellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los pactos y convenciones internacionales de derechos humanos”.
Pusieron de relieve que “los pueblos tienen el derecho a protestar cuando se han afectado las posibilidades de gozar de una vida digna y cuando el Estado se ha desentendido de su obligación de garantizar stándares mínimos de bienestar. El reclamo es el vehículo a través del cual se intenta revertir situaciones lesivas de los derechos fundamentales, de manera que no puede ser desalentado y tampoco anulado por el accionar represivo”, argumentaron.
El MODEPA, en el documento convocó “a los pueblos Indígenas del País y organizaciones de la sociedad civil, para que entre todos trabajemos en pos de vivir en paz, sin discriminación y en un Estado donde se respeten las leyes”.
Después de expresar su solidaridad con la gente de La Quiaca, los líderes indígenas del MODEPA solicitaron “a las autoridades judiciales y políticas, así como a la Secretaría de Derechos Humanos, a la Defensoría del Pueblo de la Nación y a la Defensoría del Pueblo de la Provincia, que intervenga y adopte las medidas necesarias para que se investigue y se adopten los correctivos judiciales y administrativos pertinentes”.
También exigieron que “se ponga fin a la persecución judicial y policial que se ha desatado contra los sectores que legítimamente ejercen su derecho a protestar” y por último anunciaron que se mantendrán estado de “asamblea permanente”, en todas las comunidades “para ir analizando los resultados a nuestros planteos y evaluar las acciones venideras”.
Por contactos o entrevistas:
• Santos Eugenio Trejo, Presidente del MODEPA: Tel. 0388 – 154344495
• Ema Garzón: Tel. 0388 -154344481
Observaron que esas autoridades son paradójicamente “las que tienen la responsabilidad de "mantener la paz social" y "no alimentar la violencia", sin embargo “hemos observado como desde e Estado se promovió una violencia física y psicológica contra la gente de la Puna, que no sólo fue sometida reprimida con balas, gases y palos, sino también discriminada por su pertenencia étnica y cultural“.
Los representantes indígenas del MODEPA denostaron “la respuesta represiva discriminatoria” que el Estado implementa “particularmente cuando se trata de una protesta de sectores populares, por reclamos de derechos fundamentales”, como la ocurrida en La Quiaca.
Observaron que con todo este accionar “los funcionarios han violado el derecho a peticionar y a manifestar en reclamo por situaciones que afectan sus derechos básicos, como alimentación, salud, educación, seguridad social, etc, todos ellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los pactos y convenciones internacionales de derechos humanos”.
Pusieron de relieve que “los pueblos tienen el derecho a protestar cuando se han afectado las posibilidades de gozar de una vida digna y cuando el Estado se ha desentendido de su obligación de garantizar stándares mínimos de bienestar. El reclamo es el vehículo a través del cual se intenta revertir situaciones lesivas de los derechos fundamentales, de manera que no puede ser desalentado y tampoco anulado por el accionar represivo”, argumentaron.
El MODEPA, en el documento convocó “a los pueblos Indígenas del País y organizaciones de la sociedad civil, para que entre todos trabajemos en pos de vivir en paz, sin discriminación y en un Estado donde se respeten las leyes”.
Después de expresar su solidaridad con la gente de La Quiaca, los líderes indígenas del MODEPA solicitaron “a las autoridades judiciales y políticas, así como a la Secretaría de Derechos Humanos, a la Defensoría del Pueblo de la Nación y a la Defensoría del Pueblo de la Provincia, que intervenga y adopte las medidas necesarias para que se investigue y se adopten los correctivos judiciales y administrativos pertinentes”.
También exigieron que “se ponga fin a la persecución judicial y policial que se ha desatado contra los sectores que legítimamente ejercen su derecho a protestar” y por último anunciaron que se mantendrán estado de “asamblea permanente”, en todas las comunidades “para ir analizando los resultados a nuestros planteos y evaluar las acciones venideras”.
Por contactos o entrevistas:
• Santos Eugenio Trejo, Presidente del MODEPA: Tel. 0388 – 154344495
• Ema Garzón: Tel. 0388 -154344481
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