San Salvador de Jujuy, 5 de agosto de 2008 (Agenda Pública) El 2 de agosto último, en la ciudad de Tilcara –Quebrada de Humahuaca- comuneros, delegados comunitarios, representantes de organizaciones indígenas y sectores autoconvocados expresaron su “oposición rotunda a la mega minería contaminante en toda la provincia”.
En el acta elaborada, al término del encuentro, expresaron su adhesión a la Marcha provincial que se realizará este jueves a la Legislatura de Jujuy para “exigir una ley que prohíba la minería a cielo abierto y denunciar a las autoridades por su complicidad con las empresas mineras y por la omisión de sus deberes de funcionarios públicos”.
“Defendemos la protección de nuestro medio ambiente, el respeto a los pueblos originarios y sus formas de desarrollo sustentable”, agregaron y finalmente exigieron “la aplicación del Convenio 169 de la OIT, la Ley 25675, la Declaración Universal sobre Pueblos Indígenas de la ONU, la Ley 22.351 y los demás derechos humanos, y el cumplimiento de la sentencia del tribunal contencioso administrativo a favor de las comunidades indígenas”.
Cabe recordar que dicha sentencia obligó al Gobierno de la Provincia de Jujuy “a garantizar la participación en todas las actuaciones administrativas a las comunidades aborígenes referidas a trámites sobre territorios que de alguna manera pudieran afectar sus derechos, en particular las que se tramiten por ante el Juzgado Administrativo de Minas”.
En el acta elaborada, al término del encuentro, expresaron su adhesión a la Marcha provincial que se realizará este jueves a la Legislatura de Jujuy para “exigir una ley que prohíba la minería a cielo abierto y denunciar a las autoridades por su complicidad con las empresas mineras y por la omisión de sus deberes de funcionarios públicos”.
“Defendemos la protección de nuestro medio ambiente, el respeto a los pueblos originarios y sus formas de desarrollo sustentable”, agregaron y finalmente exigieron “la aplicación del Convenio 169 de la OIT, la Ley 25675, la Declaración Universal sobre Pueblos Indígenas de la ONU, la Ley 22.351 y los demás derechos humanos, y el cumplimiento de la sentencia del tribunal contencioso administrativo a favor de las comunidades indígenas”.
Cabe recordar que dicha sentencia obligó al Gobierno de la Provincia de Jujuy “a garantizar la participación en todas las actuaciones administrativas a las comunidades aborígenes referidas a trámites sobre territorios que de alguna manera pudieran afectar sus derechos, en particular las que se tramiten por ante el Juzgado Administrativo de Minas”.
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